WASHINGTON.— Desde que el presidente, Donald Trump, asumió el poder en enero de 2017, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) ha aumentado drásticamente sus operaciones policiales al interior de EEUU, ensañándose con las mujeres, inmigrantes sin condenas criminales y hasta ciudadanos estadounidenses, según un informe divulgado este lunes.
El análisis del "American Immigration Council", realizado con datos obtenidos mediante una demanda, comparó las cifras durante el último año de la Administración Obama y la primera parte de la Administración Trump, y determinó que el cambio de prioridades policiales bajo el nuevo gobierno ha producido un paulatino aumento en arrestos y deportaciones al interior de Estados Unidos.
El grupo analizó poco más de 1,2 millones de “encuentros” o revisiones de agentes de ICE con extranjeros para determinar su estatus migratorio, 381.370 arrestos y 650.944 deportaciones entre enero de 2016 y septiembre de 2018.
El análisis indicó que, en el último año de la Administración Obama y el primer año de la Administración Trump, más del 86% de las deportaciones fue de personas sin condenas criminales o únicamente condenas por delitos no violentos, lo que contrasta con la retórica del gobierno de deportar a “peligrosos” pandilleros y criminales.
Así, el documento también dejó en claro que, desde el inicio de la Administración Trump, los agentes de ICE aparentemente tampoco han tenido cautela al cuestionar incluso a ciudadanos estadounidenses.
Según el documento, el número de arrestos de inmigrantes indocumentados subió en un 44% en el año fiscal 2018 respecto al de 2016, mientras que el número de arrestos en las comunidades incrementó de 30.348 ese año a 40.066 en 2017.
Asimismo, el número de deportaciones tras un arresto de ICE subió de 65.322 a 95.360, es decir un incremento del 46% durante ese periodo.
Buena parte de los inmigrantes arrestados y deportados entre 2016 y 2018 fueron de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Haití, aunque durante la Administración Trump ha habido un incremento en el número procedente de los países del “Triángulo del Norte” de Centroamérica.
El informe fue divulgado en unos momentos en que el presidente ha renovado su amenaza de realizar más redadas contra personas con órdenes de deportación finales, y exige que el Congreso elimine las “lagunas legales” -protecciones humanitarias bajo el derecho internacional- que según su gobierno alientan la emigración ilegal desde Centroamérica.
El Congreso además prevé iniciar pronto el debate sobre la solicitud presupuestaria para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para el año fiscal 2020.
“Feminización” de arrestos
Durante una conferencia telefónica, varios expertos señalaron que no cabe duda de que la Administración Trump ha adoptado una política “indiscriminada” que ha afectado tanto a extranjeros como a ciudadanos, y ha agravado la situación de grupos vulnerables.
“Lo que encontramos es que, proporcionalmente, ICE detuvo y arrestó a más mujeres durante la primera parte de la Administración Trump que la última parte de la Administración Obama” debido en parte a la eliminación de las prioridades y “discreción procesal” de la agencia, explicó Emily Ryo, profesora de leyes de la Universidad del Sur de California.
“En el pasado, las mujeres figuraban entre los individuos que no eran prioridad (para ICE), pero un creciente número podrían ahora encarar acciones policiales”, incluso mediante “arrestos colaterales” en los que el verdadero blanco de la agencia era otra persona, agregó.
Una gráfica incluida en el informe da cuenta de que, entre enero de 2017 y septiembre de 2018, la Administración Trump registró leves aumentos en cuanto a la revisión, arresto y deportación de mujeres migrantes.
Ryo destacó además que el número de “encuentros” de ICE con ciudadanos estadounidenses en el primer año de la Administración Trump fue de 27.540, en comparación con los aproximadamente 5,940 ciudadanos en el último año de la Administración Obama.
Es decir, ciudadanos estadounidenses también han quedado atrapados en las redes de ICE pero, según Ryo, la cifra podría ser mayor porque en muchos formularios los datos sobre ciudadanía estaban incompletos.
La tendencia preocupó a los autores del informe, quienes advirtieron de que ciudadanos estadounidenses que parecieran “deportables” son, cada vez con más frecuencia, vulnerables a una discriminación racial y a acciones policiales de ICE.
Por su parte, Guillermo Cantor, director de investigaciones de AIC, señaló que entre 2016 y 2017 hubo un aumento en las cifras de arrestos mensuales, mientras que en 2018 la cifra permaneció relativamente estable.
El número de deportaciones en 2017 fue inferior al de 2016, pero a partir del año pasado, la cifra se disparó.
Más del 70% de los “encuentros” de ICE con extranjeros y más del 60% de los arrestos se realizaron a través del “Programa de Extranjeros Criminales”, aunque el gobierno continúa apoyándose en los más de 90 acuerdos "287g", en los que autoridades locales y estatales colaboran en la identificación y deportación de inmigrantes indocumentados encarcelados.
Pese a que la mayoría de los acuerdos “287g” en vigor fueron suscritos a partir de enero de 2017, el informe destacó que, en general, el porcentaje de detección de inmigrantes indocumentados a través de esos acuerdos disminuyó casi un 12% en el primer año de la Administración Trump, con un total de 25,424, en comparación con 28,865 en el último año de Obama.
Cantor afirmó que falta ver si la Administración Trump superará a la de Obama respecto a deportaciones pero, a juzgar por las tendencias delineadas en el informe, es muy probable que sí supere las cifras.
Jorge Loweree, director de política de AIC, dijo que el informe subraya la urgencia de que el Congreso ejerza aún más su “autoridad constitucional” para supervisar las acciones de ICE al interior del país y exigir que la Administración rinda cuentas por la forma indiscriminada en que realiza las operaciones policiales.
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