Cinco hispanos han sido acusados de obligar a 14 migrantes mexicanos a trabajar en ranchos de Wisconsin, donde "fueron víctimas de una forma grave de trata de personas". Según la acusación desvelada esta semana, la Fiscalía señana que los acusados quitaron a los migrantes sus documentos para evitar que se escaparan y les obligaban a trabajar bajo amenaza de causarles "daños graves".
Los sospechoso reclutaron a los migrantes, todos mexicanos, y les consiguieron visas de trabajo agrícola simulando que trabajarían en Georgia. Sin embargo, trasladaron a las víctimas a fincas en Wisconsin, donde estuvieron desde julio de 2016 al 10 de noviembre de 2016.
A los migrantes a veces se les negaban agua durante días calurosos, tenían turnos de trabajo de 12 horas, seis o siete días a la semana, con un descanso para comer de 30 minutos, y se les negaba la atención médica o les castigaban si la buscaban ellos mismos, según los fiscales.
Los imputados son Saúl García, de 49 años; Saúl García Jr., de 26; Daniel García, de 28; Consuelo García, de 45; y María Remedios García Olalde, de 52. Enfrentan cargos por trabajo forzado, trata de peones, esclavitud y servidumbre involuntaria. Uno de los hombres también está acusado de tratar de influir en el testimonio que dos de las víctimas dieron al jurado investigador.
Los acusados están detenidos y todavía no tienen abogados.
Cuando trabajaban en fincas en Kenosha y Racine, en Wisconsin, alojaban a los migrantes en un hotel, a menudo cuatro en una habitación, y a veces tenían que dormir en el piso, según la fiscalía. A las seis de la mañana, cuatro autobuses escolares amarillos los trasladaban a los lugares de trabajo.
Aunque los cargos fueron presentados a nombre de 14 hombres en Wisconsin, entre 2015 y 2016 los acusados llevaron a centenares de inmigrantes mexicanos a trabajar en su finca en Georgia, donde viven, según la fiscalía de ese estado. Algunos trabajadores fueron enviados después a Wisconsin.
Las autoridades desmantelaron la operación el 10 de noviembre de 2016, cuando detuvieron uno de los autobuses escolares amarillos. De los 23 trabajadores que iban en la unidad ese día, 11 regresaron a México y 12 optaron por quedarse en Wisconsin. En la acusación formal no se menciona el nombre de las víctimas ni el lugar donde fueron reclutadas en México.
“La trata de otro ser humano es un delito particularmente infame”, dijo el fiscal federal de Wisconsin, Matthew Krueger, en un comunicado. “El Departamento de Justicia está comprometido a llevar a juicio a quien pretenda vender la libertad de otra persona”.
En el juicio, el gobierno federal intenta confiscar 15 propiedades a los acusados en Georgia, así como 15 vehículos que tienen registrados en el estado.
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