WASHINGTON.- Este año está cerca de convertirse en uno de los años más sangrientos de la historia reciente de Estados Unidos, pero el Congreso sigue renuente a adoptar restricciones en la venta de armas.
Según el grupo Gun Violence Archive, ya van 255 tiroteos en lo que va de año -más de los 216 días marcados en el calendario- y, de mantenerse la racha de violencia, este sería el primer año desde 2016 en que se registre un promedio de más de un tiroteo por día.
Sólo entre el sábado y la madrugada del domingo, en cuestión de 13 horas y separadas por miles de millas de distancia, las ciudades de El Paso (Texas) y Dayton (Ohio) registraron sendas masacres que se cobraron la vida de 31 personas y decenas de heridos.
Inacción del Senado
Hasta ahora, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, no ha respondido a las presiones del liderazgo demócrata y grupos cívicos afines para que convoque una sesión de emergencia durante el receso de agosto, y someta a voto una legislación para el control de armas.
En febrero, la Cámara de Representantes, bajo control demócrata, aprobó sendas medidas bipartidistas para restringir aún más la compraventa de armas, que en su momento fueron consideradas las más estrictas en más de dos décadas.
Una de las medidas impone la revisión universal de antecedentes criminales para todas las ventas de armas -no solo las disponibles en negocios con licencia federal- y para la mayoría de transferencia de armas, mientras que la segunda amplía el tiempo de esa revisión por parte del Gobierno federal.
Ninguna de las medidas ha tenido siquiera debate en el pleno del Senado -donde necesitarán el apoyo de al menos 60 senadores-, y McConnell no ha dado indicios de que vaya a programarlo tras el receso de agosto.
En ese sentido, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuch Schumer, instó este lunes a McConnell a que permita el voto de la medida, al tiempo que acusó al presidente Donald Trump de ser "prisionero" de la NRA.
En declaraciones a Noticias Telemundo, la senadora demócrata por Nevada, Catherine Cortez Masto, dijo hoy que el pueblo estadonidense está harto de la inacción del Congreso para atajar la violencia de la armas.
"Si el líder republicano (McConnell) sigue reteniendo medidas que salvarían miles de vidas cada año, incluyendo la medida para la revisión de antecedentes que aprobó la Cámara Baja, entonces él y su partido tendrán que responder a los votantes en noviembre" de 2020, durante los comicios generales, aseguró Cortez Masto.
El Senado aprobó una descafeinada ley bipartidista en 2018 que, para efectos prácticos, sólo alienta a las autoridades estatales y federales a someter más información sobre la venta de armas a una base de datos nacional, pero no fortalece la revisión de antecedentes penales.
La racha de violencia ha aumentado las presiones para prohibir la venta de rifles de asalto y otras armas de calibre militar, pero grupos como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés) -cuya donaciones van principalmente a candidatos republicanos- se oponen a cualquier medida que pueda restringir el acceso a las armas.
En todo caso, la Casa Blanca ha dicho que Trump vetaría las medidas aprobadas en la Cámara Baja porque, a su juicio, no contienen suficientes protecciones para la Segunda Enmienda de la Constitución, que consagra el derecho a la tenencia de armas.
Tras la masacre de 17 estudiantes en una secundaria en Parkland (Florida) en febrero de 2018, Trump firmó en diciembre pasado una orden ejecutiva que prohíbe la venta de dispositivos, conocidos en inglés como bump stocks, que dan mayor potencia y velocidad a los rifles semiautomáticos, tanto que les permite disparar como metrallas.
El autor de la masacre de 58 personas en un concierto de música al aire libre en Las Vegas (Nevada), en octubre de 2017, había utilizado esos dispositivos, según las autoridades policiales.
En la actualidad, la ley federal prohíbe la tenencia de armas automáticas fabricadas después de mayo de 1986, y quienes tengan modelos anteriores a esa fecha requieren una licencia del gobierno federal.
También prohíbe la compra y tenencia de armas a criminales convictos, personas con problemas de abuso doméstico e individuos que hayan sido hospitalizados con ciertos trastornos de salud mental.
El problema es que es que el gobierno federal no incluye en su “veda” a personas condenadas por delitos menores relacionados con armas, a personas que abusan del alcohol y las drogas, a delincuentes juveniles, a sospechosos de terrorismo, y a individuos con ciertos trastornos mentales , según el "Centro Legal Giffords para Prevenir la Violencia de las Armas".
Fallidas reformas
El mosaico de leyes estatales para el control de las armas -69 fueron aprobadas por las legislaturas en 2018- , que varían de un estado, crea un vacío que personas peligrosas o con planes homicidas aprovechan para acceder a las armas, según expertos.
En el pasado, Trump apoyó fortalecer la revisión universal de antecedentes criminales y también la idea de armar a los maestros en los colegios.
La última vez que el Congreso aprobó una extensa reforma integral para el control de las armas fue en 1994, durante la presidencia de Bill Clinton, con una ley que prohibió la fabricación, venta y posesión de armas de calibre militar, pero ésta caducó en 2004.
En 2013, el entonces presidente Barack Obama intentó renovar la prohibición tras la masacre de 26 niños y maestros en la primaria de Sandy Hook, en Newtown (Connecticut), pero el Senado bloqueó la medida.
En 2005, el presidente George W. Bush firmó el Acta para la Protección del Comercio Legal de Armas, que protege a los manufactureros de armas de demandas federales o estatales interpuestas por víctimas de actos de violencia con armas hechas por esas compañías.
Las propuestas de Trump
Trump volvió a causar controversia al proponer hoy en Twitter el fortalecer la revisión de antecedentes de compradores de armas pero combinándola con una reforma migratoria, pese a que la mayoría de los tiroteos ha venido de manos de hombres blancos que que simpatizan con ideologías extremistas o grupos nacionalistas anti-inmigrantes.
De hecho, el sospechoso en el tiroteo de El Paso, Patrick Crusius presuntamente escribió un manifiesto lleno de odio en el que condenó la “invasión” de hispanos en EEUU. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) está tratando la masacre como un caso de terrorismo doméstico.
Sin ofrecer detalles, Trump instó a los demócratas y republicanos a que trabajen de forma conjunta para fortalecer el control de la compraventa de armas y simultáneamente una “reforma migratoria desesperadamente necesitada”.
Más adelante, durante breves declaraciones en la Casa Blanca, Trump no volvió a mencionar su controvertida propuesta ni la revisión de antecedentes criminales, pero sí pidió que “en una sola voz”, la nación condene “el racismo, la intolerancia y la supremacía blanca”.
“Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas. El odio no tiene cabida en EEUU”, afirmó Trump, pese a que en algunos de sus mítines ha guardado silencio cuando sus partidarios piden matar a inmigrantes.
Trump pidió reformar las leyes para que personas con enfermedades mentales no tengan acceso a las armas y puedan recibir el debido tratamiento médico. También dijo apoyar medidas que permitan confiscar armas de personas que supongan un riesgo para la seguridad pública.
Además, dijo que ha pedido que el Departamento de Justicia proponga una ley para imponer con celeridad la pena de muerte contra quienes cometan masacres y crímenes motivados por el odio. La agencia también deberá sumar esfuerzos con autoridades locales y estatales y las redes sociales para mejorar la identificación de homicidas antes de que cometan masacres.
Verónica Escobar, una legisladora demócrata de Texas, cuyo distrito incluye a El Paso y el Walmart donde ocurrió la masacre del sábado, dijo hoy a la cadena MSNBC que las retórica de Trump ha causado dolor en las comunidades fronterizas.
“Las palabras tienen consecuencias y el presidente ha hecho de mi comunidad, mi gente, el enemigo. El le ha dicho al país que somos gente a la que hay que temer, a la que hay que odiar, lo ha hecho en mítines políticos y en Twitter”, dijo Escobar.
En su cuenta en Twitter, Escobar pidió que la Administración elabore un plan nacional para responder a la amenaza del "terrorismo doméstico" y los grupos supremacistas blancos como una "crisis nacional".
Legisladores y grupos cívicos en todo el país han responsabilizado en parte a Trump por la racha de violencia contra minorías e inmigrantes, particularmente por su retórica incendiaria que ha encontrado eco entre grupos extremistas.
“Se está matando a la gente con armas de guerra por su raza, religión, o por estar en el lugar equivocado. El presidente Trump debe poner freno a su retórica que incita a la violencia, y debe dar prioridad a las investigaciones del terrorismo de grupos supremacistas blancos”, dijo la reverenda Jennifer Butler, principal ejecutiva del grupo Faith in Public Life.