El Gobierno que preside Donald Trump ha modificado la manera en la que entrega a los menores inmigrantes llegados solos al país, relajando los controles de antecedentes criminales para acelerar su asignación a familias de acogida, según informa la agencia de noticias Reuters.
La cifra de menores no acompañados interceptados en la frontera ha pasado de unos 5.000 al mes entre octubre y enero hasta 11.500 en mayo. A ellos se suman un número indeterminado de niños que llegan con familiares pero son separados en la frontera. Sólo en mayo llegaron 85.000 personas en familia, frente a las 23.000 de octubre del año pasado.
El Departamento de Salud ha recibido más de 41.000 menores en los que va de año, un 60% más que el anterior. De media tiene a 13.200 en centros de detención, donde pasan, también de media, 48 días a la espera de una familia de acogida.
Pese a que un acuerdo judicial obliga al Gobierno a liberar a los menores en un plazo de máximo de 20 días, algunos pasan meses esperando a pasar bajo custodia de familias de acogida. Entre tanto, están encerrados en condiciones propias de una prisión, según han denunciado activistas ante una corte federal.
La saturación de los centros de detención, que trabajan al 97%, por encima del límite de alerta, lleva a que niños tengan que dormir en bancos de concreto o afuera de las estaciones de la Patrulla Fronteriza. Y el Gobierno ha cancelado las clases de inglés, la asistencia legal y las actividades de recreo de los menores (incluido el fútbol), alegando que sólo tiene dinero para mantenerlos con vida.
Para acelerar los trámites de acogida de los menores, el Departamento de Salud (que es quien los recibe de manos de las autoridades migratorias) anunció el viernes a su personal que eliminará un trámite de control muy controvertido.
Para comprobar que los menores quedan en buenas manos, las autoridades realizan un control de antecedentes usando la base de datos criminal del FBI. Sin embargo, desde mayo de 2018 se envían también las huellas digitales a una base de datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para chequear el estado migratorio y si hay orden de deportación en su contra.
Según el Departamento de Salud, ese control adicional no ha aportado “ninguna información sustantiva”, y su eliminación puede acelerar el proceso al menos dos o tres días.
Pero, aunque las autoridades no lo hayan señalado, no se trata sólo de una cuestión de tiempo: controlar el estatus migratorio de las familias de acogida (a menudo, parientes del menor en Estados Unidos) inhibe a éstas a dar el paso adelante si su situación no es perfectamente legal, lo que complica el proceso de adopción.
Sin embargo, el Departamento de Salud seguirá enviando las huellas digitales a ICE. Lo que no hará es esperar a revisar su resultado, lo que permitirá asignar a los menores con más rapidez.
Eso sí, el diciembre ya renunció a tomar las huellas de todos los miembros del hogar de acogida, y en marzo renunció a tomar las de ambos padres, lo que puede haber facilitado el proceso de acogida en familias con un estatus migratorio irregular (por ejemplo, una estadounidense casada con un migrante sin visado).