El año pasado, más de 5.000 venezolanos fueron asesinados durante las operaciones de las fuerzas de seguridad del Gobierno de Nicolás Maduro.
Los registros oficiales indican que se trató de casos en los que hubo “resistencia a la autoridad”, pero la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dijo en su informe que presentó este jueves que se trataba de un número “sorprendentemente alto” de ejecuciones extrajudiciales.
El informe de Bachelet sobre la situación política y la violencia en el país caribeño durante los últimos 18 meses se basó en más de 550 entrevistas con defensores de los derechos humanos, víctimas y testigos, entre otras fuentes, reportó la agencia de noticias The Associated Press.
Además, Bachelet y su equipo se reunieron 160 veces con representantes del Estado y otras partes interesadas. La expresidenta socialista de Chile también se reunió con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, el mes pasado.
En total, en 2018 las autoridades venezolanas registraron 5.287 asesinatos durante las operaciones de seguridad, que se clasificaron como casos de “resistencia a la autoridad”, más otros 1.569 en lo que va de este año hasta el 19 d mayo.
En el informe también si citaron las cifras recabadas por el independiente Observatorio de Violencia de Venezuela de al menos 7.523 asesinatos de ese tipo el año pasado, y otros 2.124 de enero a mayo de este año.
"La incidencia de presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, particularmente las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones de seguridad ha sido inusualmente alta", dijo la oficina de Bachelet.
Los entrevistados se refirieron sistemáticamente a FAES como "escuadrón de la muerte" o "grupo de exterminio". Y organizaciones no gubernamentales culparon a las FAES de cientos de asesinatos.
Entre las más de 20 recomendaciones sobre temas como garantizar la libertad de los medios de comunicación y brindar atención médica adecuada, destacó el exhorto a desarmar y disolver a los grupos armados progubernamentales conocidos como ‘colectivos’.
El informe de un observador imparcial como la ONU se lleva a cabo en una circunstancia de división entre la comunidad internacional. Más de 50 países, incluido Estados Unidos, han desconocido a Maduro como el legítimo gobernante, y en su lugar han reconocido el mandato interino del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
Sin embargo, la transición no se ha llevado a cabo y, en los hechos, Maduro ha permanecido en el poder.
La reacción de Maduro fue criticar el informe, tachándole de imparcial y acusándolo de presentar una "versión distorsionada" de las condiciones reales.
"Hay innumerables inexactitudes, errores, hechos sacados de contexto y afirmaciones falsas", dijo.
Los funcionarios venezolanos insistieron en que el informe pasaba por alto las visitas de los observadores de las Naciones Unidas en marzo a cárceles, hospitales, programas de vivienda pública y centros de distribución de medicamentos y alimentos, y dijo que "omite en su totalidad los logros y avances" por el país en los derechos humanos.
La ONU estima que más de 4 millones de venezolanos han emigrado del país a causa de la crisis económica, social y política. La mayoría han huido a los países vecinos de Colombia, Brasil y Perú, donde su incorporación ha planteado severos desafíos.
El informe destacó los temas de la crisis venezolana: los efectos de las sanciones internacionales contra el gobierno de Maduro, un sistema de atención de salud precario, enfermedades en aumento, escasez de alimentos y las tensiones causadas por una inflación descontrolada.
Asimismo, trató la represión de los opositores políticos, las detenciones arbitrarias y los casos de tortura, incluidas las descargas eléctricas, la asfixia con bolsas de plástico y agua en la cara, y la violencia sexual.
"Tenemos el compromiso del gobierno de trabajar con nosotros para resolver algunos de los problemas más espinosos, incluido el uso de la tortura y el acceso a la justicia, y permitirnos el acceso total a los centros de detención", dijo Bachelet en un comunicado.
"Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin temor y con acceso a alimentos, agua, atención médica, vivienda y otras necesidades humanas básicas", agregó.
Tamara Taraciuk Broner, investigadora principal de las Américas en la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch, elogió el informe por exponer violaciones de derechos humanos como el uso excesivo de la fuerza, la tortura y los asesinatos extrajudiciales.
Pero dijo que había fallado en no solicitar una comisión para investigar las violaciones e instó a Bachelet a establecer claramente la responsabilidad del gobierno en la profundización de la crisis humanitaria, reportó The Associated Pres.
Bachelet tiene previsto presentar su informe el viernes ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, donde Venezuela tendrá el derecho de respuesta.