Investigadores mexicanos informaron el jueves que han confirmado la existencia de 1.606 fosas clandestinas con 2.489 cadáveres entre 2006 y 2017, según reveló un nuevo informe que busca dar precisión a una de las problemáticas más terroríficas del país.
“No son todas las fosas que hay; lamentablemente es una fracción”, dijo Denise González, coordinadora principal del estudio, durante una conferencia en la Universidad Iberoamericana campus Ciudad de México. El informe recabó datos de fiscalías de 24 de los 32 estados del país, registrando estas 1.606 fosas clandestinas.
De los cuerpos encontrados en las fosas, tan solo 434 personas han sido identificadas, mientras que el resto siguen siendo todavía cuerpos sin nombre.
Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa y Zacatecas son los estados con el mayor número de fosas detectadas por las autoridades. Estos lugares tienen una enorme presencia de grupos del crimen organizado.
Ante la falta de unos registros claros y pese al análisis exhaustivo del informe, se presupone que el número es superior.
Las distintas organizaciones que elaboraron el reporte -la Universidad Iberoamericana, la organización Artículo 19 y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)- criticaron a la Fiscalía General de la República y señalaron que el gobierno proporcionó estadísticas incongruentes sobre el número de fosas encontradas y de cuerpos recuperados.
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“La fiscalía está violando los derechos de información y de memoria”, dijo Carlos Dorantes, de la organización por los derechos humanos Artículo 19, que participó en el estudio.
Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, dijo que el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, heredó una “emergencia forense” después de asumir el cargo el 1 de diciembre.
Añadió que gobierno trabaja en la creación de una base de datos de personas desaparecidas y comentó que el mandatario se reunirá el lunes con familiares para actualizarlos sobre la labor de su administración en la localización e identificación de sus seres queridos que continúan desaparecidos.
“Necesitamos tener esta información para dar respuesta a los familiares esperando de sus seres queridos”, declaró Quintana.
También resaltó la falta de recursos, diciendo que la comisión tiene una “unidad de una persona” en el departamento de archivos y no cuenta con el personal suficiente para realizar exhumaciones.
Leticia Hidalgo, cuyo hijo desapareció en Nuevo León en 2011, le pidió a Quintana que localice los restos como los de su hijo. “Ya no nos queda tiempo. Nos urge que salgan a buscar”, indicó Hidalgo.
Quintana dijo que no sabe con exactitud el número de personas desaparecidas que hay en México. Su predecesor, Roberto Cabrera Alfaro, calculó a inicios del año que posiblemente la cifra ronde los 40.000 casos.
Los 11 años cubiertos en el estudio iniciaron en 2006, cuando el entonces mandatario Felipe Calderón lanzó una ofensiva en contra del narcotráfico que desató un incremento en el número de asesinatos.
Los investigadores indicaron que los números alarmantes de fosas clandestinas en el país son indicativo de la violencia desenfrenada que permanece impune. “Es un reflejo del grado de descomposición social y deshumanización que se ha alcanzado”, señaló el reporte.
El gobierno de López Obrador difundió en mayo su primer reporte oficial sobre las fosas clandestinas. Las autoridades informaron del hallazgo de 222 con 337 cadáveres entre el 1 de diciembre y el 13 de mayo.