El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) está transfiriendo solicitudes de residencia permanente y de naturalización para aliviar así sus oficinas más sobrecargadas, en un intento de acabar con el creciente retraso en el procesamiento de casos, según ha informado el diario The Washington Post.
Eso debería acortar los tiempos en algunas comunidades, como St. Paul (Minnesota), donde algunos inmigrantes han tenido que esperar hasta dos años para convertirse en ciudadanos, pero al mismo tiempo alargará el proceso para otros, que hasta ahora se beneficiaban de oficinas menos sobrecargadas.
El número de inmigrantes naturalizados para convertirse en ciudadanos de pleno derecho alcanzó en 2018 su cifra récord de los últimos cinco años, pese a las trabas impuestas por el Gobierno presidido por Donald Trump.
En el año fiscal de 2018 (de octubre de 2017 a septiembre de 2018) fueron 756.800 personas, un 16% más que en 2014. La tasa de aprobación de solicitudes descendió ligeramente, por debajo del 90%.
Sin embargo, abogados de inmigración se han quejado de la creciente lentitud en la tramitación de solicitudes, que USCIS atribuye al mayor numnero de aplicaciones.
El numero de solicitudes procesadas en 2018 rozó las 850.000, un 18% más que en 2014. Hay así un atasco de 730.000 solicitudes pendientes de ser procesadas.
Los retrasos para obtener un visado, la residencia permanente o la ciudadanía casi se han duplicado en general en los últimos cuatro años, según la Asociación estadounidense de Abogados de Inmigración, que denuncia que se ha alcanzado un nivel “crítico”.
En el año fiscal de 2014, con el demócrata Barack Obama en la Casa Blanca, el tiempo medio que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés) tomaba en procesar un caso rondaba los cinco meses; en 2018, se acerca ya a los 10 meses, pero en casos concretos puede incluso superar los dos años.
“Estos retrasos en toda la nación están dañando a familias, población vulnerable y negocios estadounidenses que dependen de que se resuelvan adecuadamente”, señaló en febrero la asociación de abogados de inmigración.
La asociación cifra en 2,33 millones casos los retrasos a finales del año fiscal de 2017, lo que afecta a green cards, visados para víctimas de trata de personas, o permisos de trabajo, entre otros. En algunos casos, como el procedimiento I-360 (para, entre otros, víctimas de abusos domésticos), entre 2016 y 2018 el tiempo de espera ha pasado de cinco meses a casi 14.
El número de expedientes retrasado se ha duplicado en tan solo un año (entre 2017 y 2018), alcanzando probablemente su nivel máximo histórico, según la asociación, que cita las cifras reportadas por USCIS al Congreso. Y ello pese a que, durante ese año, el incremento de casos fue de sólo un 4%.
Los abogados culpan de estos retrasos a los “cambios equivocados de política” por parte del Gobierno de Donald Trump, que han jugado un “papel clave”. El propio Departamento de Seguridad Nacional lo reconoció al Congreso en abril de 2018. Entre estos cambios, destaca por ejemplo el nuevo requerimiento de entrevistas personales para las green cards y casos de asilo.
En conclusión, los abogados recomiendan acabar con este “muro invisible”, eliminando políticas “innecesarias” y reforzando el control del Congreso y la transparencia por parte de USCIS.
Los retrasos afectan además con especial gravedad a los estudiantes universitarios extranjeros, que, tras concluir sus estudios, se benefician de un periodo de al menos un año para hacer prácticas en empresas estadounidenses.
Generalmente, obtenían su permiso tras su graduación, pero ahora tienen que aguardar hasta cinco meses, según informa el diario The New York Times, lo que pone en peligro sus ofertas de trabajo y les obliga a subsistir sin ingresos.