WASHINGTON.— La Administración Trump ha popularizado la llamada “Sección 1325” de una polémica ley migratoria que criminaliza los cruces ilegales, y ahora varios candidatos presidenciales demócratas piden eliminarla, pero ésta no ha reducido drásticamente la emigración ilegal.
La "Sección 1325" en realidad proviene de una de ley federal que data de 1929 y que por primera vez en la historia criminalizó los cruces ilegales en la frontera sur. Bajo esa ley, quienes violan la cláusula en cuestión por primera vez podían afrontar cargos por un delito menor, mientras que el reingreso ilegal conlleva cargos por un delito grave.
La ley de 1929 fue promovida por un senador demócrata de Carolina Sur, Coleman Livingston Blease, que simpatizaba con grupos supremacistas blancos favorables a la inmigración europea y apoyaba criminalizar los cruces ilegales.
La legislación cayó en desuso después de la Segunda Guerra Mundial pero, en un guiño a los conservadores, el entonces presidente George W. Bush la retomó en 2005 con la “Operación Streamline”.
Aunque presidentes de ambos partidos han utilizado la “Sección 1325” para enjuiciar y deportar a inmigrantes que cruzan o reingresan ilegalmente a EEUU, su uso se ha disparado durante la Administración Trump, según datos del proyecto “TRAC” de la Universidad de Syracuse en Nueva York a los que tuvo acceso Noticias Telemundo.
Según los datos más actualizados de “TRAC”, en el año fiscal 2016, el último de la Administración Obama, los enjuiciamientos por el ingreso o reingreso ilegal a EEUU totalizaron 36,000.
En el año fiscal 2017, parte del cual cubre el inicio de la Administración Trump, hubo un descenso a 27,000 pero, en el año fiscal 2018, la cifra se disparó en 129,7% a 63,000.
En abril pasado, casi tres cuartas partes de los casos llevados a los tribunales federales estuvieron relacionados con la “Sección 1325” y la “Sección 1326” que criminaliza el reingreso ilegal.
Tom Jawetz, analista de asuntos migratorios del “Centro para el Progreso Estadounidense (CAP, por su sigla en inglés), ha advertido de que anular la “Sección 1325” no puede realizarse mediante una orden ejecutiva sino que requiere la intervención del Congreso.
Jawetz también ha criticado que el enjuiciamiento masivo de inmigrantes indocumentados ha convertido en una “farsa” el derecho al debido proceso, porque muchos apenas tienen acceso a un abogado y con poco tiempo para preparar sus casos.
Bajo la política de “tolerancia cero” en la frontera sur, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, instruyó el año pasado a los fiscales del país a que agilizaran el enjuiciamiento de todo inmigrante indocumentado detenido en la frontera bajo la “Sección 1325”.
Al enjuiciar a padres indocumentados por cruzar ilegalmente entre los puntos de entrada a EEUU, la Administración pudo además justificar la separación de las familias, con la idea de disuadir la emigración ilegal desde Centroamérica.
Por órdenes judiciales, el presidente Donald Trump tuvo que dar marcha atrás a la política de “tolerancia cero”, pero incluso ahora hay niños que continúan separados de sus padres.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha sonado la alarma porque, pese a la política de “mano dura” de la Administración, los cruces ilegales continúan en la frontera sur.
El secretario interino del DHS, Kevin McAleenan, dijo la semana pasada que un acuerdo suscrito con México el pasado 7 de junio para reducir la emigración ilegal desde Centroamérica parece surtir efecto.
Aunque McAleenan vaticinó una reducción del 25% en los cruces ilegales para el mes en curso, el funcionario advirtió de que la crisis migratoria requiere más recursos del Congreso para aumentar la vigilancia fronteriza.
Protagonismo en la contienda electoral
La crisis migratoria en la frontera sur se ha convertido en protagonista de la contienda presidencial de 2020, y líderes de ambos partidos la han utilizado para movilizar a sus respectivas bases.
El exalcalde de San Antonio (Texas) y exsecretario de Vivienda durante la Administración Obama, Julián Castro, fue el primero en presentar su extenso plan migratorio en abril pasado, que incluye eliminar la “Sección 1325” para descriminalizar los cruces ilegales.
Tras el primer debate presidencial en Miami (Florida), otros rivales demócratas, entre éstos el senador Cory Booker y el congresista Beto O´Rourke, han apoyado algunos cambios a la polémica cláusula -O´Rourke quiere mantenerla para enjuiciar a contrabandistas de personas-, y de paso han dado abono a las acusaciones de Trump de que la oposición está a favor de “fronteras abiertas”.
El exsecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante la Administración Obama, Jeh Johnson, también ha lanzado advertencias de que eliminar la “Sección 1325” dispararía la inmigración ilegal, y daría armas a los republicanos en los comicios del próximo año.
“No podemos, como proponen ahora algunos candidatos presidenciales demócratas, abrazar públicamente una política para no deportar a quienes entran o permanecen en este país de forma ilegal a menos que cometan un delito. Esto es el equivalente de una declaración pública (repetida y amplificada por contrabandistas en Centroamérica) de que nuestras fronteras están efectivamente abiertas”, dijo Johnson en una columna de opinión publicada en el diario "The Washington Post".
“Por la misma razón, no podemos formalmente descriminalizar el ingreso no autorizado en este país, aunque quienes cruzan ilegalmente por primera vez son, de hecho, rara vez enjuiciados por ese delito menor (excepto por la desastrosa política de ´tolerancia cero´ del año pasado)”, agregó.
Pero la idea de eliminar esa cláusula cobra fuerza entre centenares grupos progresistas, especialmente ante imágenes que captan a niños enjaulados o maltratados en centros de detención de la Patrulla Fronteriza, y el anuncio de inminentes redadas nacionales.
Estos grupos aseguran que, aún si se elimina la “Sección 1325”, cualquier persona indocumentada puede estar sujeta a la detención y deportación, porque la Administración ha dejado en claro que no hará excepciones para individuos y familias que tienen órdenes de deportación finales.
Además de oponerse a la “Sección 1325”, estos grupos también piden que el Congreso anule una ley promulgada en 1996 por el entonces presidente Bill Clinton, que reafirmó la criminalización de los cruces ilegales, permitió la detención de inmigrantes sin derecho a fianza, y amplió los delitos por los que un residente legal puede ser deportado.
Esa ley aumentó a $2,000 la multa por el delito de ingreso ilegal por primera vez, mientras que el reingreso ilegal permite una sentencia de hasta dos años en prisión.
En una carta enviada a los principales líderes demócratas y republicanos de la Cámara de Representantes el mes pasado, activistas de alrededor de 250 grupos cívicos, entre éstos la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), “Alianza Américas”, “Human Rights Watch” (HRW) y “Detention Watch Network” (DWN), pidieron que el Congreso elimine esa ley.
“Buscamos un cambio que transforme nuestros sistemas de justicia criminal y de inmigración… un paso clave para lograrlo es anulando las leyes de 1996 que sentaron la base para nuestra crisis de detención y deportación masiva de inmigrantes. Le urgimos a los miembros del 116 Congreso que tomen este paso crítico para proteger y respaldar a las comunidades inmigrantes”, puntualizaron en la carta.
Sin embargo, grupos que abogan por restringir incluso la inmigración ilegal, como el Centro para Estudios Migratorios (CIS), aseguran que el gobierno de EEUU tiene que hacer cumplir las leyes migratorias y que eliminar la “Sección 1325” sólo alentaría el ingreso al país de elementos criminales.