Un juez da la razón a Trump en su último golpazo contra los migrantes

Una corte de Washington mantiene la regla que permite denegar el asilo a aquellos migrantes que hayan llegado a la frontera a través de México u otros países.

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/ Fuente: TELEMUNDO

Un juez federal ha autorizado al Gobierno que preside Donald Trump a restringir las solicitudes de asilo en la frontera mediante un nueva regla que permite rechazar a aquellos inmigrantes que no hayan pedido antes protección en México o en otro país seguro durante su ruta hacia Estados Unidos.

Timothy J. Kelly, juez de distrito en Washington DC., ha rechazado así la petición urgente de organizaciones de derechos civiles para bloquear la aplicación de esta regla hasta que la justicia tome una decisión definitiva.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) ha presentado esa misma moción ante una corte de San Francisco (California), que decidirá en las próximas horas, por lo que la regla gubernamental aún podría ser bloqueada.

La Administración publicó el 16 de julio en el Registro Federal esta nueva regla, que prohíbe a los inmigrantes, incluidos niños, solicitar asilo en Estados Unidos si anteriormente han atravesado otro país. Entró en vigor al día siguiente, y fue entonces cuando fue contestada ante la justicia por organizaciones civiles.

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La regla presenta varias excepciones: quedan exentas las personas que han sido víctimas de un delito grave de tráfico de personas; no aplica a los países que no hayan firmado un tratado internacional sobre refugiados (la mayoría sí lo han hecho); y tampoco afecta a quienes hubieran solicitado asilo en otro país pero hubieran sido rechazados.

En cualquier caso, cierra casi por completo el derecho a asilo en la frontera sur a los migrantes centroamericanos, toda vez que para llegar a Estados Unidos (a pie, en autobús, o en tren) habrían de atravesar al menos México.

Según las leyes migratorias en vigor, sólo se puede negar el asilo a aquellos que hayan atravesado antes “un país seguro”, es decir, donde su vida no corra peligro por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social determinado (los casos que permiten asilarse en Estados Unidos), y tenga posibilidad de una protección temporal.

La decisión de qué país es seguro y cuál no corresponde al fiscal general, según esta ley. William Barr, que ocupa ese puesto, difundió el 16 de julio un comunicado en el que defendía la nueva regla como “un ejercicio legal de la autoridad aprobada por el Congreso para restringir el derecho al asilo”.

“Estados Unidos es un país generoso, pero está completamente superado por las cargas asociadas a la detención y procesamiento de cientos de miles de extranjeros en la frontera”, explica su comunicado.

Esta regla disminuirá, en su opinión, la llegada de migrantes que huyen de la pobreza y de aquellos que buscan “explotar” el sistema de asilo, asegurándose además de que nadie sea expulsado del país si puede ser torturado o perseguido por los motivos que protege la ley estadounidense.

El Gobierno de Trump lleva meses intentando sin éxito forzar a México para que firme un tratado que lo certifique como país seguro. Guatemala se ha negado también a adoptar esta medida la semana pasada, por decisión de su Corte Suprema, lo que ha provocado amenazas de represalias por parte de Trump.

Por ahora, sólo Canadá está considerado oficialmente como país seguro.