El presidente, Donald Trump, ordenó ayer a los departamentos de Salud y de Agricultura (del que dependen los cupones para comida) que se aseguren de que los ciudadanos que han patrocinado a un inmigrante para que venga legalmente a Estados Unidos reembolsen cualquier ayuda social que éste reciba.
Las leyes migratorias así lo requieren desde 1997 por orden del Congreso, que por entonces estaba completamente en manos del Partido Republicano. Pero Trump considera que no se están cumpliendo adecuadamente: señala, por ejemplo, como el Departamento de Salud no tiene los mecanismos para recuperar el dinero que destina al programa Medicaid para inmigrantes legales.
Por ello, da tres meses a todas las agencias federales para que lo remedien.
Las únicas excepciones son, por ley, para aquellos que no puedan obtener techo o comida sin ayuda pública, para niños y mujeres embarazadas, y para aquellos que reciben cupones de comida siendo niños o viviendo aún con su espónsor.
La Casa Blanca ha explicado que el objetivo es reducir “el turismo de ayudas sociales”, según la web informativa The Hill. Según sus cifras, seis de cada 10 hogares inmigrantes se benefician de ayudas sociales. Con este programa, aquella persona que esponsorizó su llegada (por ejemplo, a través de una green card de reunificación familiar) deberá hacerse cargo de sus gastos.
Esta política se integra dentro de la batalla de Trump contra los visados de reunificación familiar, que califica despectivamente como “inmigración en cadena” (aunque su propia esposa, Melania, lo ha usado para traer a sus padres al país). En su última propuesta de reforma migratoria, la Casa Blanca apuesta por reducir a la mitad estos visados (de 725.000 a 360.000 al año)
¿Qué consecuencias tendrá el nuevo memorándum presidencial?
A falta de conocer las cifras globales de afectados, sirva este ejemplo de lo que podría pasar.
Anthony y Christine Hyde llegaron al país en 2009 con visados de trabajo, y comenzaron a tramitar su residencia permanente seis años después. Por entonces, la mujer estaba en su octavo mes de embarazo, así que las autoridades migratorias la obligaron a someterse a una prueba médica.
El resultado fue devastador: el bebé sufría fibrosis cística, una enfermedad hereditaria incurable que puede ser tratada para que el paciente viva durante décadas. Pero el tratamiento no es barato: según las autoridades migratorias, podría costar hasta 210.000 dólares al año. Y eso podría supone una carga para los contribuyentes si se costeara a través de un seguro médico público.
Así que denegaron la petición de residencia permanente a la pareja y a su hijo.
La familia lleva tres años luchando para demostrar que su hijo no necesitará un trasplante de pulmón, y por tanto no sería una carga para el contribuyente, puesto que ha obtenido acceso a un tratamiento médico de última generación.
Pero a menos que el Gobierno cambie de decisión, en menos de un mes deberán abandonar el país. Eso podría complicar la salud del niño: “No podemos bajarnos del avión” de vuelta a su país de origen, Irlanda, “y pedir esa medicina, porque es un fármaco de última generación”, explicó la madre a la cadena ABC.
Esto está ocurriendo en Australia, donde las leyes migratorias también se están endureciendo. Pero ¿podría ocurrir también en Estados Unidos?