Un juez federal de California impidió este miércoles que la administración de Trump impusiera nuevas restricciones de asilo a las personas que cruzan la frontera mexicana para llegar a Estados Unidos.
La decisión del juez de distrito Jon Tigar, en San Francisco, se produjo horas después de que un juez en Washington decidiera dejar en vigencia las reglas mientras se desarrollaban las demandas en los tribunales.
La medida planteaba que los migrantes que estuvieran solicitando asilo no tendrían derecho a hacerlo, si antes de llegar a Estados Unidos habían pasado por otro país.
La iniciativa estaba dirgida a decenas de miles de centroamericanos que cruzan México cada mes para tratar de ingresar a Estados Unidos, pero también afectaría a los solicitantes de asilo de África, Asia y América del Sur que llegan regularmente a la frontera sur.
Los grupos legales argumentaron que la propuesta estaba prohibida por la ley federal, que establece cómo las personas pueden buscar asilo.
La Administración publicó el 16 de julio en el Registro Federal la nueva regla, que prohíbe a los inmigrantes, incluidos niños, solicitar asilo en Estados Unidos si anteriormente han atravesado otro país. Entró en vigor al día siguiente, y fue entonces cuando fue contestada ante la justicia por organizaciones civiles.
La medida de Trump acababa casi por completo con la posibilidad de que los migrantes pudieran ejercer su derecho al asilo en la frontera sur, porque para llegar allí forzosamente se debe pasar antes por México.
Pero presenta varias excepciones: quedan exentas las personas que han sido víctimas de un delito grave de tráfico de personas; no aplica a los países que no hayan firmado un tratado internacional sobre refugiados (la mayoría sí lo han hecho); y tampoco afecta a quienes hubieran solicitado asilo en otro país pero hubieran sido rechazados.
Según las leyes migratorias en vigor, sólo se puede negar el asilo a aquellos que hayan atravesado antes “un país seguro”, es decir, donde su vida no corra peligro por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social determinado (los casos que permiten asilarse en Estados Unidos), y tenga posibilidad de una protección temporal.
La decisión de qué país es seguro y cuál no corresponde al fiscal general, según esta ley. William Barr, que ocupa ese puesto, difundió el 16 de julio un comunicado en el que defendía la nueva regla como “un ejercicio legal de la autoridad aprobada por el Congreso para restringir el derecho al asilo”.
“Estados Unidos es un país generoso, pero está completamente superado por las cargas asociadas a la detención y procesamiento de cientos de miles de extranjeros en la frontera”, dice su comunicado.