WASHINGTON.— Inconforme porque el Tribunal Supremo bloqueó temporalmente la pregunta sobre ciudadanía en el Censo de 2020, el presidente Donald Trump afirmó hoy que sopesa varias opciones unilaterales, incluyendo una orden ejecutiva, para meter la pregunta en el conteo nacional, lo que augura una prolongada batalla legal.
En declaraciones a periodistas desde el césped sur de la Casa Blanca, Trump dijo que, de entre “cuatro o cinco” opciones, está pensando emitir una orden ejecutiva para incluir la pregunta sobre ciudadanía en la enumeración nacional del próximo año.
“Veremos qué pasa. Podríamos comenzar a imprimir y quizá añadirla después de lograr una decisión positiva... estamos trabajando en varias cosas, incluyendo una orden ejecutiva”, afirmó Trump, sin precisar cuándo la emitiría.
El mandatario dijo que habló con el fiscal general, William Barr, con quien discutió las diversas “avenidas” legales de la Administración para incluir la pregunta.
Al delinear sus razones, Trump dijo que su Administración la requiere para la demarcación de distritos electorales. Sin embargo, ese no fue el argumento que usó ante el Tribunal Supremo, y la Constitución tampoco la requiere.
Más adelante, durante una audiencia ante el juez federal George Hazel, en Maryland, abogados del Departamento de Justicia presentaron documentos para aclarar que no han abandonado los esfuerzos por incluir la pregunta en el censo decenial.
"Se le ha pedido a los departamentos de Justicia y Comercio que reevalúen todas las opciones disponibles tras la decisión del Tribunal Supremo" y cualquier decisión nueva respecto a la pregunta de ciudadanía será la definitiva, precisaron los abogados en su documento.
Si la Administración encuentra la vía legal para incluir la pregunta, entonces presentará una moción ante el Tribunal Supremo para que se añada a los formularios, precisó el documento.
Sin embargo, los abogados reconocieron que cualquier decisión final del gobierno podrá ser impugnada por los demandantes.
Los esfuerzos de Trump lo ponen en directo enfrentamiento con el Tribunal Supremo, que el jueves de la semana
pasada bloqueó temporalmente la inclusión de la pregunta, al considerar que los argumentos que utilizó la Administración eran insuficientes.
La máxima corte del país devolvió el asunto a un tribunal federal en Nueva York, que estudia una de varias demandas contra la Administración. La del tribunal de Maryland evalúa si hubo intención de discriminar contra las minorías.
La Administración Trump ha dicho que quiere la pregunta para hacer valer la “Ley del Derecho al Voto”, pese a que la Constitución exige un conteo nacional cada diez años sin importar el estatus migratorio o de ciudadanía de los habitantes.
La situación se complicó para la Administración Trump tras la reciente revelación de que el estratega republicano, Tom Hofeller, fallecido el año pasado, propuso en 2015 que se incluyera la pregunta sobre ciudadanía para perjudicar a los demócratas en distritos con alta población inmigrante.
Tanto la Oficina del Censo como varios centros de estudios han advertido de que la pregunta desalentaría la participación de minorías y hogares inmigrantes, dejando fuera a más de seis millones de personas.
Es que, según activistas de grupos cívicos y funcionarios de 18 estados, los hogares corn inmigrantes indocumentados no participarían en el censo por temor a que su información sea compartida con “la migra”.
Los resultados del censo determinan el desembolso de fondos federales para un amplio gama de programas sociales; la demarcación de distritos electorales, y la representación política en el Congreso.
Un conteo impreciso o a la baja afectaría a las comunidades que reciben esos fondos, y su representación política, lo que potencialmente favorecería a republicanos.
El martes pasado, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, había dicho el Departamento de Comercio, del que depende la Oficina del Censo, comenzaría a imprimir los formularios sin la pregunta.
Aparentemente frustrado con Ross por ceder tan fácilmente, Trump dijo en Twitter el miércoles y jueves pasados que su Administración “absolutamente” continuaría los planes de incluirla en el Censo de 2020.
Su mensaje no sólo tomó por sorpresa a los departamentos de Comercio y Justicia sino que generó caos, ya que los abogados tuvieron que trabajar ayer, durante el feriado del “Día de la Independencia” para explorar las opciones.
Aunque el Departamento de Comercio comenzó a imprimir los formularios sin la pregunta, la fijación de la Administración Trump sobre el asunto augura una larga batalla legal en las próximas semanas.
Grupos como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) y la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO) han prometido mantener la resistencia contra la inclusión de la pregunta.
"Desastre" para el Censo
En declaraciones a Noticias Telemundo, Arturo Vargas, principal ejecutivo de NALEO, dijo que la Administración tendrá que admitir que en realidad tuvo otra razón para incluir la pregunta y "será difícil que un tribunal acepte la solicitud".
"Esto es un desastre para la Oficina del Censo, porque no cumplieron con su propio plazo con los formularios y, con cualquier cosa que cambie ahora, no estarían a tiempo de realizar el Censo", explicó Vargas.
Una ley federal exige que el censo decenial se realice el 1 de abril, y una prolongada batalla legal pondría trabas al proceso y aumentaría los costos.
"Ya no les queda más tiempo, y se están contradiciendo a cada paso. Sabemos que el secretario Ross y el gobierno han estado mintiéndole al tribunal, al Congreso, y al pueblo estadounidense, y el presidente Trump parece estar demostrando el verdadero propósito de esto: una manipulación partidista del Censo", argumentó.
Vargas dijo que, sin importar el desenlace de la batalla legal, su grupo seguirá luchando "para que todo latino sea contado".
"Creemos en la Constitución y creo que nos corresponde defenderla y es lo que haremos", prometió Vargas.