Activistas educan a migrantes sobre sus derechos ante inminentes redadas de ICE

ICE no ha querido confirmar las redadas, denominadas "operación familiar", que estarán dirigidas a personas con órdenes de deportación finales.

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WASHINGTON.— Activistas comunitarios en estados como Illinois y Maryland han reforzado sus campañas para educar a los inmigrantes indocumentados sobre sus derechos  legales y constitucionales, ante inminentes redadas nacionales que la Administración Trump prevé comenzar tan pronto como el próximo domingo.

La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no quiso negar ni confirmar informes del diario “The Washington Post” de que las redadas, parte de la denominada “operación familiar”, se llevarán a cabo a partir del próximo domingo en hasta diez ciudades principales del país, incluyendo Chicago (Illinois), Miami (Florida), Los Angeles (California) y otros destinos de inmigrantes indocumentados.

Sin embargo, una funcionaria de ICE, que pidió el anonimato, dijo a Noticias Telemundo que la misión de la agencia es hacer cumplir el imperio de la ley, y que sus operaciones están dirigidas a quienes “violan las leyes de inmigración”.

Pero ICE no precisó qué pasaría con niños nacidos en EEUU de padres indocumentados sometidos a trámites de deportación.  

El año pasado, más de 2,700 niños fueron separados de sus padres en la frontera sur bajo la política de “tolerancia cero” que la Administración tuvo que suspender por orden judicial.

Quiénes están en la mira de ICE

Tal como lo adelantó en Twitter el presidente Donald Trump el lunes pasado, y lo confirmó después a Noticias Telemundo una fuente de la Administración, que pidió el anonimato, las operaciones policiales estarán dirigidas a individuos y familias que han recibido órdenes de deportación finales de un juez de Inmigración, tras agotar sus recursos legales.

En esa ocasión, el funcionario de alto rango de la Administración, que pidió el anonimato, explicó que hay “más de un millón” de inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación finales, y se quejó de que la mayoría no acude a las audiencias judiciales para evadir su deportación.

Estas redadas iniciales de ICE tendrán como principal blanco a hasta 2,000 familias, que aparentemente recibieron órdenes de deportación de un juez pero permanecen ocultos en el país.

En ese sentido, el director interino de ICE, Mark Morgan, dijo en conferencia telefónica con periodistas esta semana que el DHS envió cartas en febrero pasado a los individuos advirtiéndoles de las órdenes de deportación pendientes y, a estas alturas, “no tenemos más opción que utilizar nuestra autoridad… para identificarlos y deportarlos”.

ICE responde a las noticias sobre inminentes redadas

Por medio de un comunicado, un portavoz de ICE dijo que la agencia no ofrecerá detalles sobre las operaciones que lleva a cabo o planea llevar a cabo, citando preocupación por la seguridad de los agentes y su deber para hacer cumplir la ley. 

"Como siempre, ICE prioriza el arresto y la remoción de extranjeros presentes ilegalmente que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza", escribió la agencia.

"De hecho, el 90 por ciento de los extranjeros arrestados por el componente de Operaciones de Ejecución y Remoción de ICE en el año fiscal 2018 tenían una(s) condena(s) criminal(es) pendiente(s), eran fugitivos de ICE, o ingresaron ilegalmente al país después de haber sido retirados previamente”, añadió la agencia.

Según Morgan, las familias no quedarán exentas de las redadas, aunque ICE aplicará las leyes “con compasión y dignidad”.

En declaraciones a Noticias Telemundo, tanto líderes de la oposición demócrata como activistas comunitarios denunciaron hoy las redadas como una táctica de la Administración para infundir el “terror” entre los inmigrantes y sumar votos entre la base republicana para la reelección de Trump en 2020.

El congresista demócrata de Chicago (Illinois), Jesús “Chuy” García, dijo que las redadas son “una movida electorera… la xenofobia fue clave para la elección del presidente, y sin duda alguna están repitiendo esta fórmula” para mantener la Casa Blanca por otros cuatro años en 2020.

 “Es importante que nuestra gente defienda y proteja sus derechos”, recalcó García, cuya oficina está coordinando talleres comunitarios en Chicago al respecto.

Por su parte, el congresista demócrata por California, Raúl Ruiz, dijo que las redadas tienen el objetivo de “crear terror, por razones políticas”, y aconsejó a los inmigrantes a evitar hacer cosas que los pongan en el radar de las autoridades federales.

 Ya antes del anuncio de Trump el lunes pasado, hace unas semanas agentes de ICE hicieron una visita a Canton Carwash, un negocio de lavado de carros en Baltimore (Maryland), para comprobar el estatus migratorio de sus empleados. Alrededor de 40 empleados fueron posteriormente despedidos.

El alcalde demócrata de Baltimore, Jack Young, y los ejecutivos demócratas de los cinco principales condados de Maryland, emitieron ayer un comunicado conjunto en el que reafirmaron su compromiso con acoger a los inmigrantes y sus contribuciones.

“Nos mantenemos unidos al abrazar la diversidad, y nuestros departamentos policiales y empleados de las agencias seguirán trabajando para proteger el respeto a los derechos civiles de todos”, dijeron en el comunicado.

La comunidad se moviliza

Grupos defensores de los inmigrantes han movilizado recursos y voluntarios para educar a los inmigrantes indocumentados sobre sus derechos, al precisar que toda persona en EEUU, sin importar su estatus migratorio, tiene protecciones garantizadas bajo la Constitución.

Jorge Escobar, activista de “CASA de Maryland”, explicó que, en la mayoría de los casos, los agentes de ICE no tienen una orden firmada por un juez para allanar una vivienda, y eso es una clara violación de las leyes.

 “Tienen derecho a guardar silencio, tienen derecho a un abogado, a hablar con un consulado de su país de origen, etc.  Cada individuo, independientemente de su estatus migratorio en este país, tiene derechos constitucionales, y cuando se violan, uno los puede llevar, incluso al gobierno federal, a las cortes”, explicó Escobar.

 Por ello, “CASA de Maryland” llevará a cabo mañana, sábado, un taller de información en el área de Fairmount Heights (Maryland), para que la comunidad inmigrante “no tenga miedo” y, sobre todo, conozca sus derechos cuando agentes de ICE toquen a su puerta.

En Chicago, organizaciones como el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), y la Coalición de Illinois para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), entre otros, también han difundido una serie de consejos y protección a los migrantes si son detenidos o contactados por ICE.

 ICIRR ha establecido una línea telefónica gratuita (1-855-435-7693) que atiende llamadas las 24 horas del día y en varios idiomas, además de ofrecer servicios legales y sociales a la comunidad.

Los grupos han pedido la ayuda de personas que sean ciudadanas estadounidenses y sean testigos de una redada de ICE, para que graben la acción con sus teléfonos celulares y hagan denuncias a la línea telefónica.

Sandra Cordero, directora de “Families Belong Together”, recordó que las redadas en el pasado han dejado a niños “solos y con miedo en casas vacías, orando para no tener que cuidar de hermanos menores y sin saber si volverán a ver a sus padres”.

A su juicio, estas operaciones policiales son otro ejemplo de la desconsideración del gobierno por el bienestar de los niños por parte de una “cruel Administración empeñada en fomentar el miedo y crear el caos”.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reclama al Congreso más fondos para ampliar los centros de detención para dar cabida al incesante flujo de familias y niños que intentan colarse ilegalmente por la frontera sur, muchos de ellos en busca de asilo por la violencia en Centroamérica.

Aunque está claro que el DHS no ha tenido nunca los recursos necesarios para arrestar y deportar a los once millones de inmigrantes indocumentados en EEUU, las redadas policiales, a menor o mayor escala, sí tienen un efecto inmediato en la comunidad inmigrante.

A través de redes sociales y mensajes internos, los activistas dan cuenta de padres indocumentados que están retirando a sus hijos de programas de verano, y evitan salidas a sitios públicos, incluso no van a misa.

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