El director en funciones del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS, en inglés), Ken Cuccinelli, ha enviado un correo electrónico a sus trabajadores en el que parece presionarles para que no acepten las solicitudes de asilo de los inmigrantes llegados a la frontera aunque pasen la primera prueba de miedo creíble, que les da derecho a que su caso sea examinado por un juez.
Cuccinelli, ex fiscal general de Virginia, fue elegido para dirigir USCIS hace una semana por el presidente, Donald Trump, aunque debe ser confirmado aún por el Senado.
Su nombramiento fue recibido como “el fin de la inmigración legal tal y como existe en la actualidad”, en palabras de Danielle Spooner, presidenta del sindicato que representa a los trabajadores de la agencia federal.
Antes de su nombramiento, Cuccinelli comparó la política migratoria con la exterminación de ratas y otras pestes; calificó de “invasión” la llegada de inmigrantes; intentó quitar a los hijos de inmigrantes indocumentados el derecho a la ciudadanía pese a haber nacido en Estados Unidos (una idea inconstitucional también defendida por Trump); y se mostró a favor de permitir a los empresarios despedir a quienes que no hablen en inglés en su empleo.
Además, hizo comentarios derogatorios contra mujeres; criticó la homosexualidad, defendiendo que se convierta en delito la sodomía; y cuestionó el derecho al aborto(reconocido por la Corte Suprema).
Este martes, ya como director en funciones de USCIS, Cuccinelli ha enviado un mensaje a los trabajadores de la agencia federal, según reporta la web informativa Buzzfeed News, en el que asegura:
“En nuestro abusado sistema migratorio, si un extranjero viene a Estados Unidos y asegura tener miedo a regresar, tiene derecho a una prueba de miedo creíble por parte de USCIS, y a una audiencia ante un juez de inmigración”.
En realidad, sólo tiene derecho a lo primero: para solicitar asilo, los inmigrantes deben pasar primero una prueba de miedo creíble, en la que demuestren que temen por su vida si regresan a su país de origen porque allí son perseguidos por su raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social determinado. Aproximadamente nueve de cada 10 inmigrantes que lo intentan consiguen pasar esta prueba.
Obtienen así derecho a presentar su caso ante una corte de inmigración; entre tanto, se les permite quedar en libertad, porque las autoridades migratorias no tienen plazas suficientes en centros de detención para hacer frente a la llegada de personas en la frontera.
La cita ante el juez puede alargarse años, puesto que las cortes de inmigración sufren un retraso superior al millón de casos por resolver, colapsadas por la llegada masiva de inmigrantes y por la decisión de Trump de reabrir casos que estaban congelados para forzar más deportaciones. El Gobierno ha forzado un acuerdo con México, bajo la amenaza de imponer aranceles, para que los solicitantes de asilo deban esperar en el país vecino a su cita con el juez.
Llegado el momento, la corte de inmigración deberá examinar si concede el asilo al inmigrante, u ordena que sea devuelto a su país. En 2012, con el demócrata Barack Obama en la Casa Blanca, seis de cada 10 inmigrantes lograban asilo; en 2018, lo consiguen apenas tres de cada 10. Las jueces de inmigración son independientes pese a que dependen del Departamento de Justicia, pero deben obedecer las directivas y cambios normativos que aprueba el fiscal general.
En su mensaje a los trabajadores, el nuevo director en funciones de USCIS les recuerda que “juraron respaldar y defender la Constitución”, y “su rol como oficial de asilo requiere de la aplicación fiel de la ley”.
Alegando que un gran número de inmigrantes no se presentan finalmente a su cita con el juez y optan por permanecer ilegalmente en el país (es falso: en 2015, por ejemplo, casi nueve de cada 10 se presentaron ante la corte), Cuccinelli ha pedido a sus trabajadores que “discriminen apropiadamente a aquellos que claman miedo creíble pero no tienen posibilidades significativas de lograr asilo”.
Quiere así acabar con “peticiones frívolas” y “asegurarse de cumplir las leyes de nuestra nación, aprobando sólo las pruebas de miedo creíble en los casos que tengan posibilidades significativas de éxito” en la petición de asilo.
Esto es ilegal: los oficiales de USCIS deben realizar la prueba de miedo creíble sin presuponer lo que un juez de inmigración hará después, porque no les corresponde a ellos tomar esa decisión sino al juez. “Es una locura”, ha indicado un oficial consultado por BuzzFeed News.
“Es una amenaza”, indicó Ur Jaddou, ex consejero en jefe de la agencia federal, “una amenaza increíble y no algo que un director podría enviar con normalidad”.