WASHINGTON.— La obsesión de la administración Trump con la vigilancia fronteriza, sumada a la eliminación de ciertas ayudas a Centroamérica, no frenará la emigración ilegal desde la región, que necesita un “Plan Marshall” o medidas a gran escala, afirmaron hoy expertos.
La Administración ha solicitado un paquete de fondos suplementarios por 4.500 millones de dólares para aumentar la vigilancia fronteriza, y el Congreso avanza a trompicones para aprobarlo.
La solicitud de la Casa Blanca no incluye fondos para el prometido muro fronterizo del presidente Donald Trump pero tampoco para aliviar la situación de violencia, inestabilidad política y subdesarrollo en Centroamérica, que abren el grifo a la emigración ilegal.
El lunes pasado, el Departamento de Estado anunció la cancelación de cerca de 370 millones de dólares del presupuesto de 2018 y de cerca de 185 millones del de 2017 para los países del “Triángulo del Norte” -Guatemala, El Salvador y Honduras-, mientras no tomen “medidas concretas” para atajar las caravanas de migrantes indocumentados.
Sin embargo, EEUU mantendrá por ahora la entrega de 432 millones para proyectos relacionados con el combate a las pandillas, la educación y la salud, porque ya estaban muy encaminados, según indicó el Departamento Estado, que prevé reevaluar la situación el próximo año.
Una crisis desbordante
Mientras tanto, familias enteras y niños no acompañados continúan intentando llegar hasta la frontera sur, a sabiendas de que serán detenidos y deportados.
Desde octubre pasado, cifras de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por su sigla en inglés) destacan el arresto o procesamiento de más de 400,000 padres y niños que buscan asilo en EEUU.
Un informe del Inspector General del DHS, difundido el mes pasado, alertó sobre las condiciones de “peligroso hacinamiento” en un centro de procesamiento de migrantes en El Paso del Norte. De hecho, el sector de El Paso (Texas) registró el mayor aumento en detenciones entre octubre y abril del año fiscal en curso, en comparación con el mismo período del año fiscal de 2018, según la Patrulla Fronteriza.
Según esas cifras, 98,052 adultos solteros, familias y niños fueron detenidos en la frontera entre octubre de 2018 y abril pasado, en comparación con 13,646 en el mismo periodo del año fiscal de 2018.
La crisis humanitaria en la frontera se narra también a través de imágenes de niños detenidos en condiciones casi medievales, encerrados en jaulas, o abandonados en camionetas a la espera de la reunificación familiar, según han denunciado activistas humanitarios.
La ayuda exterior cancelada por EEUU incluía fondos para programas diseñados para atender de raíz la emigración ilegal, según un análisis del Grupo de Trabajo para América Latina (LAWG, en inglés).
Expertos consultados hoy por Noticias Telemundo calificaron como un error que la administración Trump haya suspendido la ayuda a los países del “Triángulo del Norte”.
“El porcentaje de ayuda que da EEUU es una parte ínfima de su presupuesto federal, apenas el 0,035%, pero para los gobiernos de la región es extremadamente significativa, porque les ayuda a combatir la violencia, crear nuevas oportunidades, y responder al cambio climático. Es un error suprimir esa ayuda”, dijo Rick Jones, experto en asuntos de desarrollo en América Latina de “Catholic Relief Services” (CRS).
EEUU “está minando sus propios esfuerzos, porque la mayoría de estos fondos se canaliza a través de organizaciones como la nuestra, grupos comunitarios locales, organizaciones no gubernamentales y contratistas privados, y han sido muy eficaces para reducir los homicidios, por ejemplo”, señaló.
Según Jones, ha llegado la hora de hablar de un “Plan Marshall” para Centroamérica, en alusión al plan a gran escala que se adoptó para la reconstrucción de Europa tras la Segunda Guerra Mundial.
“Necesitamos invertir la cantidad adecuada de recursos y de forma consistente y a largo plazo, cinco o diez años, porque si empezamos y luego cortamos la ayuda, se pierden los logros”, advirtió.
Jones se pronunció a favor de una propuesta demócrata, impulsada por el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, de permitir que los migrantes centroamericanos soliciten asilo desde sus países, para que no tengan que salir en “caravanas”, y se incrementen las inversiones sociales.
Por su parte, Daniella Burgi-Palomino, analista de LAWG, dijo que EEUU necesita medidas a corto y largo plazo, con soluciones alternativas y humanas, y no “con más camas para encerrar a más gente en centros de detención”.
Sin embargo, la experta consideró que necesariamente no se trata de un “Plan Marshall” sino un paquete de asistencia a “gran escala” pero con dinero dirigido a programas específicos contra la pobreza, la violencia, y la corrupción.
“Se trata de un asunto más de calidad, con inversiones en programas que ya han dado resultados. EEUU tiene que seguir apostando por la diplomacia, claro… no se trata de dar un ´cheque en blanco´ a gobiernos corruptos, sino que esa ayuda esté condicionada y se siga entregando a grupos de la sociedad civil para manejar programas, y no sirva para aupar a actores corruptos y abusivos”, explicó.
Según la Coalición para el Liderazgo Global de EEUU, por cada diez homicidios en Honduras, El Salvador y Guatemala, seis personas emigran en busca de protección en EEUU.
Aunque las tasas de homicidio bajaron en 42% en El Salvador, 13% en Guatemala y 23% en Honduras entre 2015 y 2017, la situación de desesperanza obliga a muchos a huir, indicó.
Aún con esos logros, en 2018, por ejemplo, la tasa de homicidio en El Salvador fue de 50 por cada 100.000 habitantes, y en Honduras fue de 40 por cada 100.000, niveles que aún se consideran una “epidemia”, en comparación con los 6 de cada 100.000 en EEUU.
Por otra parte, datos oficiales dan cuenta de alarmantes indicadores económicos, sobre todo en los niveles de pobreza que afectan a buena parte de la población.
Según Axel van Trotsenburg, vicepresidente para América Latina y El Caribe del Banco Mundial, las remesas a Honduras, Guatemala y El Salvador totalizaron casi 20,000 millones en 2017, convirtiéndose en uno de los pilares de sus economías al conformar casi el 15% de su Producto Interno Bruto combinado.
Ya en 2016, antes de la crisis actual en la frontera, Naciones Unidas había advertido de que la principal amenaza para el progreso en América Latina y el Caribe era, precisamente, “que millones de personas volvieran a caer en la pobreza”.
El papel de México en la crisis
Pese a reformas judiciales y policiales, la región del “Triángulo del Norte” sigue convulsionada por la corrupción, impunidad, extorsión, narcotráfico, pobreza, violencia de las pandillas, y el crimen organizado.
Ese volátil cóctel, según observadores, no se arregla con el despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras, como lo ha hecho EEUU y como lo está haciendo México bajo presión de Washington.
“La militarización de las fronteras no ha funcionado en el pasado y en realidad mina el imperio de la ley, porque envía el mensaje de que todo se hará mediante el uso de la fuerza contra la gente“, dijo Jones.
“Esto siempre ha sido un problema regional, por lo tanto EEUU, México y Centroamérica tienen que arreglarlo juntos, un país por sí solo no podrá resolverlo. Tiene que haber una respuesta integral para atender la crisis inmediata y sus raíces a largo plazo”, subrayó.
Burgi-Palomino consideró que México no tiene las condiciones para ser un “tercer país seguro” para los solicitantes de asilo, tomando en cuenta su problema de violencia y su historial de abusos contra los migrantes.
“México quiere demostrar resultados pero eso significa que habrá más redadas y detenciones, como las que hemos visto en los últimos días, pero el país no es seguro y tampoco tiene la capacidad en su sistema de asilo”, observó Burgi-Palomino.
En el primer trimestre de 2019, México registró más de 8,000 homicidios, y el año pasado la cifra total fue de 28,839.
Bajo el acuerdo suscrito el pasado 7 de junio, México se comprometió a dar ayuda humanitaria a los migrantes centroamericanos mientras esperan la resolución de sus casos de asilo en EEUU.
Pero el plan será evaluado a fines de julio, y EEUU no descarta presionar a México para que sea un “tercer país seguro”, mientras que el gobierno mexicano insiste en una respuesta regional para repartir la carga.
Pasos del Congreso
El Comité de Asignaciones del Senado, bajo control republicano, aprobó hoy en una votación de 30-1 un acuerdo bipartidista pactado anoche y que desembolsa 4.590 millones de dólares. La medida incluye fondos para aumentar la detención de migrantes, y 2.880 millones para atender a los niños no acompañados en los albergues del gobierno.
Ambos partidos se congratularon de que el paquete, principalmente para fines humanitarios, no incluye “píldoras venenosas” sobre inmigración que pudiesen torpedear su aprobación final.
El próximo paso será la votación en el pleno del Senado -donde requerirá 60 votos- antes del feriado por el día de la Independencia el próximo 4 de julio, aunque la Administración insiste en que hay urgencia porque el Departamento de Salud y Recursos Humanos, a cargo de los albergues para niños migrantes, agotará sus fondos a fines de este mes.
Mientras, la Cámara de Representantes, bajo control demócrata, sigue sin un acuerdo respecto al paquete de fondos para la frontera. La medida que salga de la Cámara Baja tendría que ser armonizada con la del Senado en una sesión bicameral.
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