Casi un centenar de inmigrantes indocumentados fue arrestado en una espectacular redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) el 5 de abril de 2018. En el exterior se podía escuchar el sonido de helicópteros sobrevolando una empacadora de carne en Bean Station, un pueblito de Tennessee afincado en el meandro de una laguna. “De un momento a otro, la planta se convirtió en un caos”, explicó una trabajadora.
Más de un año después, decenas de trabajadores aguardan su deportación, pero el dueño de la factoría también se encuentra en problemas: en otoño fue condenado por contratar a indocumentados, primero sin pedir tarjetas de seguro social y después animando a falsificarlas.
Su caso se vio agravado por las condiciones peligrosas de la factoría y el robo de salarios a sus trabajadores, en su mayoría mexicanos y guatemaltecos.
Pero, aun sin esas circunstancias, también habría sido excepcional.
Entre abril de 2018 y marzo de 2019 (los últimos datos disponibles), sólo 11 personas (y ninguna empresa como tal) han sido procesados criminalmente por contratar a trabajadores indocumentados. En ese mismo periodo sí lo fueron 120.344 migrantes indocumentados y 4.733 coyotes, según los datos del instituto TRAC de la Universidad de Syracuse.
Esta institución resalta que las posibilidades de ser procesado criminalmente por emplear ilegalmente a los 11 millones de migrantes indocumentados que se estima viven en Estados Unidos “parecen extremadamente remotas”. Se trata de un delito desde 1986, pero apenas 20 personas al año han sido procesadas desde entonces, y menos aún condenados a prisión: de los 11 mencionados, sólo tres.
ICE sí ha presumido de haber incrementado las inspecciones en lugares de trabajo, una táctica que busca intimidar a los inmigrantes para disuadir su llegada, y que ha explicado en parte por la falta de colaboración de determinados estados, condados y ciudades (los conocidos como santuario).
Entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, ICE realizó 6.848 inspecciones en lugares de trabajo, frente a las 1.691 del mismo periodo un año antes, y realizó 779 arrestos criminales y 1.525 administrativos. En su mayoría, según ha podido verse, se trataba de inmigrantes; el único ejemplo de empresario condenado es precisamente el arrestado en la empacadora de carne de Tennessee.
Desde 1986 es obligatorio para los empresarios comprobar el estatus migratorio de sus empleados, y la herramienta más sencilla es ahora el sistema E-Verify, puesto que permite hacerlo rápidamente de forma electrónica en vez de usar formularios.
Sin embargo, su uso no es obligatorio, y aunque se ha estudiado cambiar esta circunstancia en las reformas migratorias impulsadas por Trump, las compañías del presidente tampoco lo han usado. Han contratado además a migrantes indocumentados, pero no existe registro de haber sido castigadas por ello.