WASHINGTON.— Varios candidatos presidenciales demócratas han prometido que, de ganar la Casa Blanca, eliminarán las prisiones privadas para inmigrantes, mientras éstas han aumentado sus donaciones políticas para los comicios generales del próximo año.
La negligencia y abuso de inmigrantes en centros de detenciones en la frontera sur ha puesto bajo la lupa también a las prisiones privadas, que lucran con la política de “mano dura” contra los inmigrantes indocumentados del presidente, Donald Trump.
Las empresas que administran cárceles privadas -no solo para inmigrantes sino para el resto de la población penitenciaria- han generado desde su inicio mala publicidad por informes de maltrato y mala gestión.
Pero estas compañías, incluyendo CoreCivic y GeoGroup, han hecho caso omiso a las críticas y, por el contrario, han incrementado sus donaciones a ambos partidos, en particular a legisladores republicanos, según centros de estudio que rastrean el dinero en el sistema político del país.
Según el grupo “Followthemoney.org”, en 2018 estas empresas privadas hicieron donaciones por poco más de $3,5 millones, manteniendo su tendencia al alza de los últimos años.
“Absolutamente hemos visto una creciente tendencia; estas donaciones políticas comenzaron mucho antes de que el presidente Trump llegara al poder, pero se dispararon después, y con seguridad estas cifras aumentarán”, dijo a Noticias Telemundo Edwin Bender, director ejecutivo de “Followthemoney.org”.
“Yo anticipo que las donaciones para 2020 van a eclipsar la cifra de $3,5 millones significativamente”, vaticinó Bender.
Según su grupo, las donaciones de las empresas carcelarias han aumentado paulatinamente en la última década, de poco más de un millón de dólares en 2008, a $2,5 millones en 2010, y a $3,5 millones el año pasado.
Por su parte, el “Centro para Políticas Responsables” indicó en un análisis que entre 2017 y 2018, empresas como GeoGroup, CoreCivic, Management and Training Corp, y Tindall Corp, donaron en su conjunto poco más de $1,95 millones a candidatos federales, partidos y grupos políticos.
En el ciclo electoral de 2016, las donaciones totalizaron $1,6 millones, casi el triple de las registradas en 2014, y más del doble de las entregadas para los comicios presidenciales de 2012.
De las donaciones de 2016, el 85% fue a parar a manos de candidatos republicanos, un porcentaje mucho más alto que en ciclos electorales anteriores. Desde 1990, las empresas carcelarias han destinado el 73% de sus donaciones a republicanos, según ese análisis.
En declaraciones a Noticias Telemundo, Tom Jawetz, analista de asuntos migratorios del “Centro para el Progreso Estadounidense” (CAP, por su sigla en inglés), señaló que, coincidencia o no, las donaciones de estas empresas a líderes del Congreso y demás candidatos federales han aumentado a la par del aumento en el encarcelamiento de inmigrantes.
Cuando el entonces presidente Barack Obama prometió eliminar los contratos a empresas privadas, las acciones de éstas bajaron en la Bolsa, pero cuando Trump fue elegido en 2016, volvieron a subir y continúan en aumento, señaló Jawetz.
Promesas demócratas
Ahora, varios candidatos presidenciales demócratas, entre éstos el senador Cory Booker, la senadora Elizabeth Warren, y el exsecretario de Vivienda, Julián Castro, han prometido eliminar las cárceles privadas como parte de su política migratoria.
“Creo que es alentador que varios candidatos han abordado directamente este asunto, no solo por adoptar una buena política pública sino también por responsabilidad fiscal. Por asuntos de ética y responsabilidad social, además, no es aceptable que las empresas privadas se estén lucrando del encierro de miles de personas”, dijo Jawetz.
“Cuando veo el plan de Warren, por ejemplo, no sólo me interesa que prometa eliminar estos contratos privados sino también que recomienda incrementar la transparencia y rendición de cuentas de estas empresas carcelarias”, agregó.
“Cuando se construye una instalación carcelaria, se llenará… pero creo que lo que hace falta es una reforma respecto a la detención de inmigrantes, así como hemos tenido el inicio de una reforma del sistema de justicia criminal, y creo que una futura administración tendrá una enorme capacidad de encaminarnos hacia políticas más sensibles”, argumentó.
Sin embargo, aún suponiendo que un demócrata gana la Casa Blanca en 2020, las empresas carcelarias están tan arraigadas en el sistema de prisiones del país -no sólo con sus instalaciones físicas sino también como proveedores de servicios de logística, transporte y cuidado médico - que no desaparecerían “de la noche a la mañana”, advirtió Bender.
“Les pagan por cada cama en esos centros de detención, las llenen o no. Estas empresas están obteniendo ganancias a manos llenas, con contratos en todos los niveles del gobierno que se extienden por varios años. Tardarían años en desaparecer”, explicó el experto.
GeoGroup se defiende
En un extenso correo electrónico enviado a Noticias Telemundo, Pablo Paez, vicepresidente ejecutivo para relaciones corporativas de GeoGroup, dejó en claro que la empresa no está implicada en absoluto con el escándalo por el maltrato de menores en hacinados centros de detención de la Patrulla Fronteriza.
GeoGroup nunca ha estado a cargo de los centros de detención para menores no acompañados ni de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, y tampoco ha proveído servicios vinculados con la separación de familias en la frontera sur, precisó Paez.
“Durante más de 30 años, hemos ofrecido servicios de alta calidad al gobierno federal, bajo gobiernos demócratas y republicanos, y GEO ha tenido una larga alianza con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y su agencia antecesora, desde la década de 1980… los centros de procesamiento que administramos para ICE no tienen problemas de hacinamiento y cumplen con las normas” federales, enfatizó Paez.
Por ahora, la Administración Trump ha hecho caso omiso al llamado de líderes demócratas del Congreso, y grupos cívicos afines, de adoptar alternativas menos costosas y “más humanas” a la detención de inmigrantes.
“Por qué no lo hacen es la pregunta de $64 millones… si eres un conservador en temas fiscales, con lápiz afilado, no tiene sentido gastar dinero en cárceles privadas que cobran más por cada detenido, en vez de adoptar opciones menos costosas”, observó Bender.
“Desde el punto de vista político, aparentemente sí tiene sentido, y estas empresas, que han aumentado su actuación en la Bolsa en los últimos años, seguirán implicados” en el negocio de la detención de inmigrantes, afirmó Bender.
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