La Migra amplia a nivel nacional la deportación rápida de indocumentados

Hasta ahora, una ley de 1996 permitía la "deportación expedita" de inmigrantes indocumentados detenidos dentro de un área de 100 millas en la frontera. La Administración ampliará el reglamento al interior del país.

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WASHINGTON.— El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ampliará a partir de mañana y más allá de la franja fronteriza, la “deportación expedita” de centenares de miles de inmigrantes indocumentados que no logren demostrar su estancia en EEUU de al menos dos años, en una medida sin precedente que, según activistas, puede atrapar incluso a ciudadanos y residentes legales.

Según el reglamento de 18 páginas, que será publicado mañana en el diario oficial del gobierno (“Federal Register”), toda persona indocumentada que no logre mostrar su estancia consecutiva en Estados Unidos durante al menos dos años, quedará sujeta a una “deportación expedita” y sin derecho a defender su caso ante un juez de Inmigración.

La medida aplicará también a extranjeros que tienen al menos 14 días de haber entrado al país pero menos de dos años, pero excluye a personas con casos de asilo u otros trámites migratorios pendientes, o a quienes entraron legalmente y permanecieron en Estados Unidos con visas vencidas.

Esto es aparte de las redadas contra individuos y familias con órdenes de deportación finales. 

Según el Instituto de Política Migratoria (MPI), alrededor de 300,000 inmigrantes indocumentados podrían verse afectados por esta expansión del reglamento. 

El DHS argumentó que la medida ayudará a fortalecer la seguridad nacional y la seguridad pública y simultáneamente reducirá los costos del gobierno al agilizar las decisiones sobre personas sujetas a la expulsión del país.

Esta regla “permitirá que el DHS responda con más eficacia y efectividad al gran volumen de extranjeros presentes en Estados Unidos de forma ilegal… y asegurará la pronta deportación de EEUU de quienes no tienen derecho a entrar o permanecer en el país, o tener alivio o protección de la deportación”, dijo.

Según el secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, ante la crisis migratoria "es necesaria la implementación de medidas adicionales" contra la población indocumentada. 

Pero ni McAleenan ni el DHS precisaron cómo se financiarán las deportaciones masivas, aunque recientemente recibió una infusión de $4,590 millones del Congreso para responder a la crisis migratoria en la frontera. 

Desde 1996, bajo una ley promulgada por el entonces presidente Bill Clinton, las autoridades han podido arrestar a inmigrantes indocumentados o cualquier extranjero “inadmisible” dentro de un área de 100 millas dentro de la franja fronteriza con Canadá o México, si éstos tenían menos de 14 días de estancia en el país, según un análisis del grupo "American Immigration Council".

El reglamento, que fue expandido significativamente en 2004, aplica también a quienes han cometido fraude o han mentido en sus solicitudes de visa.

Las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por su sigla en inglés), mantienen bajo  custodia y sin derecho a fianza a cualquier persona sujeta a la “deportación expedita”, que puede ocurrir en cuestión de horas o días.

La Administración Trump ahora pretende ampliar ese reglamento más allá de la franja fronteriza, centrándose en extranjeros considerados “no admisibles” o que no recibieron algún permiso o excepción del gobierno. 

De esta forma, los agentes de Inmigración tendrán más poderes para actuar como “jueces y fiscales” y, dada la velocidad con que se tramitan las deportaciones, se aumentará la posibilidad de errores y se negará a los individuos la oportunidad de recabar pruebas para defender sus casos, o consultar a un abogado.

Como ha sucedido con otras restricciones migratorias, Omar Jadwat, director de un programa de derechos de los inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), dijo hoy que su grupo y el "American Immigration Council", presentarán pronto una demanda para frenar esta política.

Discriminación racial

Durante una conferencia telefónica con periodistas, activistas de la comunidad inmigrante y defensores de los derechos civiles advirtieron hoy de que el reglamento establece “una vía rápida a la deportación” desde el interior del país y abrirá la puerta a la posible discriminación de extranjeros naturalizados o con residencia legal.

“Esta expansión de la deportación expedita tendrá mayores consecuencias… pueden imaginarse lo difícil que será para individuos que no portan prueba de su estatus migratorio o de su estancia en EEUU, y eso significa que los pueden detener y deportar con celeridad”, dijo Royce Murray, directora de programas del "American Immigration Council". 

Según Murray, datos recabados por su grupo muestran que el número de ciudadanos estadounidenses enfrentados a ICE se multiplicó por cinco, de poco menos de 6,000, bajo la Administración Obama a poco más de 27,000 bajo la Administración Trump.

“La Administración Trump sigue adelante con sus planes de convertir a ICE en una milicia que exigirá a extranjeros ´mostrar sus papeles´, que tendrá la autoridad de hacer un perfil racial en las comunidades, incluyendo a ciudadanos estadounidenses”, dijo, por su parte, Vanita Gupta, presidenta y principal ejecutiva de la “Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos”, una coalición de más de 200 organizaciones.

“Este reglamento emana de la retórica racista que el presidente ha estado usando en la última semana, y va a aterrorizar a las comunidades minoritarias”, advirtió Gupta, al afirmar que se trata de una “escalada” contra los inmigrantes que producirá más abusos y no fortalecerá la seguridad nacional.

Otro problema con el reglamento, aseguraron los activistas, es que las personas no tendrán acceso a un abogado o a defender sus casos ante un juez de Inmigración, y eso podría perjudicar a personas con solicitudes de asilo o víctimas de violencia doméstica.

También pondría en la mira del DHS a trabajadores indocumentados que se atrevan a denunciar robo de salario u otras violaciones laborales porque sus propios empleadores los delatarían, explicó David Leopold, un abogado de Inmigración de Ohio.

En Estados Unidos no hay una cédula de identidad obligatoria -cada estado emite su licencia de conducir con distintos requisitos- y la mayoría de las personas no portan consigo ningún tipo de documento que demuestre su ciudadanía o estatus legal.

Aún si una persona puede finalmente demostrar que es ciudadana o residente legal, nadie le devolverá el tiempo perdido bajo custodia federal mientras consigue prueba de su estatus migratorio, agregó Leopold.

“Hay 8,2 millones de ciudadanos que viven con al menos un familiar indocumentado, por lo que el efecto colateral de esto es tremendo”, enfatizó.

Además, el incremento de personas arrestadas y sometidas a la “deportación expedita” también aumentará las presiones sobre los centros de detención de ICE, que en los últimos meses han recibido mala prensa por el hacinamiento y maltrato de los migrantes.

Normalmente, todo reglamento federal publicado en el diario oficial queda sujeto a un periodo de comentarios públicos, tras el cual las autoridades pueden modificar o no la medida y posteriormente la ponen en marcha.

En este caso, el DHS ha decidido saltarse el requisito de comentarios públicos dentro del “Acta de Procedimientos Administrativos” (APA, por su sigla en inglés) y `pondrá en marcha la medida de inmediato, aunque dijo que aceptará comentarios “por mera discreción”.