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Activistas urgen al Congreso frenar fondos para represión de inmigrantes

Mientras el Congreso sigue enfrascado en pugnas partidistas sobre los fondos adicionales para la frontera, activistas exigen mayor rendición de cuentas de los agentes fronterizos

WASHINGTON.— La continua separación de familias en la frontera, y el encierro y muerte de niños bajo custodia de la Patrulla Fronteriza son razones de sobra para que el Congreso frene los fondos para reprimir a inmigrantes, afirmaron hoy activistas cívicos y religiosos.

Armados de pancartas y consignas contra la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), los activistas realizaron una protesta en uno de los edificios del Senado para honrar a los siete niños que han perecido bajo custodia federal o poco después de ser detenidos, y para exigir que el Congreso no financie las operaciones policiales en la frontera sur.

 Bajo riesgo de arresto por parte de la policía del Capitolio, los activistas desplegaron mantas en las que pidieron más inversiones en las comunidades, en vez de fondos para las operaciones policiales de ICE.

La protesta se llevó a cabo mientras el Congreso intenta aprobar un paquete de fondos por $4.500 millones para reforzar la vigilancia fronteriza y proveer recursos humanitarios para los niños en los albergues del gobierno federal.

Pugnas partidistas

El Congreso quiere aprobar los fondos antes del receso por el feriado del “Día de la Independencia”, mientras la Administración ha advertido que el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), a cargo de albergar a niños indocumentados no acompañados, agotará sus fondos para fines de mes.

En declaraciones desde el Despacho Oval, el presidente, Donald Trump, dijo estar “muy preocupado” por las condiciones en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP), pero aseveró que están mejor que durante la Administración Obama.

Trump renovó su exigencia de que los demócratas ayuden a reformar el proceso de asilo y, como sus aliados republicanos en el Congreso, los culpó nuevamente de retrasar la aprobación de fondos suplementarios para la frontera.

En este tira y afloja, los activistas quieren asegurarse de que el Congreso no olvida a los 97 inmigrantes que han perecido a manos de agentes de la (CBP) desde 2004, incluyendo a Claudia Gómez González, una joven indígena que se encontraba desarmada cuando fue abatida por la Patrulla Fronteriza en mayo de 2018.

¿Dónde está la humanidad del gobierno?

Activistas consultados por Noticias Telemundo afirmaron que no hay nada que justifique el encierro de menores en centros de detención, y que el Congreso no puede dar “carta blanca” a la Administración para continuar reprimiendo a migrantes que huyen de la violencia en Centroamérica.

El padre de la parroquia de Santa Ana en Deming (Nuevo México, Manuel Ibarra, afirmó que ningún niño pertenece en un centro de detención y mucho menos separado de sus padres, por lo que las acciones del gobierno no son más que una especie de “muerte de la niñez”.

 “Un niño o un joven siempre necesita de su familia, quitárselos a sus padres es inhumano, es como quitarle a un niño el alimento o a cualquier persona. Es matar una juventud, una niñez, bajo pretexto legal… aunque sea del gobierno, no quiere decir que sea justo“, dijo Ibarra, quien viajó hasta Washington para participar en la protesta.

Según Ibarra, las comunidades fronterizas están carentes de servicios médicos y de ayuda social, y allí es donde el gobierno debería invertir recursos.

Por su parte, Ingrid Vaca, activista indocumentada del grupo “United We Dream”, dijo que el Congreso quiere “incentivar, ando más dinero al presidente, para que enjaule a más niños… en condiciones inhumanas”.

 “No están teniendo nada de humanidad con esas criaturas, que de verdad necesitan un jabón un cepillo de dientes y una pastal dental y agua, y para poder vivir día a día”, señaló Vaca.

Richard Morales, director de “Fe en Acción”, dijo que el dinero enviado a la frontera “no se use para más deportaciones, para mas camas para aguantar a personas detenidas”.

 Sin embargo, Morales dijo temer que la Administración continuará su “crueldad” porque el Congreso “no le pone freno”.

Renuncia en medio de escándalo

La protesta coincidió con la inminente renuncia del comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), John Sanders, ante el creciente escándalo por el hallazgo de alrededor de 255 niños migrantes detenidos en “condiciones infrahumanas” en una remota estación de la Patrulla Fronteriza en Clint (Texas).

Según el gobierno, sólo 30 niños migrantes permanecen en la estación de Clint, al este de la ciudad fronteriza de El Paso, donde abogados denunciaron las condiciones de abandono en que se encontraban los menores, con escaza alimentación, agua potable o servicios de higiene personal.

La congresista demócrata por Texas, Verónica Escobar, recibió testimonios de un abogado sobre cómo algunos niños mayores cuidaban de menores, mientras otros llevaban casi un mes de encierro, y algunos no habían tenido  contacto con sus padres o demás familiares.

Ahora Escobar exige respuestas a la Patrulla Fronteriza sobre cuántos de esos niños en Clint fueron separados de sus padres, qué hace el gobierno para reunificarlos y, sobre todo, quién rendirá cuentas “por estas atrocidades”.

El nuevo escándalo por el hacinamiento y la negligencia en los centros de detención en la frontera ha vuelto a poner bajo los reflectores la continua crisis migratoria porque, pese a las medidas punitivas de la Administración, el área de El Paso sigue registrando un gran flujo de migrantes en busca de asilo en EEUU.

Cynthia Pompa, activista del Centro para los Derechos de la Frontera de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), dijo  en un blog que la CBP no sólo está violando el llamado “Acuerdo Flores” de 1997, que prohíbe la detención prolongada de menores, sino que justifica el maltrato de los niños por “falta de recursos”.

 “La verdad es que estos horrores son simplemente el esfuerzo más reciente para deshumanizar a los solicitantes de asilo y los migrantes, incluso niños, y privarlos de cuidados básicos y dignidad”, dijo Pompa.

Según el American Immigration Council, la Patrulla Fronteriza ha más que duplicado su personal y sus fondos desde 2003, mientras que la CBP ha registrado mayores niveles de cruces ilegales en el pasado, pero ahora cuenta con un presupuesto 17 veces superior al de 1990.

En la actualidad, ICE y CBP tienen, en su conjunto, a más de 84,000 agentes, de los cuales unos 50,000 están destinados a operaciones policiales en la frontera y al interior del país.

El recrudecimiento de la vigilancia fronteriza ha tenido como “colateral” las imágenes de arrestos, abusos y muertes que acaparan titulares casi a diario.

Pompa dejó en claro que ACLU continuará su batalla en las cortes para la reunificación de las familias y la protección de niños que ahora afrontan “condiciones horrorosas” por culpa de la CBP.

También seguirá presionando para que el dinero de los contribuyentes “no financie el abuso de seres humanos”, afirmó.  

En ese sentido, el abogado de inmigración, Gunther Sanabria, explicó que toda persona tiene derecho a pedir asilo y a “ser tratada con dignidad y respeto”,  por lo que los legisladores deben “examinar su conciencia” si no les molesta que los menores afronten condiciones insalubres.

“Este es el momento de actuar y detener a este gobierno, un gobierno que no refleja nuestros valores, que trata a los inmigrantes como criminales. Nosotros somos responsables del futuro de estos niños, de su bienestar y del futuro de este país”, enfatizó.

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