Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han presentado este martes una demanda para bloquear la nueva norma del presidente Donald Trump que restringe ampliamente el derecho a solicitar asilo a los inmigrantes que llegan a la frontera sur del país.
La política entró en vigor el martes, pero rápidamente la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), Southern Poverty Law Center (SPLC), y Center for Constitutional Rights (CCR) presentaron una demanda en un tribunal federal de San Francisco alegando que la medida viola las leyes de Estados Unidos e internacionales.
Según la nueva medida, los migrantes que pasan por otro país camino a Estados Unidos no son elegibles para recibir asilo. Pero lo cierto es que la mayoría de los migrantes que llegaron a la frontera sur este año pasaron por México, incluyendo centroamericanos, africanos, cubanos y haitianos. Esto hace prácticamente imposible que consigan asilo. La regulación también aplica para menores que han cruzado la frontera solos.
Según la ley migratoria estadounidense, sólo se puede negar el asilo a aquellos que hayan atravesado antes “un país seguro”, es decir, donde su vida no corra peligro por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social determinado (los casos que permiten asilarse en Estados Unidos), y tenga posibilidad de una protección temporal.
El Gobierno de Trump lleva meses intentando sin éxito forzar a México para que firme un tratado que lo certifique como país seguro. Guatemala se ha negado también a adoptar esta medida la semana pasada. Por ahora, así, sólo Canadá está considerado oficialmente como país seguro.
"Esta es la medida más radical del gobierno de Trump para lograr una prohibición de asilo", dijo el abogado de la ACLU, Lee Gelernt. "Viola claramente las leyes tanto nacionales como internacionales y no puede mantenerse".
La política representa el intento más fuerte de Trump hasta la fecha para recortar el número de personas que piden asilo en Estados Unidos.
"Esta normativa también sirve para proyectar el rechazo del gobierno al consenso fundamental e internacional de posguerra de que los derechos humanos son importantes. Esta demanda busca reivindicar el valor de esos derechos", dijo en un comunicado Baher Azmy, director legal de CCR.
Por su parte, Melissa Crow, abogada de SPLC, aseguró que "la implacable guerra de este gobierno contra los solicitantes de asilo es despreciable".
El Gobierno Trump implementó la medida días después de que tres líderes demócratas le pidieran al Ejecutivo que desistiera de sus planes de llegar a acuerdos con Guatemala y México para considerarlos como "terceros países seguros".
Bennie Thompson, Eliot Engel y Jerrold Nadler, que presiden los comités de Seguridad Nacional, de Asuntos Exteriores y Judicial, respectivamente, de la Cámara baja aseguraron que, de acuerdo a Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), "el presidente carece de autoridad legal para proceder con estas negociaciones".
"La nueva orden solo empeoraría esta situación, mientras que pone en peligro la seguridad de innumerables emigrantes que huyen de la persecución", dijo Crow.
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