La administración Trump sigue tejiendo su tela de araña para "atrapar" a indocumentados en otros países lo que amenaza a gobiernos como el de México y Guatemala a poner al límite sus capacidades para acoger a inmigrantes.
Los cambios de esas reglas del juego están centradas en las políticas que tienen que ver con la petición de asilo por parte de inmigrantres en EEUU.
La victoria más reciente de Trump al respecto la cosechó este viernes cuando firmó un acuerdo con Guatemala que obligará a la mayoría de los migrantes que atraviesan el país centroamericano a pedir asilo allí, en vez de en territorio estadounidense.
Bajo este pacto, que tendrá una vigencia de dos años y podrá renovarse antes de su vencimiento, los solicitantes de asilo que lleguen a EEUU serán enviados de vuelta a Guatemala si, en su ruta hacia el norte, atraviesan el país centroamericano antes de llegar a territorio estadounidense.
Sin embargo, no está claro cómo se implementará el pacto dado que el pasado 14 de julio la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional para que ese país no se convierta en un "tercer país seguro", una medida que ha sido recurrida por el Gobierno guatemalteco.
La reacción del inquilino de la Casa Blanca a la decisión de la CC fue amenazar a Guatemala con "vetos, aranceles e impuestos a las remesas".
Por este motivo, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, celebró este viernes que el acuerdo con Washington evitará que se hagan realidad las amenazas de Trump.
"Por medio de las negociaciones también se evitan sanciones drásticas para Guatemala, muchas de ellas orientadas a golpear fuertemente la economía, como gravámenes a las remesas", así "como la imposición de aranceles a nuestros productos de exportación y restricciones migratorias", dijo Morales en las redes sociales.
México es el otro país que podría colapsar debido a las medidas migratorias más recientes de Trump.
Si bien el gobierno del presidente de Andrés Manuel López Obrador acordó con el de Trump endurecer su política de inmigración el pasado 7 de junio para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos, EEUU dio otro mazazo al país con el que comparte frontera cuando el 15 de julio Washington publicó en el Registro Federal una nueva regla que prohibe a los inmigrantes, incluidos niños, solicitar asilo en Estados Unidos si anteriormente han atravesado otro país.
Esta regla, que entró en vigor al día siguiente, tiene varias excepciones: quedarían exentas las personas que han sido víctimas de un delito grave de tráfico de personas; no aplicaría a los países que no hayan firmado un tratado internacional sobre refugiados (la mayoría sí lo han hecho); y tampoco afectaría a quienes hubieran solicitado asilo en otro país pero hubieran sido rechazados.
Esta medida cierra así casi por completo el derecho a asilo en la frontera sur a los migrantes centroamericanos, toda vez que para llegar a Estados Unidos (a pie, en autobús, o en tren) habrían de atravesar al menos México.
No obstante, los tribunales contestaron esta semana la puesta en marcha de la iniciativa, puesto que el derecho al asilo está protegido por las leyes migratorias estadounidenses.
Un juez federal de California impidió el miércoles que la administración de Trump impusiera nuevas restricciones de asilo a las personas que cruzan la frontera mexicana para llegar a Estados Unidos.
La decisión del juez de distrito Jon Tigar, en San Francisco, se produjo horas después de que un juez en Washington decidiera dejar en vigencia las reglas mientras se desarrollaban las demandas en los tribunales.
Los grupos legales argumentaron que la propuesta estaba prohibida por la ley federal, que establece cómo las personas pueden buscar asilo.
Según las leyes migratorias en vigor, sólo se puede negar el asilo a aquellos que hayan atravesado antes “un país seguro”, es decir, donde su vida no corra peligro por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social determinado (los casos que permiten asilarse en Estados Unidos), y tenga posibilidad de una protección temporal.
La decisión de qué país es seguro y cuál no corresponde al fiscal general, según esta ley. William Barr, que ocupa ese puesto, difundió el 16 de julio un comunicado en el que defendía la nueva regla como “un ejercicio legal de la autoridad aprobada por el Congreso para restringir el derecho al asilo”.
“Estados Unidos es un país generoso, pero está completamente superado por las cargas asociadas a la detención y procesamiento de cientos de miles de extranjeros en la frontera”, dice su comunicado.