El presidente, Donald Trump, ha insistido en que el sistema de asilo político en el país no funciona. En su mira está el permiso de los inmigrantes que piden asilo y que pasan la entrevista de miedo creíble a solicitar una audiencia de fianza, para poder continuar su proceso migratorio en libertad.
Sin el derecho a audiencia, hasta 40.000 inmigrantes que se encuentran bajo custodia podrían pasar seis meses o más en centros de detención, sin que el Gobierno deba justificar por qué no pueden ser liberados, reportó la agencia de noticias The Associated Press.
Este viernes, los defensores de los derechos de los inmigrantes han desafiado en las cortes la medida, aprobada por la administración Trump en abril y que entraría en vigor el 15 de julio.
El fiscal general William Barr la había anunciado entonces como una medida para disuadir a los migrantes, que han llegado a la frontera sur en números que no se habían visto en los últimos diez años.
Durante los últimos 50 años, el gobierno ha permitido a los solicitantes de asilo que pasan su entrevista de miedo creíble de persecución o tortura si son devueltos a su país de origen, la posibilidad de acudir a una audiencia de fianza con un juez de inmigración, según documentos de la corte presentados por la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).
Eso les da una oportunidad a los solicitantes de asilo de reunirse con sus familiares en Estados Unidos y con abogados que los pueden ayudar a presentar su solicitud, lo que aumenta sus probabilidades de que la aprueben.
"La nueva política de los demandados requerirá el encarcelamiento de miles de personas que no representan ningún riesgo de huida ni peligro alguno para la comunidad", dijo Matt Adams, director legal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, a la jueza de distrito Marsha Pechman. "Todos y cada uno de ellos se enfrentan a un daño drástico si no tienen la oportunidad de presentarse para una audiencia de fianza".
Por lo general, casi la mitad de los solicitantes de asilo que reciben audiencias de fianza se liberan de la custodia.
Los demandantes quieren que la juez impida que la nueva política entre en vigor mientras desafían su legalidad. Pechman hará saber su decisión la próxima semana.
Trump ha dicho que está decidido a acabar con la política de “capturar y liberar” a los migrantes en la frontera. Y ha acusado a los inmigrantes de hacer declaraciones falsas y frívolas para manipular un sistema que considera que no sirve.
La demanda, una acción de clase a nivel nacional, comenzó como un desafío a la separación de las familias en la frontera, bajo la política de tolerancia cero de Trump. Pero sus demandas legales se han transformado a medida que las políticas del gobierno han cambiado.
Por ello, el Departamento de Justicia ha centrado muchos de sus argumentos en cuestiones de procedimiento, insistiendo en que la protección de clase que buscan los grupos de derechos de los inmigrantes no está disponible bajo la ley federal de inmigración.
El gobierno también dice que los demandantes nombrados, incluidas las mujeres de Honduras y El Salvador que fueron separadas de sus hijos en la frontera, carecen de legitimidad para impugnar la nueva política, porque a todas se les concedieron audiencias de fianza y fueron puestas en libertad.
"Ninguno de los demandantes nombrados ha mostrado ningún daño aquí", dijo el abogado del Departamento de Justicia, Lauren Bingham, al juez.
El Departamento de Justicia también argumentó que la nueva política es una interpretación legítima de una ley federal, que dice que si los oficiales de inmigración determinan que los inmigrantes tienen un temor creíble de persecución, "serán detenidos para una mayor consideración de la solicitud de asilo".
No obstante, los solicitantes de asilo en detención todavía tienen otra opción para salir libres: una solicitud a un oficial de inmigración de libertad condicional.
Los grupos de derechos de los inmigrantes dicen que tales solicitudes rara vez se otorgan bajo la administración Trump y no son un sustituto para las audiencias de fianzas ante investigadores independientes.
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