Los centros de salud de planificación familiar que reciben dinero del gobierno tendrán que dejar de referir a mujeres a entidades que lleven a cabo abortos, ha reportado la agencia de noticias The Associated Press.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos le ha notificado formalmente a las clínicas de planificación familiar que empezará a hacer cumplir la prohibición impuesta en las órdenes médicas para abortos.
Aunque el aborto es un procedimiento médico legal, las leyes federales prohíben el uso de fondos de los contribuyentes para pagar los abortos, excepto en casos de violación, incesto o para salvar la vida de la madre.
La nueva regulación sobre el aborto ha sido aplaudida por grupos conservadores y religiosos y denunciada por organizaciones médicas y grupos a favor de los derechos de las mujeres.
La decisión ha sido vista como un golpe contra las clínicas de Planned Parenthood, las cuales proporcionan servicios de planificación familiar y atención médica básica financiada por los contribuyentes a mujeres de bajos recursos, así como abortos que deben ser pagados por separado, ha informado The Associated Press.
Planned Parenthood y otros centros médicos que proveen planificación familiar están demandando a la Administración del presidente, Donald Trump, en cortes federales para revertir la medida.
Sin embargo, el Departamento de Salud ha dicho que ninguna orden judicial puede prohibirle la ejecución de la medida mientras se lleva a cabo la disputa legal.
El programa de planificación familiar es conocido como el Título X y atiende cerca de cuatro millones de mujeres al año por medio de clínicas independientes, muchas de las cuales son operadas por centros afiliados a Planned Parenthood.
Según The Associated Press, el programa tiene un costo de aproximadamente 260 millones por año.
La regla relacionada con el programa de planificación familiar es parte de una serie de esfuerzos llevados a cabo por la Administracion de Trump para rehacer la política gubernamental sobre la salud reproductiva, ha reportado la agencia de noticias.
Otras medidas que actualmente se encuentran enredadas en las cortes le permitirían a los empleadores optar por no ofrecer métodos anticonceptivos a sus empleadas basándose en objeciones religiosas y morales y también le proporcionarían a los profesionales de la salud un margen más amplio para no realizar procedimientos que ofendan sus creencias religiosas o morales.
La Asociación Médica Americana ha sido uno de los grupos que se ha pronunciado en contra de la medida afirmando que esta afectaría el acceso de mujeres de bajos recursos a atención medica básica, incluida la planificación familiar, pruebas de detección de cáncer, así como los exámenes y tratamientos de enfermedades de transmisión sexual.
Los grupos religiosos y conservadores que apoyan la medida han dicho que esta le pone fin a, lo que ellos llaman, el subsidio indirecto de los contribuyentes a los proveedores de abortos.
The Associated Press ha afirmado que las medidas de Trump se asemejan a aquellas impuestas en el gobierno del expresidente Ronald Reagan, quien le prohibió a las clínicas hablar del aborto con las mujeres.
La medida implementada por Reagan fue revertida por el expresidente Bill Clinton, quien incluyó una nueva regla llamada asesoramiento “no directo” para informar a las mujeres sobre las opciones de planificación familiar a su disposición. No obstante, Trump está tratando de revertir este requisito.