El estado de Nuevo México demandó este lunes al gobierno del presidente Donald Trump por violar la política de "liberación segura" de migrantes que, tras solicitar asilo al cruzar la frontera sur, quedan al cuidado de organizaciones caritativas y de los gobiernos locales.
Antes el Gobierno federal transportaba hasta su destino final a los migrantes que eran arrestados en la frontera y solicitaban asilo político; sin embargo este procedimiento terminó en octubre de 2018 en medio de una oleada de migrantes centroamericanos que llegaron a la frontera sur.
Ahora por lo general, los solicitantes de asilo son liberados casi de inmediato, a su suerte en las comunidades fronterizas donde el gobierno y organizaciones locales tratan de asistirlos mientras contactan a sus familiares y compran pasajes de autobuses para llegar a su destino.
Nuevo México no es el primer estado en dar curso a una demanda de este tipo. En abril, el condado de San Diego, California, presentó un recurso similar.
De acuerdo con la demanda legal, esta política de liberar a las familias, en su mayoría de países centroamericanos que viajan con hijos menores de edad,supone una fuerte presión para las comunidades fronterizas que deben utilizar sus propios recursos para asistir a los migrantes.
"La administración Trump ha fallado de manera constante y flagrante en su respuesta a la actual crisis humanitaria en nuestra frontera sur, así como en abordar las preocupaciones legítimas de seguridad fronteriza", ha dicho en un comunicado la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham.
En la demanda, Nuevo México asegura que esta política deja a personas y familias vulnerables sin asistencia y agobia tanto a los gobiernos locales como a las organizaciones sin fines de lucro. También solicita el reembolso de los costos como resultado de la liberación de familias inmigrantes en ciudades fronterizas.
"Se necesitan remedios a largo plazo; el objetivo de esta acción legal es proteger en igual medida a los nuevo mexicanos y gobiernos locales en el sur de nuestro estado, así como a los individuos que buscan asilo y que han sido tratados con negligencia por las decisiones de Washington", enfatiza la gobernadora.
El recurso legal, que fue presentado ante la Corte Federal de Distrito de Nuevo México, tiene como codemandante a la ciudad de Albuquerque. La ciudad recibe semanalmente entre 150 y 250 migrantes y ha destinado 250.000 dólares para labores humanitarias.
El estado pagó alrededor de 750.000 en fondos de emergencia a los gobiernos locales para compensar los gastos resultantes del cambio en las prácticas federales de asilo, además de movilizar a empleados de distintas agencias estatales.
Por lo general, las familias de migrantes permanecen una o dos noches en un albergue local antes de iniciar el traslado para reunirse con familiares o conocidos en diversas partes del país.
Desde hace tiempo, las familias que llegan a la frontera son sido liberadas y se les permite establecerse con amigos o familiares en Estados Unidos en lo que sus casos se abren paso por el sistema legal, un proceso que suele tomar años.
En el pasado mes de mayo, las autoridades detuvieron a 132.887 personas por entrar ilegalmente al país, casi tres veces más que los 51.862 del año pasado. De los detenidos por cruzar ilegalmente, 11.507 eran menores sin la compañía de un familiar adulto y 84.542 formaban parte de grupos de familias en los que hay al menos un menor de edad.
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