La nueva ley migratoria de Florida, el tercer estado con más indocumentados EEUU, ya está en vigor. Se trata de una de las más estrictas contra las ciudades “santuario”, que son las que rechazan colaborar activamente con las autoridades federales de migración en el proceso de deportación de personas en situación irregular.
Esta ley, la SB-168, prohíbe la existencia de esos sitios más protectivos para los inmigrantes, aunque no hay ninguna jurisdicción que se haya declarado como tal en Florida. La norma va incluso más lejos, porque exige a todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de policía a poner en práctica la ley federal de inmigración y también a trabajar con agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para detener y deportar a los inmigrantes.
En esa colaboración se incluyen los polémicos detainers, o pedidos, de ICE, que sirven para que se mantenga en las cárceles para deportación a las personas detenidas. Muchas veces se justifica esta petición con el hecho de que el indocumentado ha cometido alguna infracción menor, aunque no exista una orden al respecto de un juez o un fiscal. Están eximidos de los detainers las víctimas o testigos de delitos.
La ley entró en vigor este lunes, tras ser aprobada entre abril y mayo y firmada por el gobernador de Florida, el republicano Ron De Santis, el mes pasado. Pero las autoridades tienen tres meses de tiempo para empezar a cumplir la obligación de colaborar con ICE. Si no respetan el plazo, las jurisdicciones podrán ser sancionadas.
La comunidad inmigrante de Florida es una de las más numerosas de todo EEUU. Según las estadísticas, uno de cada cinco habitantes de este estado procede de otro país, siendo las de Cuba, Venezuela, México o Perú algunas de las nacionalidades con más representación. El centro de investigación Pew cifró en 825.000 los indocumentados que viven en el estado.
La nueva ley ha suscitado entre la población migrante gran preocupación. Nery L., por ejemplo, contó a la agencia de noticias EFE que teme que por la SB-168 sus familiares y amigos sean "criminalizados cada vez que conducen para ir al trabajo o llevan a sus hijos a la escuela".
Thomas Kennedy, el director político de la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC), un grupo de activistas en favor de los derechos de los inmigrantes, afirmó este lunes que están colaborando con la organización Southern Poverty Law Center (SPLC) para demandar al Gobierno estatal por esta ley.
Los activistas empezaron a trabajar en esa acción judicial en primavera, al darse cuenta de que los republicanos iban a aprobar una medida que haría inevitable una "batalla" en las cortes. Kennedy no dio más detalles al respecto de la demanda que tienen previsto realizar.
Para SPLC, la SB-168 viola la Cuarta Enmienda de la Constitución, que "prohíbe la captura sin razón" y anticipa "costosos litigios" a las autoridades locales por mantener detenidos a los inmigrantes sin orden judicial.
Al mismo tiempo, grupos de defensa de los derechos civiles y de los inmigrantes llevan a cabo una tarea informativa dirigida a los indocumentados, con la que les recuerdan que, sea cual sea su estatus migratorio, tienen derechos constitucionales.
Por ello, destacan que ningún policía debe preguntar sobre la situación migratoria de las personas y les recuerdan que pueden permanecer en silencio y no contestar a los agentes, pedir la asistencia de un abogado y negarse a abrir la puerta de su casa.
La aprobación de la nueva ley fue objeto de amplio debate en el Senado y en la Cámara de Representantes de Florida. De acuerdo a medios locales, a lo largo del periodo de sesiones se hicieron en ambas cámaras 244 enmiendas a la iniciativa, en una gran mayoría ingresadas por los demócratas que buscaban también eximir del cumplimiento de la inminente ley a las escuelas, personal de emergencias y bomberos.
Mientras que en Florida entraba en vigor esta nueva norma, el presidente, Donald Trump, volvió a amenazar con poner en marcha unas redadas masivas contra los inmigrantes indocumentados para expulsarlos del país. “Después del 4 de julio [día festivo nacional], mucha gente va a tener que salir”, aseguró este lunes en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
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