El Tribunal Supremo falló hoy en contra de la polémica pregunta sobre la ciudadanía incluida en el censo de 2020, al considerar que la Administración del presidente, Donald Trump, no dio una razón adecuada para agregarla.
La propuesta del Gobierno de Trump rechazada hoy por el Supremo, en una votación donde cinco jueces se pronunciaron en contra de ella y cuatro a favor, contemplaba que el cuestionario del censo incluya una pregunta sobre el estatus legal de los residentes, una medida que organizaciones civiles tachan de "racista y discriminatoria".
"Las pruebas cuentan una historia que no coincide con la explicación que dio el Secretario de Comercio, Wilbur Ross, de su decisión", escribió el magistrado John Roberts en el fallo.
Los jueces del máximo tribunal solicitaron al Departamento de Comercio, encargado de elaborar el censo, que proporcionen otra explicación sobre la inclusión de esa pregunta.
Por lo tanto, la decisión del Tribunal no termina esta disputa legal, que podría prolongarse durante gran parte del verano, poniendo en peligro el calendario para imprimir el cuestionario del censo.
El Ejecutivo del Trump sostiene que este interrogante es fundamental para entender mejor la composición de la población, pero la oposición apunta que, en realidad, solo serviría para restar visibilidad a la comunidad inmigrante.
La medida ya había sido bloqueada por tres jueces federales, incluyendo Jesse M. Furman, de Nueva York, por considerarla ilegal.
Del censo depende el reparto de fondos federales, el trazado de los distritos electorales para la Cámara de Representantes y la representación del Colegio Electoral, el cuerpo de compromisarios encargado de elegir al presidente.
La polémica ha vivido un nuevo episodio en las últimas semanas después de que saliera a la luz un informe elaborado por Thomas Hofeller, un estratega del Partido Republicano fallecido en agosto de 2018, en el que recomendaba incluir en el censo esa consulta para así poder rediseñar los distritos electorales de manera favorable a los intereses de la formación conservadora.
La respuesta de la Administración fue desmarcarse de dicho informe -que salió a la luz tras ser hallado por su propia hija, Stephanie Hofeller Lizon, entre los papeles del estratega tras su muerte- y negar su conocimiento sobre la existencia del mismo.
Por otro lado, el diario The Washington Post reveló la existencia de una serie de documentos, también encontrados por Hofeller Lizon, que establecen que el asesor político informó de sus conclusiones a Christa Jones, la actual jefa de personal de la oficina del director del Buró del Censo, Steven Dillingham.
La población total estimada de Estados Unidos por el censo para 2017 fue de 325,7 millones, con un 14 % de inmigrantes.
El Censo, que se renueva cada diez años, es una herramienta clave a la hora de determinar el reparto de fondos federales, de asignar escaños a la cámara de representantes y a las cámaras estatales, así como fijar la representación del colegio electoral, el cuerpo de compromisarios encargado de elegir al presidente.
La elaboración del censo en EEUU, donde se calcula que viven en torno a 11 millones de inmigrantes indocumentados, actualmente se realiza sin preguntar sobre el estado legal de los encuestados ni si son ciudadanos o residentes.
Desde 1950, el censo no ha incluido ninguna cuestión sobre ciudadanía; pero el año pasado el gobierno de Trump anunció su decisión de preguntar sobre ello para poder implementar mejor la ley de derecho al voto de 1965, que prohíbe la discriminación por idioma o color de piel.
De esa forma, el ejecutivo de Trump argumentaba que la pregunta sobre ciudadanía garantizaría una "justa" participación electoral y asegura que su decisión es de carácter técnico y no político, puesto que responde a una solicitud del departamento de justicia, encargado de implementar la ley del derecho al voto.
Frente a ello, 18 estados, 15 ciudades y varias ong consideran que, en realidad, el objetivo del mandatario es invisibilizar a la comunidad latina porque, al incluir esa pregunta, muchos hispanos -ciudadanos estadounidenses o no- evitarán responder para no exponerse o exponer a sus seres queridos.
De hecho, la inclusión de la pregunta desató miedo en las comunidades donde viven personas indocumentadas porque muchos temen que la información sobre su estatus migratorio pueda ser enviada a las autoridades estadounidenses y acaben siendo deportados a sus países de origen.
De acuerdo a estimaciones de la propia oficina del Censo, unos 6,5 millones de personas podrían negarse a rellenar los cuestionarios, una cifra mayor a los habitantes de Tennessee.
La consecuencia de esa baja participación se traduciría en menos recursos para las comunidades latinas y una menor influencia política en el congreso para aquellos estados con una gran población de indocumentados, aseveran los demandantes, entre los que se incluye el estado de Nueva York.
La Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), uno de los grupos que ha demandado a Trump, temía que una baja participación de los hispanos desviara el poder político de las zonas urbanas, donde vive la mayor parte de los inmigrantes indocumentados, a las áreas rurales.
De esa forma, los demócratas temían que la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía redujera su poder político al menguar también el peso de las minorías y las poblaciones urbanas, que suelen votar por ellos.
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