WASHINGTON.— El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, ha elogiado hoy la cooperación entre Estados Unidos y Guatemala contra la emigración ilegal, y que Washington quiere instituir con otros países de la región, sólo un día después de que el presidente, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a Guatemala por negarse a ser un “tercer país seguro” para solicitantes de asilo.
El memorando de cooperación suscrito a finales de mayo “ya está demostrando éxitos significativos contra la migración irregular. Este es un esfuerzo de equipo… para ir contra organizaciones de contrabando de humanos que se ensañan con algunas de las personas más vulnerables en el hemisferio”, dijo McAleenan.
Los traficantes de personas “les cobran exorbitantes sumas de dinero para exponerlos a situaciones peligrosas rumbo a Estados Unidos”, agregó.
McAleenan citó como ejemplo de un “resultado significativo” en la colaboración entre EEUU y Guatemala el desmantelamiento de una red de contrabandistas de humanos a gran escala conocida como la “organización Mérida”, que contaba con bienes por más de $10 millones y que traficaba personas de Centro y Sudamérica y lugares distantes como Somalia y Pakistán.
Las redes de trata de personas como la de Mérida son “sofisticadas” y “no respetan nuestras fronteras ni nuestras leyes”, y Estados Unidos continuará su persecución, prometió McAleenan, quien expresó confianza en que la Administración Trump seguirá construyendo la “tremenda cooperación” con Guatemala.
El funcionario se refirió a una operación contra la red Mérida que, según una investigación iniciada en enero de 2018, trasladaba a al menos 800 migrantes al año. Al menos nueve personas fueron arrestadas, con la ayuda del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
McAleenan hizo esas declaraciones durante la apertura de la octava reunión de ministros de Seguridad de Centroamérica, realizada en la nueva sede del DHS en sureste de Washington.
Se trata de la primera reunión ministerial de su tipo que se lleva a cabo en EEUU y en la que además participan por primera vez Costa Rica y Panamá, que integran el llamado “Triángulo del Sur” de Centroamérica.
El encuentro no arrojó anuncios nuevos ni medidas concretas pero sirvió para destacar la cooperación multilateral contra los asuntos de seguridad más apremiantes en la zona.
McAleenan destacó los “éxitos” que ha registrado el grupo ministerial en los últimos seis meses en la lucha contra el tráfico de personas, el combate a las pandillas y el crimen organizado, el intercambio de inteligencia, y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza.
Sentados a lo largo de tres mesas, cada uno de los funcionarios centroamericanos tomó turno para reiterar el compromiso con las metas trazadas por Estados Unidos y persuadir a la opinión pública sobre los logros de sus iniciativas nacionales y regionales.
El ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique Degenhart, destacó la responsabilidad compartida de los países de tránsito y que generan un gran volumen de migrantes indocumentados a EEUU, y envío un mensaje inequívoco a los contrabandistas: “prepárense porque los vamos a perseguir”.
“No vamos a permitir que sigan usando nuestros territorios como territorios de facilitación de esas actividades criminales transnacionales. Y, por supuesto, un país solo no puede”, afirmó Degenhart, al apoyar la futura integración de Colombia a estos esfuerzos para avanzar en el combate al crimen organizado.
En ese mismo sentido se pronunció el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Rolando Mirones, dijo que su país quiere mandar al mundo el “mensaje correcto” de que “Panamá no va a participar más ni de manera directa ni indirecta en el tráfico de personas”.
“Nuestra policía de fronteras, nuestras autoridades no serán más parte de ese tráfico porque para ellos… es desmoralizante ser parte de esta cadena” y, al igual que Panamá combate a los narcotraficantes, también “enviar el mensaje a los traficantes de personas de que no van a pasar”.
Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, destacó los logros del gobierno del presidente Nayib Bukele desde la puesta en marcha, hace apenas 60 días, del “Plan de Control Territorial”: la tasa promedio de homicidios bajó de 12 “ejecuciones diarias” a cinco por día.
“Estamos dando muestras de buena voluntad, muestras de que nos interesa controlar nuestros territorios, de evitar la emigración de nuestros ciudadanos hacia el exterior”, aseguró.
Rivas indicó que el gobierno salvadoreño próximamente estará “asestando golpes” no sólo a los “coyotes” implicados en el trasiego de personas sino también “las cabecillas de estos grupos”.
La reunión ministerial se llevó a cabo un día después de que Trump amenazara con imponer aranceles a Guatemala después de no lograr un acuerdo para ser un "tercer país seguro", donde los migrantes de El Salvador y Honduras pueden solicitar asilo en lugar de hacerlo en la frontera sur.
El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, pidió a la cancillería que agote los esfuerzos para evitar aranceles punitivos que perjudiquen a la economía nacional.
Tanto la seguridad fronteriza como los esfuerzos para frenar la emigración ilegal desde Centroamérica han centrado buena parte de la atención de la Administración, que elabora medidas para restringir también el acceso al asilo, y del Congreso, que busca respuestas a la crisis migratoria.
Un juez federal, Timothy Kelly, dio luz verde a las nuevas restricciones de asilo de la Administración mientras prosigue una demanda de grupos cívicos para impugnarlas.
El mes pasado, la congresista demócrata Zoe Lofgren presentó un proyecto de ley para abordar temas como la pobreza, la violencia y la corrupción que han afectado a la región, encauzando a miles de migrantes a un viaje traicionero a los EE. UU.
La "Ley de Estabilización de Fronteras y Triángulos del Norte" pide al Departamento de Estado que elabore una estrategia de cinco años para combatir la corrupción y fortalecer el estado de derecho en El Salvador, Guatemala y Honduras, y alienta las aportaciones de organizaciones no lucrativas, gobiernos regionales y el Inter Banco Americano de Desarrollo.
El proyecto de ley también proporciona fondos para contratar a más jueces de inmigración con el fin de abordar una acumulación de más de 900,000 casos pendientes en todo el país. Lofgren, presidente del Subcomité de Inmigración y Ciudadanía del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, presentó la legislación días después de que el migrante salvadoreño, Oscar Alberto Martínez, y su hija de 23 meses, Valeria, se ahogaran mientras intentaban cruzar la frontera ilegalmente. Ambos estaban esperando su turno en México para solicitar asilo en un puerto de entrada oficial.
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