El Gobierno que preside Donald Trump ha negado el asilo a un inmigrante mexicano que denunció que un cartel de narcotráfico atentó contra su vida porque su padre se negó a obedecer sus requerimientos. Según el dictamen del Departamento de Justicia, no constituye un caso de persecución por pertenecer a un grupo determinado, en este caso, a una familia amenazada por el narco.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad permite conceder el asilo a aquellos migrantes que hayan sido perseguidos o teman ser perseguidos en sus países de origen por su raza, religión, nacionalidad, ideas políticas o pertenencia a un determinado grupo social.
Esta última categoría, que el fiscal general, William Barr, considera “ambigua”, ha permitido por ejemplo conceder el asilo en el pasado a mujeres víctimas de violencia doméstica, o a personas amenazadas por pandillas criminales.
El anterior fiscal general, Jeff Sessions, emitió una directiva el año pasado precisamente para limitar estos dos casos de asilo, obligando a las víctimas a probar que sus países de origen no habían querido o podido evitar su calvario, condonando la violencia o siendo incapaz por completo de protegerlas.
Un juez federal anuló esa directiva en diciembre, pero este lunes el Departamento de Justicia ha publicado una nueva decisión en ese sentido.
En el caso analizado, un solicitante de asilo mexicano aseguró que estaba siendo perseguido por pertenecer a un grupo social determinado, en este caso la familia directa de su padre, propietario de una tienda que está en el punto de mira de un cartel de narcotráfico. Su identidad u otros aspectos concretos del caso no han sido detallados.
El solicitante fue detenido en 1998 y condenado por manejar borracho, y en 2011 aceptó finalmente regresar a México voluntariamente antes de ser deportado. Tres meses después regresó a Estados Unidos, también en esta ocasión de manera ilegal, pero fue atrapado de nuevo, momento en el que decidió pedir asilo.
Explicó que, a su regreso a México, había ido a vivir con sus padres a la capital, pero la Familia Michoacana había amenazado a su padre por negarse a vender las drogas de ese cartel en su tienda. Así, un día, caminando cerca de su casa, escuchó disparos desde un auto negro y se lanzó al suelo creyendo que querían acabar con él. Posteriormente trataron de secuestrarlo, según denunció, por lo que huyó a Tijuana y de allí al otro lado de la frontera.
El dictamen del Departamento de Justicia recuerda que un grupo social debe compartir “una característica común inmutable” para serlo, que los “distinga de otras personas de forma significativa”. El hecho de que un grupo criminal (una pandilla, un cartel, etcétera) ataque a un grupo de personas no convierte a éste en un grupo distinto al resto de la sociedad y perseguido por el hecho de serlo, asegura el Departamento de Justicia.
Sí admite que un clan puede serlo, pero no una familia, y por ello deniega el derecho al asilo.