Hoy entraría en vigor la medida de Trump para eliminar el derecho asilo a la mayoría de migrantes en la frontera

La nueva norma afectaría a las miles de personas que huyen de la violencia y la pobreza en Centroamérica, pero con toda seguridad será recurrida ante los tribunales

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Este martes está previsto que entre en vigor la nueva norma del presidente Donald Trump que prohibe a los inmigrantes, incluidos niños, solicitar asilo en Estados Unidos si anteriormente han atravesado otro país (en este caso México). La nueva norma afectaría a las miles de personas que huyen de la violencia y la pobreza en Centroamérica pero con toda seguridad será recurrida ante los tribunales. 

La agencia para los refugiados de Naciones Unidas (ACNUR) está “profundamente preocupada” por esta medida, alegando que ponen en riesgo a las familias más vulnerables. Según ACNUR, restringe el derecho a solicitar asilo y amenaza el derecho a no ser deportado a países donde los solicitantes puedan ser perseguidos. 

La nueva regla tiene varias excepciones: quedarían exentas las personas que han sido víctimas de un delito grave de tráfico de personas; no aplicaría a los países que no hayan firmado un tratado internacional sobre refugiados (la mayoría sí lo han hecho); y tampoco afectaría a quienes hubieran solicitado asilo en otro país pero hubieran sido rechazados. 

Esta medida cerraría así casi por completo el derecho a asilo en la frontera sur a los migrantes centroamericanos, toda vez que para llegar a Estados Unidos (a pie, en autobús, o en tren) habrían de atravesar al menos México. 

La gran mayoría de las personas afectadas por el dictamen son centroamericanas. Pero, en algunas ocasiones, migrantes procedentes de África, Cuba o Haití y otros países, también intentan ingresar a Estados Unidos por su frontera con México. 

Será en cualquier caso contestada con toda seguridad en los tribunales, puesto que el derecho al asilo está protegido por las leyes migratorias estadounidenses. 

Según esta legislación, sólo se puede negar el asilo a aquellos que hayan atravesado antes “un país seguro”, es decir, donde su vida no corra peligro por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social determinado (los casos que permiten asilarse en Estados Unidos), y tenga posibilidad de una protección temporal. 

El Gobierno de Trump lleva meses intentando sin éxito forzar a México para que firme un tratado que lo certifique como país seguro. Guatemala se ha negado también a adoptar esta medida la semana pasada. Por ahora, así, sólo Canadá está considerado oficialmente como país seguro. 

Por su parte, México criticó el movimiento de Trump y ha negado que se haya convertido en un tercer país seguro. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que los migrantes a los que EEUU niegue el asilo, no podrán ser enviados a México, como si se tratara de un tercer país seguro, sino que tendrán que ser deportados directamente a sus países de origen o residencia. 

La decisión de qué país es seguro y cuál no corresponde al fiscal general, según esta ley. William Barr, que ocupa ese puesto, ha difundido este lunes un comunicado en el que defiende la nueva regla como “un ejercicio legal de la autoridad aprobada por el Congreso para restringir el derecho al asilo”. 

“Estados Unidos es un país generoso, pero está completamente superado por las cargas asociadas a la detención y procesamiento de cientos de miles de extranjeros en la frontera”, explica su comunicado. 

Esta regla disminuirá, en su opinión, la llegada de migrantes que huyen de la pobreza y de aquellos que buscan “explotar” el sistema de asilo, asegurándose además de que nadie sea expulsado del país si puede ser torturado o perseguido por los motivos que protege la ley estadounidense. 

Pero los grupos por los derechos de los inmigrantes, líderes religiosos y grupos humanitarios opinan que la política del gobierno republicano representan un cruel intento de mantener a los migrantes fuera del país. Guatemala, Honduras y El Salvador son países pobres y, por lo general, asediados por la violencia. 

“Esta es una nueva medida para enviar de regreso a lugares violentos a los refugiados que llegan con temores bien fundamentados de persecución — de hecho, el dictamen negaría asilo a los refugiados que no solicitaron asilo en países en los que estarían en riesgo”, dijo Eleanor Acer, de Human Rights First. 

El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, Lee Gelernt, que ha litigado algunas de las principales impugnaciones a las políticas migratorias del gobierno de Trump, dijo que la medida era ilegal y que su agrupación planea entablar una demanda. “De ser ratificada, la regla eliminaría por completo el asilo a todos aquellos en la frontera sur”, declaró. “Pero es evidentemente ilegal”. 

Junto con los recientes intentos del gobierno por devolver a los solicitantes de asilo al otro lado de la frontera, Trump ha intentado negar asilo a todo aquel que cruce ilegalmente la frontera, además de restringir las condiciones para solicitar asilo. De igual manera, el Departamento de Justicia recientemente intentó mantener a miles de solicitantes de asilo en detención en lo que se procesaban sus casos. 

Casi todos esos intentos han sido bloqueados por los tribunales. 

Decenas de miles de familias migrantes procedentes de Centroamérica cruzan la frontera cada mes, muchas de ellas para solicitar asilo. Las instalaciones fronterizas se encuentran peligrosamente sobrepobladas y operan muy por encima de su capacidad.  

Un organismo de supervisión interna del Departamento de Seguridad Nacional reveló este mes condiciones insalubres para muchos niños. También los legisladores que han visitado recientemente estos centros arremetieron contra sus condiciones.