El gobierno federal está abriendo una nueva instalación para detener a niños migrantes en Texas y está considerando detener a cientos más en tres bases militares del país, lo que sumará 3.000 camas al ya sobrecargado sistema. El anuncio llega después de que el gobierno anunciara esta semana que va a reducir o recortar los gastos para los cursos de inglés, así como para los servicios legales y actividades recreativas, de más de 13.200 niños y adolescentes migrantes que están bajo su custodia.
La nueva instalación de emergencia en Carrizo Springs, Texas, alojará hasta 1.600 adolescentes en un complejo que alguna vez albergó a trabajadores petroleros en un terreno arrendado por el gobierno cerca de la frontera, dijo Mark Weber, portavoz de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).
La agencia sopesa además el uso de bases del Ejército y de la Fuerza Aérea en Georgia, Montana y Oklahoma para alojar a otros 1.400 menores de edad en las próximas semanas, dado el alto número de niños que llegan a Estados Unidos sin compañía de un familiar o tutor adulto.
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La semana pasada, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa a la oficina de refugiados, notificó a los albergues del país que no iba a rembolsarles los gastos en salarios de los maestros, en servicios legales o en equipos recreativos, alegando que se necesitaban recortes del presupuesto debido a los números récord de niños sin compañía de un adulto que siguen llegando a la frontera, en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador. En mayo, los agentes fronterizos detuvieron a 11.507 niños que viajaban solos.
Los activistas han dicho que la medida es punitiva y que ese tipo de servicios generalmente están disponibles para los prisioneros adultos. “Si van a abrir el programa con esos números y ni siquiera pueden manejar la afluencia en las instalaciones que tienen de una manera humana, entonces va a ser algo desastroso”, apunta Holly Cooper, abogada de la Clínica de Leyes de Inmigración en la Universidad de California en Davis, que representa a los jóvenes detenidos.
“La cancelación de la ORR de esos servicios causará más daño a los niños, muchos de los cuales continúan languideciendo durante meses sin ser alojados de manera segura y expedita bajo el cuidado de un tutor. Eso no es sólo inaceptable, sino que podría ser una violación a la ley”, dijo la representante Rosa DeLauro, quien preside la subcomisión de Asignaciones Presupuestarias que se encarga de supervisar el presupuesto de la agencia.
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Todas las nuevas instalaciones serán consideradas albergues de emergencia temporales, por lo tanto no estarán sujetas a los requisitos estatales de licencias de bienestar infantil, dijo Weber. En enero, el gobierno cerró un campamento de detención ubicado en el desierto de Texas que no contaba con licencia, y otra instalación sin licencia llamada Homestead continúa operando en los suburbios de Miami.
Bajo presión por la muerte de dos menores que pasaron por la red de albergues de la agencia y las demandas por el trato dado a adolescentes bajo su cuidado, la dependencia dijo que debe montar nuevas instalaciones para alojar a los recién llegados o arriesgarse a quedarse sin camas disponibles.