El centro de detención de Homestead (Florida) alberga ya a 2.350 menores migrantes y sigue creciendo. “Los niños están encarcelados de forma innecesaria en condiciones propias de una prisión durante meses”, han denunciado activistas ante una corte judicial, pese a que no hay riesgo de que huyan ni de que causen daño a nadie. De hecho, su encierro en este “campamento militar”, sin posibilidad de recibir ni un abrazo que les reconforta, está haciendo que se lesionen a sí mismos por desesperación.
El Gobierno está obligado a liberar a los menores migrantes en un plazo máximo de 20 días, pero en realidad pasan semanas o meses en este centro de detención, ubicado al sur de Miami, cerca del área de recreo vacacional de los cayos. Allí, mientras esperan ser entregados a familiares o a hogares de acogida temporal, tienen que seguir las estrictas reglas, bajo amenaza de ser deportados, y con las llamadas a sus padres limitadas, según informan la agencia de noticias The Associated Press y el diario Miami Herald.
“Es muy duro”, ha explicado un niño hondureño que llegó a la frontera con su tía en diciembre. Ella fue deportada y él enviado a Homestead, según contó a las organizaciones que han presentado la demanda ante una corte federal de Los Ángeles. El Departamento de Salud, al cargo de la instalación, no permite la entrada de periodistas, de forma que estos testimonios se conocen gracias a las entrevistas con más de 70 niños realizadas por abogados voluntarios e intérpretes.
El niño hondureño (su identidad no ha sido revelada) asegura que sólo puede hablar con su madre dos veces a la semana. Ahora espera ser puesto en manos de una tía que vive en Virginia, pero denuncia que fue golpeado en la cara por otro menor, pero que no fue al doctor ni se lo contó a su madre para que no se preocupara: “Ya lloramos en el teléfono”.
Tanto el Departamento de Salud como el contratista privado que gestiona la instalación, Comprehensive Health Services, han declinado comentar este informe judicial, que tiene más 700 páginas.
La instalación, entre tanto, sigue creciendo y se prepara para añadir cientos de camas. En lo que va de año fiscal (de octubre a abril) han sido interceptados 44.779 menores no acompañados en la frontera. Pero además han llegado 248.197 personas en familia, es decir, adultos con niños, que en algunos casos también han sido encerrados por separado.
Aunque el Gobierno prometió acabar con la política de tolerancia cero que hace un año separó a casi 3.000 niños de sus padres tras cruzar la frontera, siguen registrándose casos; además, aquellos menores que llegan con sus tíos, abuelos y otros familiares no directos son separados.
El presidente, Donald Trump, quiere acabar además con el acuerdo judicial que, desde 1997, obliga al Gobierno a poner en libertad a los menores migrantes antes de 20 días; de hecho, ya no se cumple por las dificultades para encontrar familias de acogida, entre otros motivos.
Los testimonios de los niños encerrados son desgarradores. Una menor guatemalteca se queja de que ni siquiera entiende a los trabajadores del centro porque no habla español, sólo quechua. Otro se lamenta de que, aunque quiere regresar a su país, con sus padres, no se lo permiten: “Es difícil de entender porque me impiden reunirme con mi familia”.
Un menor salvadoreño que dice haber dejado su país en enero huyendo de la violencia asegura que en el centro no pueden tocar a nadie, ni siquiera para abrazarle, o serán reportados y su caso se retrasará. No pudo hablar con sus padres cuando cumplió 17 años porque ya había agotado sus dos llamadas semanales de 10 minutos cada una.
“Les hecho de menos”, explica, “y aunque hoy es mi cumpleaños, es difícil porque ellos no pueden llamarme ni yo puedo llamarles”.