WASHINGTON.— El Gobierno federal publicó hoy martes un “reglamento final” que dará al fiscal general, William Barr, más poder para moldear la política migratoria, especialmente en torno a los casos de asilo que se presenten ante la Junta de Apelaciones Migratorias (BIA, por su sigla en inglés).
El reglamento final fue elaborado por la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR) del Departamento de Justicia, y entrará en vigor el próximo 3 de septiembre. El documento, que en realidad reactiva un reglamento de 2008, básicamente permite que el fiscal general pueda designar ciertas decisiones emitidas por la BIA para sentar precedente en las leyes migratorias.
El reglamento es producto de una extensa revisión al proceso de adjudicación de casos en los tribunales de Inmigración, que inició en 2006 el entonces fiscal general, Alberto Gonzales, durante la Administración Bush.
Lo que cambia respecto al reglamento de 2008 es que las decisiones de la BIA, que hasta ahora no son publicadas -y por lo tanto no vinculantes en todo el sistema- antes podían ser designadas para sentar “precedente” pero sólo a través de un voto de la mayoría de los 21 miembros de la junta.
Más poderes para Barr
En declaraciones a Noticias Telemundo, dos expertas legales advirtieron hoy del peligro que supone dar al fiscal general tanto poder unilateral, sin siquiera realizar consultas con otras partes interesadas en un proceso justo.
“Es un grave error permitir que el fiscal general pueda, de un solo plumazo, designar de forma expedita las decisiones (de la BIA) para sentar precedente de la noche a la mañana, sin notificar al público”, afirmó Laura Lynch, abogada sénior de la Asociación de Abogados de Inmigración Estadounidenses (AILA, por su sigla en inglés).
"Esto podría reescribir las leyes de inmigración o moldear su interpretación... es otro ejemplo de cómo el Departamento de Justicia está explotando los fallos estructurales del sistema migratorio", agregó.
"Esto podría implicar decisiones negativas para solicitantes de asilo y sentar precedente para casos futuros", enfatizó Lynch.
Por su parte, Sarah Pierce, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI, por su sigla en inglés), explicó que el reglamento “expande significativamente la autoridad legal que tiene el fiscal general sobre el sistema de tribunales de Inmigración”.
“El fiscal general ya tiene el poder de adjudicarse casos, revisarlos y emitir nuevas decisiones que puedan alterar la jurisprudencia”, o precedentes legales, explicó Pierce.
Pero ahora, bajo el nuevo reglamento, basta con que Barr quiera unilateralmente cambiar la decisión que haya tomado la BIA en un caso en particular y obligar a los tribunales de Inmigración a ceñirse al precedente de su dictamen.
Además, Barr también podría, según Pierce, incluso seleccionar de entre más de 30,000 dictámenes que la BIA emite cada año sin publicarlas, y designarlas como “vinculante”.
“Como el tribunal de apelaciones emite tantas decisiones en un amplio rango de temas, esto le dará al fiscal general el poder de efectuar un impacto duradero en las leyes migratorias, al seleccionar casos que estén en línea con sus preferencias políticas”, advirtió Pierce.
Normalmente, del total de dictámenes que emite la BIA, la entidad sólo publica un promedio de menos de 30 casos al año, según datos del Departamento de Justicia.
El reglamento le permite a Barr saltarse el proceso normal de revisión de los casos ante la BIA, dándole incluso más control que el que tienen los jueces.
Eso preocupa a defensores de los derechos de los inmigrantes porque, tomando en cuenta la retórica incendiaria de la Administración Trump, Barr podría revertir decisiones de la BIA para cimentar la política migratoria del presidente Donald Trump.
Un funcionario de alto rango del Departamento de Justicia, que pidió el anonimato, dijo en una conferencia telefónica con periodistas que el reglamento tiene el objetivo de ayudar a los tribunales de Inmigración a funcionar “lo más eficiente o eficaz posible”.
El ejemplo de Sessions
El antecesor de Barr, Jeff Sessions, ya había recurrido el año pasado a esta autoridad al adjudicarse a sí mismo la revisión y resolución de al menos tres casos, con grandes repercusiones para miles de extranjeros.
De forma vinculante, Sessions restringió la flexibilidad e independencia de los jueces de Inmigración para resolver casos de asilo o emitir órdenes de deportación. Sessions eliminó el acceso al asilo para víctimas de violencia doméstica o violencia de pandillas.
En enero del año pasado, por ejemplo, Sessions se adjudicó el caso “Castro-Tum”, relacionado con la capacidad de los jueces para recurrir al “cierre administrativo” de casos para aliviar la montaña de casos retrasados en los tribunales.
Sessions determinó entonces que, por lo general, los jueces no podrían cerrar casos por la vía administrativa, especialmente en casos que durante la Administración Obama fueron baja prioridad para la deportación.
Su dictamen tuvo el efecto de reducir la discreción con que contaban los jueces para cerrar casos, o postergarlos hasta nueva fecha según las prioridades de los tribunales.
De hecho, en el primer año de la Administración Trump, la EOIR sólo registró 20,000 casos de “cierres administrativos”.
En la actualidad, se calcula que hay más de 900,000 casos pendientes de resolución en los tribunales de Inmigración.
Dos meses después, Sessions revirtió un dictamen de la BIA de tal manera que, contrario a lo que ordenó la junta, los jueces de Inmigración puedan rechazar casos de asilo sin programar primero una audiencia.
En su momento, Sessions fue objeto de fuertes críticas de diversos grupos defensores de los inmigrantes por la opacidad con la que manejó los casos.
Nadie disputa que el fiscal general, que supervisa los tribunales de Inmigración, pueda sentar precedente en el campo migratorio, pero este reglamento ahora cimenta una figura legal que raras veces se utilizó en el pasado, según observadores.
Tanto AILA como la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) han presionado para que el Congreso apruebe una ley que quite a los tribunales del paraguas del Departamento de Justicia y les dé mayor independencia jurídica.