La medida hubiera supuesto el encierro de miles de solicitantes de asilo por seis meses, o más, sin que el gobierno tuviera que demostrar que sus detenciones estaban justificadas. “La corte ratificó que los solicitantes de asilo tienen el derecho a evitar las detenciones arbitrarias”.
Una jueza federal en Seattle, Washington, bloqueó este martes una política de la Administración Trump que mantendría a miles de solicitantes de asilo detenidos mientras se deciden sus casos, y señaló que la Constitución otorga a estos migrantes la oportunidad de ser puestos en libertad. Así, la jueza Marsha Pechman falló que las personas detenidas después de entrar en EEUU para pedir protección tienen derecho a audiencias de fianza.
La decisión de Pechman responde a una demanda entablada por grupos a favor de los inmigrantes luego de que el fiscal general William Barr anunciará en abril pasado que el gobierno no ofrecería más audiencias de fianza y que mantendría bajo custodia a los solicitantes de asilo, con el fin de disuadir el flujo migratorio en la frontera sur.
La magistrada dijo que, como personas que ingresaron a Estados Unidos y que fueron detenidas aquí, tienen derecho al debido proceso que ofrece la Quinta Enmienda constitucional, incluyendo “una añeja prohibición en contra de la detención civil indefinida sin la oportunidad de probar su necesidad”.
En su fallo, Pechman dijo que el gobierno debe otorgar audiencias de fianza en un lapso no mayor a siete días a cualquier inmigrante que haya demostrado temor creíble de persecución o tortura en caso de volver a su país de origen. De no obtener una audiencia dentro de ese lapso, los solicitantes de asilo deben ser liberados.
Pechman también señaló que la presión en esas audiencias debe estar sobre el gobierno, que debe demostrar que es necesario mantener detenidos a los solicitantes de asilo porque representan un riesgo de escapar o para la seguridad pública.
Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP), la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y American Immigration Council fueron las organizaciones que interpusieron la demanda para bloquear la política, la cual estaba programada para entrar en vigor el 15 de julio.
“La corte ratificó lo que se había establecido desde hace décadas: que los solicitantes de asilo que entran a este país tienen el derecho a evitar las detenciones arbitrarias”, dijo Matt Adams, director legal de Northwest Immigrant Rights Project. "Miles de solicitantes de asilo podrán seguir siendo liberados bajo fianza, mientras buscan protección contra la persecución y la tortura", agregó en un comunicado.
La medida hubiera supuesto el encierro de miles de solicitantes de asilo por seis meses, o más, sin que el gobierno tuviera que demostrar que sus detenciones estaban justificadas, violando el derecho de estas personas al debido proceso, alegaron los grupos.
En general, cerca de la mitad de los solicitantes de asilo que obtienen una audiencia de fianza son puestos en libertad.
Durante los últimos 50 años, el gobierno les ha dado a estos solicitantes de asilo audiencias de fianza ante jueces migratorios, donde pueden argumentar que deben puestos en libertad ya que no representan un riesgo de fuga ni una amenaza a la sociedad, señalaron los grupos ante el tribunal.
Esto les brinda a los solicitantes de asilo una oportunidad para reunirse con familiares en Estados Unidos y encontrar abogados que lleven sus casos, lo que aumenta las posibilidades de éxito.
Por su parte, el abogado de ACLU Michael Tan aseguró que "por más que intente, la administración Trump no puede eludir la Constitución en su esfuerzo por disuadir y castigar a los solicitantes de asilo que piden protección".
Para la abogada de American Immigration Council Trina Realmuto, la decisión protege a muchos solicitantes de asilo de "los esfuerzos ilegales" del fiscal general Barr.
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