La nueva regla aprobada por el Gobierno de Donald Trump para rechazar a los solicitantes de asilo que hayan pasado antes por otro país en su viaje hacia Estados Unidos es sólo un programa “piloto” que incluso el director en funciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) anticipa que será bloqueado en breve por decisión judicial.
Así lo ha explicado este jueves Mark Morgan en la radio pública: “Aunque la nueva regulación federal nos permite aplicarla en las 2.000 millas de frontera sur, no vamos a hacerlo, lo estamos probando sólo en un lugar”. Se trata de dos estaciones de la Patrulla Fronteriza en el valle texano de Río Grande, ha dicho.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que ha llevado esta nueva regla ante la justicia, ha coincidido en que la regulación no incluye limitación alguna, y ha indicado que el Gobierno no había adelantado hasta ahora su intención de no aplicarla en toda la frontera.
“Puede que esté rectificando dado que es sencillamente ilegal”, ha señalado uno de sus representantes, Lee Gelernt, “pero tanto si se aplica en toda la frontera como en sólo dos lugares, causará gran daño y seguiremos plantándole cara”.
En los últimos nueve meses la Patrulla Fronteriza ha interceptado a casi 700.000 inmigrantes, de los que 450.000 eran familias o menores viajando solos. En su mayoría son centroamericanos que solicitan asilo, huyendo de la pobreza y violencia.
Un grupo de nueve senadores (seis republicanos y tres demócratas) ha propuesto esta semana un nuevo sistema de asilo, que han denominado Operación Regreso Seguro, para hacer frente al aumento de llegadas a la frontera sin eliminar este derecho ni tener que cambiar la legislación vigente (que lo protege).
Este nuevo sistema daría tres días a la Patrulla Fronteriza para entrevistar de forma “detallada, justa y precisa” a los solicitantes de asilo, y expulsar directamente a aquellos que no muestren miedo a regresar a sus países.
Esta nueva entrevista coincide con la petición del Gobierno de que sean patrulleros y no oficiales migratorios los que determinen si el solicitante de asilo cumple las condiciones mínimas. De esta forma, serían los propios agentes los que podrían, de forma discrecional, rechazar el derecho al asilo.
Aquellos que pasaran ese filtro, tendrían entonces derecho a la prueba de miedo creíble llevada a cabo por oficiales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés), que en la actualidad supone la primera y única criba para lograr una cita ante una corte migratoria.
Esta prueba de miedo creíble debería realizarse, según el nuevo sistema, antes de nueve días, de forma que en dos semanas el proceso entero estuviera completado. En cualquier caso, aquellos que la pasaran tendrían que esperar aún meses o años hasta que una corte migratoria determinara si se les concede asilo, un periodo que el Gobierno ha decidido que pasen en México.
Este nuevo sistema permitiría reducir la “abrumadora llegada de migración ilegal, y convertirla en un flujo controlable de inmigrantes legales”, según sus responsables.