Yazmín Suárez, la madre guatemalteca de la menor de un año que murió semanas después de abandonar un centro de detención para migrantes, entabló una demanda en contra de la compañía privada que administra el lugar.
En una instancia presentada este miércoles en una corte federal de San Antonio, en Texas, los abogados de Suárez exigieron que CoreCivic pague 40 millones de dólares por la muerte de la pequeña Mariee en el mes de mayo.
"No creemos que sea apropiado encarcelar a niños pequeños. Como mínimo, si CoreCivic está haciendo grandes cantidades de dinero por dirigir una cárcel para niños, hay obligaciones legales que conllevan", señaló el abogado Stanton Jones, quien lleva el caso.
La empresa privada, encargada del centro familiar de detención en Dilley, Texas, el más largo de su tipo, permitió que el lugar tuviera condiciones inhumanas a pesar de haber ganado 171 millones de dólares el año pasado tan solo con esa instalación.
De acuerdo con los abogados, unos días después de que Mariee ingresó en Dilley comenzó a presentar problemas respiratorios y su condición fue empeorando hasta alcanzar fiebre de 104.2 grados Fahrenheit. Después experimentó vómitos y tos, pero el personal médico no la trató adecuadamente y la autorizó a viajar.
Amanda Gilchrist, portavoz de CoreCivic, dijo en un comunicado que la compañía "tenía una profunda simpatía por la familia y la trágica pérdida de su hija", pero que ICE era el responsable de contratar y supervisar al personal médico.
“Nos importa cada una de las personas que nos confían, sobre todo las poblaciones vulnerables para las que nuestros socios mantienen, con derecho, estándares muy altos que trabajamos duro cada día para conservar”, dijo Gilchrist.
Seis semanas después de ser liberadas del centro, Mariee sufrió una hemorragia que le provocó daños irreversibles en su cerebro y órganos. La pequeña estaba gravemente enferma y no pudo resistir.
ICE dice que instalaciones como la de Dilley están mejor adaptadas que las celdas de la Patrulla Fronteriza para detener a niños, con dormitorios y áreas de juegos. El actual director interino de la agencia, Matthew Albence, le dijo el año pasado al Congreso que los centros de detención para familias como el de Dilley es mejor describirlos “más como un campamento de verano”.
Sin embargo, abogados y activistas han documentado denuncias de otras madres inmigrantes que afirman que les negaron sus peticiones de atención médica.
Los abogados de Juárez también presentaron una demanda legal contra ICE y otras agencias del gobierno en donde exigían 60 millones de dólares como precursor de una demanda. También demandaron por 40 millones a Eloy, Arizona, la ciudad que anteriormente tenía un acuerdo con ICE para servir como "transferencia" para la financiación de CoreCivic.
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