La semana pasada, el presidente Donald Trump aprobó una nueva norma que prohíbe a los migrantes, incluidos niños, solicitar asilo en Estados Unidos si anteriormente han atravesado otro país. Rápidamente, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda en su contra.
Se trata probablemente de la medida más ambiciosa del presidente para combatir la inmigración ilegal en la frontera con México, el tipo de iniciativa que se esperaba que promocionara en Twitter y frente a las cámaras como prueba de que toma medidas duras para contener este problema, sin embargo, Trump no ha dicho una sola palabra sobre el cambio de política.
Esta medida, que entró en vigor el pasado martes, pone fin casi por completo al derecho a asilo en la frontera sur a los migrantes centroamericanos, que para llegar a Estados Unidos (a pie, en autobús, o en tren) tienen que atravesar al menos México. Cierra las puertas a decenas de miles de personas que le escapan a la violencia y la pobreza en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Pero el presidente no ha publicado un solo tuit ni ha hablado del tema en público, ni siquiera cuando le preguntan. Un periodista tocó el tema la semana pasada y el presidente se fue por la tangente. Su asesor más prominente en el tema inmigratorio, Stephen Miller, no mencionó el tema el pasado domingo en su aparición en Fox News y no respondió una sola pregunta sobre la política migratoria.
Por otro lado, un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional intentó minimizar su importancia antes de emitir una retractación silenciosa.
La actitud distante de Trump y su gente llama la atención a quienes llevan más de dos años resistiendo las políticas inmigratorias del gobierno.
“Nos sorprendió a todos que el gobierno haya admitido que la política podría quedar sin efecto pronto y que haya insinuado incluso que no era tan abarcadora como se pensaba”, declaró el abogado de la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) Lee Gelernt. “Generalmente, (el gobierno) trata de presentar sus políticas como algo integral y sin precedentes”.
La Casa Blanca no respondió a numerosos pedidos de comentarios acerca de la estrategia y varios altos funcionarios dieron la impresión de que no prestaban demasiada atención al tema.
Observadores ofrecieron varias posibles explicaciones, incluida una potencial fatiga causada por el constante flujo de órdenes de inmigración, cambios y reglas relacionadas con la inmigración que parecen confundirse.
Otros dicen que tanto el gobierno como la oposición están convencidos de que la nueva política será bloqueada por los tribunales, como tantas otras iniciativas de Trump sobre la inmigración.
“Si realmente pensáramos que esta iba a ser la nueva política, estaríamos tirándonos delante de los autobuses de ICE y tomando las instalaciones del Departamento de Seguridad Nacional”, dijo Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, una organización liberal enfocada en la inmigración. “Todo el mundo espera que los tribunales la dejen sin efecto y prácticamente no se está tomando medida alguna para implementar esta política”.
Sharry dijo que el gobierno parece más interesado en generar titulares que desalienten a potenciales inmigrantes que en sacar adelante el cambio de política. “Tratan de usar la crueldad como disuasivo. Esto fue como decir ‘generemos un titular que diga que estamos poniendo fin al asilo’”, sostuvo Sharry.
Además, el anuncio se produjo en medio de una semana agitada en la que Trump se enfocó en criticar a cuatro mujeres congresistas a las que sugirió que se volviesen a los países de donde vinieron, a pesar de que todas son estadounidenses, tres de ellas nacidas en Estados Unidos.
El anuncio fue hecho con poca fanfarria y sin dar detalles específicos. Algunos funcionarios de seguridad nacional dijeron incluso que los tomó por sorpresa y que no estaban seguros de cómo compaginar la nueva iniciativa con otros esfuerzos para contener la inmigración, como el programa que exige a los solicitantes de asilo que permanezcan en México.
También parece haber confusión en la cúpula del Departamento de Seguridad Nacional. Mark Morgan, director interino de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo, trató de restar importancia a la medida durante una entrevista con NPR la semana pasada, en la que dijo que el gobierno solo ensayará las nuevas reglas en un programa piloto en un pequeño sector de la frontera.
Asimismo, admitió que dudaba que los tribunales permitiesen que la nueva política sea puesta en práctica mencionando que ya hay dos demandas en los tribunales. “Creemos que la norma será dejada en suspenso”, expresó.
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