Activistas dicen a Trump: la “crueldad” contra niños migrantes es una “opción inhumana”

El maltrato a niños en centros de detención en la frontera sur ha reactivado el llamado a alternativas menos costosas y más "humanas"
Imagen de archivo de migrantes cruzando la frontera entre México y Texas en marzo 2019
Imagen de archivo de migrantes cruzando la frontera entre México y Texas en marzo 2019 AP / AP

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/ Fuente: TELEMUNDO

WASHINGTON.— Estados Unidos no afronta una “invasión”  de inmigrantes centroamericanos pero la Administración Trump ha elegido la “crueldad” para lidiar con la grave crisis en la frontera sur, pese a que tiene alternativas a la detención menos costosas y “más humanas”,  denunciaron hoy activistas y expertos.

Informes de niños maltratados en un centro de detención de la Patrulla Fronteriza en Texas e imágenes de un padre y su hija ahogados al intentar el cruce ilegal por el Río Bravo se han vuelto virales y han generado la repulsa de organizaciones cívicas y religiosas en todo EEUU, que además exigen a la Administración Trump una rendición de cuentas.

Ante el caos y la improvisada respuesta del gobierno al continuo flujo de inmigrantes en la frontera sur, activistas, legisladores demócratas y expertos consultados hoy por Noticias Telemundo coincidieron en que la crisis era prevenible y que la Administración aún tiene a la mano alternativas a la detención de migrantes que, en su mayoría, piden asilo en la frontera.

“El cruel trato de esta Administración hacia los niños inmigrantes sacude la conciencia de todo estadounidense y es una mancha en la historia de EEUU. Estas condiciones insalubres y peligrosas descritas por abogados y médicos son inaceptables, no son aptas para ningún ser humano, mucho menos para un niño”, dijo la senadora demócrata por Nevada, Catherine Cortez Masto.

“El Congreso tiene que hacer lo correcto por estos niños y familias, y exigir cuentas al presidente Trump por la crisis humanitaria que él ha creado en nuestra frontera sur”, subrayó.

Alternativas a la detención

La reverenda Sharon Stanley-Rea, del grupo “Disciples Home Missions”,  afirmó que la Administración “no parece entender las raíces de esta migración”  y recurre en vez a la “crueldad como única opción”.

Stanley-Rea acaba de regresar de Honduras y El Salvador, donde escuchó de primera mano testimonios sobre cómo la inseguridad está expulsando a miles de migrantes hacia el Norte.

Según la religiosa, hay alternativas a la detención de migrantes -que está costando a diario hasta $780 por persona- y al maltrato de niños en “condiciones infrahumanas”, como por ejemplo, grilletes electrónicos para monitorear a los migrantes y que pueden costar $18 al día.

“En todo caso que una persona tiene a familiares en este país, se le debe permitir la reunificación (mientras aguardan la resolución de sus casos). Los grupos de las comunidades de fe estamos listos y dispuestos a ayudar a las personas”, afirmó.

Por su parte, Tom Jawetz, abogado y analista de asuntos migratorios del “Centro para el Progreso Estadounidense”, afirmó que “asistimos a la peor gestión y disfunción de las prácticas de inmigración” en el país.

“El año pasado vimos cómo la Administración no estaba preparada para bregar con su política de tolerancia cero en la frontera, en parte por pura maldad y en parte por incompetencia. Ahora vemos que tampoco están preparados para las redadas, dónde pondrán a los detenidos o qué harán con sus niños”, señaló Jawetz.

"Esto es un gran reto para nuestra región, que requiere acciones conjuntas para resolver la crisis de forma eficaz, duradera y humana", agregó.

Jawetz vaticinó que “continuará la disfunción y atroces muestras de crueldad” por parte de una Administración que no está atendiendo debidamente la crisis en la frontera, está minando las protecciones al debido proceso y se niega a adoptar alternativas.

Un análisis del "Centro para el Progreso Estadounidense" (CAP, en inglés) dejó en claro que EEUU “ni está siendo invadido ni afronta una crisis migratoria incontrolable”, y que el gobierno debe atender los factores de la emigración ilegal desde el “Triángulo del Norte”.

Para comenzar, la Administración debe “invertir en la paz y democracia en las Américas”, a corto y largo plazo, y comprometerse con una respuesta integral de la mano de grupos locales, nacionales, y regionales en los sectores público y privado, indicó CAP.

En su lista de deseos, el grupo instó a la Administración a que restablezca el límite anual de al 110,000 refugiados, y promueva una reforma migratoria integral.

Mientras, la Comisión de las Mujeres para Asuntos de Refugiados (WRC, por su sigla en inglés), dijo que las medidas de la Administración, lejos de disuadir la inmigración ilegal, han agravado la crisis y ponen en peligro a los niños y familias.

La Administración debe frenar la separación de familias; contratar a trabajadores sociales en la frontera para procesar y ayudar a los niños cuando salen de los centros de detención en la frontera; destinar más recursos a ampliar los albergues, y agilizar la reunificación de familias, dijo la WRC.

También debe reinstitutir el "Programa de Manejo de Casos Familiares" (FCMP, por su sigla en inglés), que se mantuvo en pie entre enero de 2016 y junio de 2017 para atender a las familias que solicitaban asilo en la frontera.

En su corta vida, el programa tuvo un costo diario de apenas $38 por familia y ayudó a 952 familias con sus trámites en cinco áreas metropolitanas, facilitándoles acceso a servicios médicos, legales y sociales. A manera de comparación, la detención de una familia de dos miembros en Dilley (Texas) cuesta alrededor de $600 al día.  

Según la WRC, logró un 99% de comparecencia de los inmigrantes en los tribunales de Inmigración. Aunque debía mantenerse durante cinco años en cinco ciudades clave, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) lo abandonó por razones políticas.

Trump ha hecho caso omiso a las recomendaciones de grupos progresistas, enfocándose en medidas favorecidas por conservadores, incluyendo la militarización de la frontera y mayores restricciones al proceso de asilo.

La Administración, además, argumenta que necesita más fondos para ampliar los centros de detención en la frontera y, en las últimas semanas, más de 2,000 niños han permanecido bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, en clara violación del llamado “Acuerdo Flores” de 1997, que prohíbe su detención por más de 72 horas.

El presidente Donald Trump ha amenazado con vetar un proyecto de ley aprobado ayer por la Cámara de Representantes, que autoriza $4.500 millones para la vigilancia fronteriza y ayuda humanitaria para los niños inmigrantes en albergues del gobierno federal.

Esa medida tiene que ser armonizada con la que salga del Senado.

Sin embargo, la Administración Trump, y sus aliados republicanos, se oponen a la versión de la Cámara Baja porque consideran que ésta obstaculizará las operaciones policiales en la frontera.

Un tema de campaña

La crisis migratoria, sin duda, será uno de los temas dominantes del primer debate presidencial entre 20 rivales demócratas esta noche en Miami (Florida).

Ya se ha convertido en un tema de campaña electoral para ambos partidos, que se acusan mutuamente de no querer resolver la crisis por motivaciones políticas.

Mostrando una foto del inmigrante salvadoreño y su pequeña hija, ambos ahogados al intentar el cruce ilegal, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, le recordó a Trump que "estos no son narcotraficantes, vagabundos o criminales", sino gente que huye de "horribles situaciones en en sus países, en busca de una mejor vida". 

 Pero Trump responsabilizó a los demócratas por la muerte del salvadoreño Oscar Alberto Martínez y Valeria, su hija de 23 meses, al insistir en que la crisis cesaría "de inmediato si los demócratas cambiaran la ley". 

"La gente no vendría, no lo intentaría", afirmó. 

 Trump hace un guiño a su base con renovadas promesas de “mano dura” contra la inmigración ilegal, mientras los demócratas promueven medidas para una escurridiza reforma migratoria que tienen pocas posibilidades en el Congreso.

Dos senadoras demócratas y precandidatas presidenciales, Kamala Harris, de California, y Elizabeth Warren, de Massachusetts, lideraron hoy sendas cartas a la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO) y a la Inspectora General y al subsecretario adjunto del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS),  en las que pidieron una investigación de contratistas federales a cargo de niños detenidos en la frontera sur.

En la misiva, firmada por un total de ocho senadores, destacaron que muchos contratistas federales, a sueldo del HHS o del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), no están cumpliendo con las normas y requisitos mínimos para atender a los niños y deben rendir cuentas.

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