WASHINGTON.— El presidente, Donald Trump, ha ordenado el arresto de “millones” de inmigrantes indocumentados a partir de la próxima semana, como pistoletazo de su campaña de reelección para 2020, pero, según expertos, el plan en ciernes carece de recursos y apoyo popular y podría enfrentar demandas.
En 2015, Trump bajó las escaleras de su edificio en Manhattan para lanzar su primera campaña presidencial con ataques contra los inmigrantes, en particular los indocumentados, y promesas de construir un muro y ordenar su deportación masiva.
Esta noche, desde una arena deportiva en Orlando (Florida), lanzará su campaña de relección frente a multitudes, también centrada en su política migratoria.
Sin precisar detalles de cómo lograría la deportación masiva, Trump dijo ayer en su cuenta en Twitter que agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) comenzarían “la próxima semana” el proceso de deportación expedita de “millones de extranjeros ilegales que ilícitamente entraron a EEUU”.
“Serán deportados con la misma rapidez con la que entren”, prometió Trump.
Consultado por Noticias Telemundo, ni ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) quisieron hacer comentarios sobre el plan, su alcance o su costo.
Tampoco han explicado qué harán con los niños nacidos en EE UU de padres indocumentados en vías de deportación, aunque en el pasado los menores han quedado en manos de otros familiares o, si fueron separados en la frontera, enviados a albergues del gobierno.
Un funcionario de alto rango de la Administración dijo a CNN que no hay planes de redadas la próxima semana, pero sí hay planes tentativos para una operación nacional en julio, dirigida a familias con órdenes de deportación.
Se desconoce si estas operaciones son parte del “plan secreto” que se filtró a la prensa en abril pasado y que afrontó la oposición de la entonces titular del DHS, Kirstjen Nielsen, y el entonces director interino de ICE, Ron Vitiello.
Ambos habían advertido del costo, la eficacia y la reacción contra el plan, pero renunciaron dentro de una “purga” ordenada por Trump porque quería medidas más contundentes contra los inmigrantes.
El plan tenía el objetivo de agilizar, por la vía judicial, la expulsión de familias migrantes con órdenes de deportación.
El reemplazo de Vitiello, Mark Morgan, dijo a principios de mes que no habrá excepciones para ningún inmigrante con órdenes de deportación, aunque los agentes de ICE tratarían a los padres y niños “con compasión y humanidad”.
Un rosario de quejas
En una declaración escrita enviada a la prensa, un funcionario de la Administración, que pidió el anonimato, repitió la queja de que “incontables extranjeros ilegales no solo violan nuestras fronteras sino que violan de nuevo la ley cuando se saltan sus audiencias en los tribunales” y huyen de los trámites federales.
Además de acusarlos de presentar casos de asilo fraudulentos, el funcionario dijo que, en la actualidad, “hay más de un millón” de inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación emitidas por jueces federales y siguen en Estados Unidos.
El funcionario también repitió el rosario de acusaciones contra los inmigrantes indocumentados: que ocasionan gastos a los tribunales de Inmigración, se ausentan de las audiencias ante un juez, con frecuencia usan cédulas de identidad fraudulentas, obtienen subsidios de beneficencia pública, y trabajan ilegalmente en el país.
Por eso, la prioridad máxima de ICE es hacer cumplir las órdenes de deportación, porque el gobierno no tolerará el desafío de las leyes y el “fraude contra el pueblo estadounidense con reclamos de asilo fraudulentos”, puntualizó.
Sus declaraciones, sin embargo, siguen sin precisar cómo se llevarán a cabo las acciones de ICE, si mediante redadas, arrestos en vecindarios y sitios de empleo, o si habrá multas a los empleadores que los contratan.
Las quejas de la Administración son, en resumen, la misma postura que mantuvo desde 2017 el exdirector interino de ICE, Tom Homan, quien ha sido nombrado por Trump como el “zar de la frontera”.
En declaraciones a Noticias Telemundo, Homan señaló que, cuando abandonó el cargo en junio de 2018, ICE tenía cerca de 150 equipos especializados en la búsqueda de fugitivos en todo el país, y su misión era “buscar, arrestar y deportar a personas que tuvieron el debido proceso a un gran gasto para los contribuyentes, y recibieron órdenes de deportación de un juez federal”.
“Si esas órdenes no se cumplen, entonces no habrá integridad en todo el sistema, pierde significado”, agregó Homan, remachando la advertencia que ha repetido en cada foro público.
Según Homan, ICE tiene a unos 14,000 agentes policiales para acarrear sus operaciones, lo que deja en claro la necesidad de que el Congreso apruebe más fondos para expandirlas.
El Congreso aún no ha sometido a voto la solicitud suplementaria de $4.500 millones de la Casa Blanca para reforzar la vigilancia fronteriza, de los cuales unos $3.300 millones estarían destinados a atender a los niños detenidos en los albergues.
En todo caso, el plan de ICE tendrá también retos logísticos porque el DHS ha desviado más recursos hacia la oleada de inmigrantes que intentan colarse por la frontera sur, bajando la presión sobre las operaciones al interior del país.
Un plan “inhumano” y “costoso”
Expertos y legisladores consultados hoy por Noticias Telemundo aseguraron que el plan es “inhumano”, tendría un alto costo financiero y no es una fórmula eficiente para atajar la emigración ilegal desde Centroamérica.
En ese sentido, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que el plan tiene objetivos políticos y “es inhumano, los separa de sus familias, de sus comunidades”, mientras que su bancada ha propuesto una vía más humanitaria.
Esa propuesta consiste en permitir que los inmigrantes soliciten asilo en EEUU desde El Salvador, Guatemala y Honduras, evitando el peligroso cruce fronterizo, y que el gobierno provea a esos países más ayuda para combatir a las pandillas, narcotraficantes y el crimen organizado, además de asistencia humanitaria.
Pero, según Schumer, es difícil negociar con Trump porque cambia constantemente de posturas por conveniencia política.
“Es un fracaso político porque cree que puede ganar elecciones atacando a inmigrantes… cambia de parecer minuto a minuto y pareciera que quiere hacer lo que sea en el momento por motivos políticos”, subrayó Schumer.
Doris Meissner, excomisionada del desaparecido Sistema de Inmigración y Naturalización (INS) entre 1993 y 2000, dijo que amenazar con una deportación masiva “es otro ejemplo de propagar el miedo de forma temeraria”.
Aún durante el período de mayor acción policial de ICE, entre 2008 y 2011 -bajo la Administración Obama- las deportaciones desde el interior del país nunca superaron los 240,000, señaló Meissner.
En el año fiscal 2017, por ejemplo -cuando Trump llevaba 6 meses en el poder- ICE deportó a un total de 226,119 personas.
Por su parte, Tom Jawetz, un analista en temas migratorios del Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), dijo que aún sin conocer el plan, lo cierto es que a esta Administración “le gusta generar miedo y espectáculo”.
Trump “no está tratando de hablar con el público estadounidense en general” sino que hace guiños a su base, continuando la intimidación y satanización de los inmigrantes pese a que la mayoría de los estadounidenses se opone a la deportación, enfatizó Jawetz.
En 2015, un análisis de CAP calculó que deportar a los once millones de inmigrantes indocumentados tendría un costo directo de al menos $114.000 millones, incluyendo el costo de procesarlos a través de los tribunales y trasladarlos fuera del país. La cifra, claro está, no incluye el impacto en la economía y en los negocios que dependen de esta mano de obra.
Según Jawetz, si el Congreso quisiera hacer su trabajo, podría restringir los fondos para DHS, y realizar audiencias y más acciones de supervisión del Ejecutivo, además de incrementar la asistencia exterior a Centroamérica.
Richard Morales, director de políticas de La Red, un proyecto sobre los derechos de los inmigrantes del grupo “Faith in Action”, dijo que Trump pretende crear un “reino del terror” contra los inmigrantes y las minorías” y corresponde que tanto la clase política como los demás candidatos presidenciales condenen sus acciones.
“No nos dejaremos intimidar, estamos preparados para sus tácticas”, dijo.
Grupos como La Red ya están distribuyendo materiales para que los inmigrantes “conozcan sus derechos” y sepan cómo defenderse de una deportación. Además, están listos para documentar y grabar cualquier redada que ocurra, según Morales.
Desde 2017, cuando emitió una orden ejecutiva para recrudecer la represión de los inmigrantes indocumentados, la Administración Trump ha tomado una serie de medidas en la frontera y al interior del país para disuadir la emigración ilegal desde Centroamérica.
Pero la pobreza, violencia e inseguridad ciudadana en la región puede más que las amenazas de la Administración. Las cifras de la Patrulla Fronteriza de mayo dieron cuenta, por tercer mes consecutivo, del arresto de más de 100,000 personas en la frontera, en su mayoría familias y niños.
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