Un tribunal federal revirtió este jueves la orden de deportación de un inmigrante mexicano que fue arrestado en una redada en Los Ángeles, en la que 138 indocumentados fueron detenidos en una fábrica. El tribunal falló que su detención fue ilegal. Este fallo puede influir en la forma en que las autoridades de inmigración intervienen en fábricas y oficinas y beneficiar a otros migrantes con procedimientos de deportación.
El demandante, Gregorio Pérez Cruz, que ingresó ilegalmente en EEUU en 1994, fue uno de los trabajadores arrestados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en la fábrica de cartuchos de impresora, Micro Solutions Enterprise, de la ciudad de Van Nuys (norte de Los Ángeles) en febrero del 2008.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno, con sede en San Francisco (California), consideró que el ICE tenía una orden para registrar los documentos de empleo la empresa y órdenes de arresto para ocho empleados, pero en su lugar los agentes ejecutaron una redada.
Unos 100 agentes armados y uniformados ingresaron a la fábrica, bloqueando todas las puertas y exigieron que nadie podía salir o usar sus teléfonos celulares. Así, sometieron a los inmigrantes a interrogatorios sin presencia de abogados, además de mantener al grupo de trabajadores sin comida ni agua durante más de 18 horas. Pérez reveló su estado migratorio durante el interrogatorio.
Relacionado: ICE detiene a 140 inmigrantes en una redada de cinco días
La Corte consideró que Pérez no debe ser deportado porque su arresto estaba fuera de los parámetros de la orden de registro. La jueza Marsha S. Berzon, miembro del panel que tomó la decisión, dijo que había "evidencia clara en el expediente de que el plan estaba centrado en la detención de los trabajadores, no en la búsqueda de documentos".
"(La) orden de registro solo autorizó una búsqueda de registros del empleador, presumiblemente, documentos en papel o archivos electrónicos. Sin embargo, los agentes utilizaron la orden para ingresar al área de trabajo y detener a cientos de trabajadores", escribió Barzon.
Un memorándum interno emitido antes de la operación indicaba que ICE "(estaría) realizando una orden de registro y espera realizar 150-200 arrestos". Dijo que ICE tendría dos a cinco autobuses para transportar a los detenidos y 200 camas disponibles.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la abogada de inmigración Noemí Ramírez lograron demostrar que el ICE había interrogado ilegalmente a Pérez Cruz, lo que llevó al tribunal a anular la orden de deportación en contra del inmigrante.
"La decisión de hoy envía un mensaje poderoso: todos tienen derecho a estar libres de búsquedas y confiscaciones ilegales" dijo en un comunicado el abogado de ACLU Ahilan Arulanantham.
Por su parte la abogada Ramírez destaca que la "decisión del tribunal es clara, y ICE no puede llevar a cabo detenciones masivas planificadas de antemano, interrogatorios y arrestos que violan los derechos de la Cuarta Enmienda que protegen a una persona" a sufrir confiscaciones arbitrarias.
La ACLU advirtió que la decisión de este jueve probablemente invalidará los procedimientos de deportación en otros casos de la redada a la compañía, e influirá en casos en los que el ICE haya utilizado tácticas similares en todo el país.
MÁS INFORMACIÓN: