Para muchos migrantes ser una carga pública se ha convertido en un miedo después de que Trump llegara a la Casa Blanca y endureciera todas las leyes contra quienes buscan una mejor vida en Estados Unidos.
La mano dura de su administración ha hecho que más familias migrantes rechacen los programas de ayuda pública que incluyen bonos de comida, asistencia médica o cualquier tipo de beneficio que pudiera representar un gasto para el Gobierno.
Así lo determinó un estudio del Urban Institute en donde señalan que más del 13% de los adultos en familias migrantes dijeron que no aceptarían ningún tipo de ayuda porque podría entorpecer su camino hacia la tarjeta de residencia, reportó CBS News.
La investigación, que tomó como muestra a cerca de 2.000 adultos inmigrantes en diciembre del 2018, es la primera de su clase que se dedica a desentrañar el “efecto escalofriante” de la política propuesta por Trump que comenzaría a aplicarse a finales de este año.
"Creo que es bastante preocupante ver que las familias no están usando los servicios a los que tienen derecho debido al miedo. Es un tanto despreciable ver que la administración está haciendo todo lo posible para continuar con su agenda contra los inmigrantes", dijo la representante de California, Nanette Barragán.
El estudio también arrojó que la cifra de inmigrantes que han asegurado sentirse con miedo ha aumentado sobre todo en las familias de bajos ingresos llegando a ser un 20.7% de esa población.
Actualmente, las autoridades migratorias requieren que los solicitantes de residencia demuestren que no serán una carga para el país, pero bajo la propuesta de Trump también se verificaría el uso de planes de vivienda, cobertura de medicamentos recetados por Medicare o el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), entre otros requisitos.
Con más de 400 páginas, esta propuesta también indica que, de diagnosticarse una condición médica que requiera un tratamiento extenso, también será considerada en la decisión de los agentes.
El concepto de carga pública dentro de la ley de inmigración estadounidense apareció por primera vez en 1882 y fue retomada en 1952, y ahora la administración Trump está tratando de retomarla para endurecer los procesos de solicitud de residencia permanente o visas temporales.
Sus peticiones han sobrepasado los límites, por lo que defensores de la migración y los demócratas se han opuesto a que se ponga en marcha, puesto que sería un castigo para los inmigrantes pobres que tienen a necesidad de hacer uso de algunos de los programas que ofrece el Gobierno.
Además, esta medida no solo ha impactado a los migrantes que buscan obtener una presencia legal definitiva en el país, sino también a los familiares que ya cuentan con una tarjeta de residencia.
Hamutal Bernstein, investigador asociado del Urban Institute y uno de los autores del informe, señaló que un 15% de los inmigrantes en las familias en las que todos tenían residencia y otro 9.3% de los adultos en las familias con ciudadanos naturalizados decidieron no participar en los últimos 12 meses en ningún programa de asistencia por el impacto que podría tener.
"El desbordamiento que vemos es producto de muchos malentendidos y confusiones sobre lo que es una regla muy complicada", señaló Bernstein, quien agregó que estos temores se desprenden de la medida tan confusa y compleja.
"Sin una regla finalizada o implementada, ya estamos viendo evidencia de efectos escalofriantes", concluyó.
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