Mariano Abarca, un activista mexicano que durante años encabezó la resistencia contra las actividades de la empresa minera canadiense Blackfire en el estado mexicano de Chiapas, fue asesinado a tiros en noviembre de 2009. Tras el crimen, varias personas fueron detenidas, todas con algún vínculo laboral con la empresa, pero fueron liberadas más adelante.
Según informa el diario EL PAÍS, la empresa Blackfire Exploration, disuelta en 2017, siempre negó cualquier implicación en el asesinato, que sigue impune. Abarca protestaba por los problemas sociales, medioambientales y de corrupción que había suscitado este proyecto.
Familiares del asesinado y varias organizaciones de defensa de los derechos humanos criticaron la forma de proceder de la embajada de Canadá en el caso. Llevan años luchando para hacer justicia. Ahora, un tribunal canadiense ha rechazado su petición para investigar la forma en que actuó la sede diplomática.
Según los demandantes, varios actos y omisiones de la embajada pudieron haber contribuido a poner en riesgo la vida del activista. Apuntan que la sede diplomática tomó partido por la empresa minera en lugar de favorecer la mediación. También aseguran que la embajada conocía los ataques que había sufrido Abarca antes de ser asesinado.
Además apuntan que el líder comunitario protestó frente a la embajada en julio de 2009 (fue asesinado en noviembre) para denunciar las amenazan de muerte que habían recibido él y otros de sus compañeros. Diversos documentos respaldan sus argumento, según informa este diario.
La familia del asesinado solicitó en febrero de 2018 a Joe Friday, comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, que investigara al personal diplomático. Este funcionario decidió no proceder. Entonces, la familia y organizaciones en mayo de ese año se plantaron ante un tribunal federal para presentar un recurso. Pero este 18 de julio, el juez Keith Boswell respalsó a Friday. “Fue razonable que el comisionado encontrara que la embajada no había violado código de conducta alguno”, dictaminó.
La decisión de Friday, que fue respaldada por el juez, se basa en el argumento de que las políticas de responsabilidad social, empresarial y de derechos humanos no tenían un carácter vinculante entre los diplomáticos canadienses. "Dicen que no son políticas oficiales, a pesar de que figuraban en la página web del Gobierno de Canadá. Esto pone a la ciudadanía en una pésima posición y también al Gobierno", apunta Shin Imai, uno de los abogados de la familia.
No osbtante, el juez reconoció en el fallo: "Sin lugar a dudas, los solicitantes hubieran querido que la embajada actuara de cierta manera, y tal vez el señor Abarca no habría sido asesinado".
A lo que otro de los abogados que ha presentado el caso ante el tribunal de Canadá, Yavar Hameed, responde: “El juez reconoce la existencia de una omisión de la embajada que potencialmente condujo al asesinato del señor Abarca. Sin embargo, la gravedad de las amenazas y la evidencia tras la detención y las agresiones físicas, asuntos conocidos por la Embajada, hacen que la decisión del tribunal de desestimar la solicitud sea extremadamente preocupante”.
Los Abarca, así como grupos de defensa de los derechos humanos como MiningWatch, consideran que la embajada canadiense en México prestó un apoyo "prácticamente incondicional" a Blackfire; un respaldo que, según los demandantes, "aumentó el riesgo al que se enfrentaba Mariano Abarca".
En 2013, MinigWatch, una organización creada para escrutar las actividades de las empresas mineras canadienses en el extranjero, publicó un informe titulado "Minería canadiense en México, Blackfire Exploration y la Embajada de Canadá. Un caso de corrupción y homicidio". El informe señala que "el apoyo activo e incuestionable brindado por la embajada canadiense a la empresa Blackfire pudo haber desincentivado el interés de la empresa para acatar las leyes locales e internacionales".
Los demandantes aseguraron que se están preparando para presentar una apelación. “No vamos a tener a nuestro padre de vuelta, pero queremos sentar un precedente. Hay conflictos mineros en muchas zonas de México; también en otros países de América Latina. Es importante mostrar el apoyo que reciben frecuentemente las compañías de las embajadas”, ha dicho al diario EL PAÍS José Luis Abarca, hijo del asesinado.
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