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Congreso no prevé cumplir plazo de Trump para evitar redadas y deportaciones

Por ahora, el Congreso está enfrascado en la aprobación final de una medida de $4.500 millones para la vigilancia fronteriza y más ayuda para menores en los albergues del gobierno
Redada en Estados Unidos
ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 7 de febrero de 2017, publicada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, un extranjero es arrestado durante un operativo contra inmigrantes no autorizados, en Los Ángeles. (Charles Reed/Servicio de Control de Inmigración y Aduanas vía AP, archivo)AP / AP

WASHINGTON.— El Congreso se alista para aprobar esta semana un paquete de fondos para la vigilancia fronteriza pero no registra avances en el plazo de dos semanas que dio el presidente Donald Trump para suspender las redadas a menos que se eliminen las “lagunas legales” que, según su Administración, alientan la inmigración ilegal.

Las redadas de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) debían comenzar la madrugada de ayer domingo, pero el sábado Trump afirmó que, a petición de los demócratas, las suspendió durante dos semanas para dar tiempo a que ambos partidos negocien una solución a “los problemas de asilo y lagunas legales en la frontera sur”.

Pero Trump renovó su amenaza de que, si ambos partidos no se ponen de acuerdo, entonces “las deportaciones comenzarán!”

La presidenta de la Cámara de Representantes, la legisladora demócrata por California, Nancy Pelosi, dio la bienvenida a la suspensión de las redadas y explicó que el Congreso necesita tiempo para efectuar una reforma migratoria integral que permita mantener unidas a las familias inmigrantes.

 El enfoque de Pelosi y su bancada es lograr la aprobación final de una medida que legalice a los "Dreamers" y los "tepesianos".  La medida fue aprobada en la Cámara Baja pero aguarda voto final en el Senado. 

Así, una fuente legislativa demócrata, que pidió el anonimato, dijo hoy a Noticias Telemundo que no se han programado reuniones entre ambos partidos para atender las renovadas exigencias de Trump.

Sin acuerdo a la vista

La Administración Trump siempre ha exigido la anulación del llamado “Acuerdo Flores” de 1997, que prohíbe la detención de menores por más de 20 días, o su traslado a centros de detención para adultos.

También quiere una reforma del sistema de asilo, al insistir en que la mayoría de los inmigrantes indocumentados cometen fraude en sus solicitudes, o no se presentan a las audiencias ante un juez para evitar su eventual deportación.

Desde el sábado pasado, el Congreso no ha tenido más que recriminaciones mutuas por la falta de avance en el debate.

El legislador republicano por Florida, Greg Steube, dijo a la cadena Fox News que los demócratas están demorando deliberadamente cualquier acción para atender la crisis en la frontera sur porque, en su opinión, no les interesa resolverla.

“No han hecho nada respecto a cómo resolver este problema. Nosotros los republicanos estamos luchando para hacerlo, hemos presentado proyectos de ley,  pero ellos no quieren avanzar en nada”, se quejó Steube, miembro del subcomité de Inmigración de la Cámara Baja.  

Por ahora, el Congreso sólo tiene en el tapete esta semana la aprobación final de un paquete de fondos suplementarios por $4.500 millones para resguardar la vigilancia fronteriza y ampliar la capacidad en los albergues y la ayuda humanitaria para los menores indocumentados bajo custodia del gobierno federal.

La versión del Senado fue aprobada de forma preliminar por el Comité de Asignaciones el miércoles pasado, pero tiene que ser votada en el pleno.

Mientras, la de la Cámara de Representantes, presentada el viernes pasado, contiene más fondos para el cuidado médico en los centros de detención y para alternativas a la detención de migrantes, una mayor supervisión en esos centros, y el resguardo de la ayuda exterior a Centroamérica.

 En el pasado, el Congreso no ha respondido bien a las presiones, amenazas o condiciones de Trump en el campo migratorio, y es poco probable que ahora logre la escurridiza reforma migratoria.

En 2013, el Senado aprobó por abrumadora mayoría una reforma migratoria integral que permitía una vía hacia la legalización y ciudadanía de toda la población indocumentada en EEUU, y aportaba millonarios recursos para la vigilancia fronteriza. Pero la Cámara de Representantes, entonces bajo control republicano, jamás sometió la medida a voto.

Los republicanos tampoco tuvieron avances en la reforma migratoria en 2016, cuando controlaban ambas cámaras del Congreso, y desde 2017 no han logrado aprobar una ley que financie por completo el prometido muro fronterizo de Trump.

Por ello, activistas de la comunidad inmigrante consideran que las nuevas condiciones de Trump no son más que una “trampa” y que, al final, su Administración sí mantendrá en marcha el plan de las redadas.

Trump “no necesita ninguna ley para parar la separación de las familias, no necesita  ninguna ley para que los niños no estén metidos en calabozos… lo que él necesita es tomar una decisión como presidente, como un humano, y proteger a estas personas que son refugiadas”, dijo a Noticias Telemundo Gustavo Torres, director ejecutivo de “CASA de Maryland”.

 “Desde mi punto de vista, es una trampa es un pretexto político simplemente para después justificar las redadas en contra de nuestra comunidad”, puntualizó.

Al igual que Torres, otros grupos defensores de los inmigrantes han señalado que la política migratoria de Trump forma parte de su estrategia para infundir “miedo” en la comunidad inmigrante, sin que eso necesariamente detenga el flujo de cruces ilegales.

Las redadas en cuestión, que se llevarían a cabo en al menos diez ciudades con alta concentración de inmigrantes -como Chicago (Illinois), Denver (Colorado), Baltimore (Maryland), Atlanta (Georgia), Los Angeles y San Francisco (California), Miami (Florida), Houston (Texas), Nueva York y Nueva Orleans (Luisiana)-,  estarán dirigidas contra 2,000 individuos y familias que han hecho caso omiso a las órdenes de deportación finales emitidas por un juez de Inmigración.

El propio Trump había adelantado el aviso de las redadas en su cuenta en Twitter el lunes pasado, en víspera del lanzamiento oficial de su campaña de reelección,  lo que le valió críticas de que, al igual que en 2016,  utiliza el tema de inmigración con fines electoreros.

Una portavoz de ICE, Carol Danko, condenó la noche del sábado la filtración a la prensa de las inminentes redadas, al argumentar que eso ponía en riesgo la seguridad de los agentes policiales.

“La suspensión del presidente protege a los oficiales y provee una oportunidad para que el Congreso trabaje con celeridad y de forma bipartidista para eliminar los incentivos para el contrabando de niños, y asegurar que todos los extranjeros ilegales puedan ser regresados prontamente, una vez detenidos en la frontera sur”, precisó Danko.

“Si el Congreso no cambia las leyes… no hay más alternativa que continuar los arrestos de estos extranjeros fugitivos en el interior” del país, según Danko.

ICE insiste en que su misión es hacer cumplir las leyes de inmigración, pero ha prometido que actuará con “compasión y dignidad” hacia las familias.

Aunque las redadas y deportaciones de ICE no son un fenómeno nuevo,  las operaciones policiales a gran escala y dirigidas contra menores de edad sentarían un precedente, advirtió Randy Capps, un analista del Instituto de Política Migratoria (MPI, por su sigla en inglés).

La agencia no ha precisado qué pasará con los hijos nacidos en EEUU de padres puestos en trámites de deportación.

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