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Censo 2020: Juez ve argumentos de peso que prueban intereses partidistas en la pregunta sobre ciudadanía

El juez federal Jesse M. Furman considera "serias" las acusaciones de que los republicanos presionaron para introducir la pregunta en el censo de 2020, porque pensaron que daría ventaja electoral a blancos no hispanos
Censo de EEUU, documentos
Imagen de una hoja de la documentación del censo de EEUUAP / AP

El juez federal Jesse M. Furman ha calificado este miércoles de "serias" las acusaciones de los republicanos presionaron para introducir la pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020, porque pensaron que daría ventaja electoral a blancos no hispanos.

Furman recordó además al inicio de la breve audiencia, celebrada en una sala abarrotada de público, que la Corte Suprema de EE.UU. (integrada por cinco magistrados conservadores y cuatro progresistas) tiene aún que dar a conocer su veredicto. En la audiencia de abril, los nueve magistrados dejaron al descubierto sus diferencias ideológicas sobre el asunto.

El caso llegó hasta el tribunal superior después de que tres tribunales federales, en Nueva York, San Francisco (California) y Baltimore (Maryland) dictaminaran el año pasado que la Administración Trump no logró explicar con claridad o contundencia la necesidad de incluir la pregunta.

"Soy muy consciente del hecho de que actualmente está pendiente ante la Corte Suprema", dijo el juez federal. Aún así, dijo que las nuevas acusaciones basadas en documentos descubiertos el verano pasado "son serias".

Este caso se ha complicado después de encontrarse documentos recientemente en los archivos del republicano Thomas Hofeller, que falleció el año pasado, y que apuntan a que volver a incluir la pregunta sobre ciudadanía, que se había descartado en la década de 1950, sería parte de un plan para darle más poder político a los republicanos y a los blancos no hispanos.

Estos nuevos archivos de Hofeller son los que llevaron a la Coalición del Inmigrante de Nueva York. a presentar la demanda contra el Departamento de Comercio de EE.UU., que se ocupa del censo, pidiendo que la agencia gubernamental explique sus razones, como le exige la Ley Federal de Procedimientos Administrativos.

El censo, que se renueva cada diez años, es una herramienta clave a la hora de determinar el reparto de fondos federales, de asignar escaños a la cámara de representantes y a las cámaras estatales, así como fijar la representación del colegio electoral, el cuerpo de compromisarios encargado de elegir al presidente.

De acuerdo con los demandantes, la pregunta llevaría a una reducción de la participación de las comunidades inmigrantes por temor a ser deportados, lo que llevaría además a los estados con mayor inmigración a recibir menos fondos de lo necesario, ya que se calculan en relación a su población. Según la Coalición del Inmigrante, la reintroducción de la pregunta tuvo su origen en "una abierta discriminación racial".

También buscan que el Departamento de Comercio presente más documentos relacionados con la pregunta que quieren incluir en el censo y los expedientes de las diez personas que participaron en la redacción de documentos del Departamento de Justicia relacionados con la pregunta.

De acuerdo con la nueva información, que fue agregada como evidencia al caso ante el Tribunal Supremo, los demandados habrían ocultado la participación de Hofeller, en agosto de 2017, en la escritura de una carta del Departamento de Justicia enviada al de Comercio para que se incluyera dicha pregunta en el conteo que se hace cada diez años, por orden constitucional, de quienes viven en EE.UU.

Los demandantes aseguran que en un estudio de 2015, Hofeller precisa que incluir la pregunta sobre ciudadanía "podría poner claramente en desventaja a los demócratas y en ventaja a los republicanos y blancos no hispanos en el momento de rediseñar los distritos electorales".

"Apreciamos que la corte esté tomando seriamente nuestra alegaciones", dijo a su salida de la corte el principal abogado de la acusación en este caso, John Freedman, de la organización Unión de Libertades Civiles que representa a los demandantes."Queremos descubrir la verdad", agregó.

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