Comisión latina pide al Congreso eliminar la pregunta sobre ciudadanía en el Censo de 2020

La Comisión Nacional Latina sobre el Censo de 2020 recomendó prohibir la pregunta sobre ciudadanía, o tomar medidas para mitigar su impacto negativo.

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/ Fuente: TELEMUNDO

WASHINGTON.— El Congreso debe aprobar una ley que elimine la pregunta sobre ciudadanía en el Censo de 2020, o de lo contrario correrá el riesgo de que el conteo nacional sea incompleto e impreciso y perjudique no sólo a los hispanos y demás minorías sino también a todos los habitantes del país.

Así lo advirtió hoy la Comisión Latina sobre el Censo de 2020, al divulgar en rueda de prensa en Washington una serie de recomendaciones para asegurar que el conteo nacional incluya también a todos los inmigrantes, sin importar su estatus migratorio.

El conteo poblacional, que es obligatorio y comenzará el 1 de abril de 2020, podrá realizarse en internet por primera vez el próximo año, además de las opciones de formularios de papel, respuestas por teléfono o visitas en los hogares.  

 “Este censo está en problemas “, advirtió Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO, por su sigla en inglés), al señalar que la Oficina del Censo carece de suficientes fondos desde hace 5 años y ahora afronta la politización por la inclusión de una polémica pregunta.

Vargas criticó que las autoridades federales decidieron incluir la pregunta sobre ciudadanía sin siquiera hacer pruebas para determinar el impacto de una baja participación ciudadana, por lo que su grupo vigilará las pruebas que la Oficina del Censo realizará en julio próximo.

En declaraciones a Noticias Telemundo, Vargas dijo que un subconteo en realidad termina perjudicando a todos los habitantes,  porque los hispanos son parte integral de las comunidades. 

Vargas advirtió de que es obligatorio rellenar todo el formulario del censo, por lo que no es una opción saltarse preguntas. Cualquier formulario incompleto podría dar pie a contactos adicionales del personal de la Oficina del Censo, ya sea por teléfono o “con un golpe en la puerta”, dijo.

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James Christy, subdirector de operaciones de campo de la Oficina del Censo, aseguró que su oficina “está lista” y prevé gastar $500 millones para la enumeración nacional el próximo año, para la cual contará además con un personal de 1.500. En 2010, el gobierno gastó $376 millones y tuvo 820 especialistas en comunidades difíciles de contactar.

Christy quiso trasladar un mensaje de calma ante el temor que existe en las comunidades inmigrantes sobre el uso indebido de los datos del censo.

“El censo sólo hace algunas preguntas, toma unos 10 minutos para rellenar y, esto es muy importante, las respuestas son seguras y protegidas por la ley… hay sanciones por divulgar información, de cinco años en prisión y una multa de $250,000 por cada ocasión” en que se divulguen respuestas que identifiquen a las personas y hogares, afirmó Christy.

Pero James Diossa, alcalde de Central Falls (Rhode Island) y miembro de la Comisión, dijo en la misma rueda de prensa que “el miedo es real” ante el clima de hostilidad que percibe la comunidad inmigrante.

La pregunta sobre ciudadanía “nos ha traído retos en mi administración… las alianzas (con grupos comunitarios) serán clave, con grupos sin fines de lucro, grupos religiosos, organizaciones culturales y de seguridad pública, y con los medios de comunicación” para incentivar la participación de los latinos, dijo Diossa.

Vargas prometió que NALEO se mantendrá en alerta para “prevenir y frenar cualquier amenaza a la confidencialidad y la supresión del conteo. Vamos a permanecer atentos para asegurar que toda persona sea contada”.

Por su parte, el secretario de Estado de California y miembro de la Comisión, Alex Padilla, dijo que el mensaje de confidencialidad tiene que venir también desde los altos mandos del Departamento de Comercio y de la Casa Blanca, para asegurar que los datos no se utilicen de forma indebida.

Además de presionar al Congreso por una ley que elimine la pregunta de ciudadanía, la Comisión también recomendó audiencias para determinar las verdaderas motivaciones del gobierno para incluirla en el censo de 2020

El informe es resultado de cinco audiencias realizadas en el último año con diversos expertos y comunidades en Los Angeles (California) Nueva York,  San Antonio (Texas), Orlando (Florida), y Columbus (Ohio), donde hay fuerte presencia hispana.

Su divulgación coincidió con una audiencia en un comité legislativo sobre los fondos para el censo de 2020. La medida ante el comité pide eliminar preguntas que no hayan sido sometidas a pruebas preliminares. 

NALEO recomendó que el Congreso apruebe $8.500 millones para la Oficina del Censo para el año fiscal 2020, y que esos fondos estén disponibles “de inmediato”.

La organización sumó fuerzas con Telemundo en una campaña nacional para que los latinos se hagan contar, pero sus fondos provienen de fuentes privadas.

Walter Tejada, otro miembro de la Comisión, instó a los latinos a participar en el Censo porque, a su juicio, no hacerlo sería ayudar a los “racistas” que se benefician de un subconteo de las minorías.

 Por ley, el gobierno debe realizar un conteo completo de la población cada década, y de sus resultados dependen la distribución de más de $700.000 millones en fondos federales para programas locales y estatales; la demarcación de distritos electorales; la representación política en el Congreso, y hasta las decisiones que toman las empresas en sus estrategias de mercadeo.

La inclusión de la pregunta sobre ciudadanía en el censo -algo que no se hacía desde al menos 1950- ha suscitado críticas y advertencias sobre un subconteo de las minorías étnicas. El asunto generó siete demandas contra la Administración, en estados como Nueva York, California, y Maryland.

El Tribunal Supremo prevé emitir un dictamen sobre el asunto para finales del mes próximo, aunque durante una audiencia el mes pasado, la mayoría de jueces conservadores pareció inclinarse a favor de la pregunta.