La información del SAT indica que la mayor parte del monto condonado (238 mil 971 mdp) se acumuló durante el sexenio (2013-2018) del ex Presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, en tiempos de Felipe Calderón Hinojosa, en que el Gobierno federal inauguró las reglas de condonación, la proporción no fue menor (161 mil 931 mdp).
“Se van a terminar las condonaciones de impuestos y ya estamos terminando la investigación de cómo se condonaron impuestos por miles de millones de pesos en el periodo neoliberal”, adelantó AMLO la semana pasada en que tildó de “injusto” que, mientras el “pueblo raso” paga impuestos, un “grupo selecto y privilegiado” de contribuyentes dejara de pagarlos.
El problema de las condonaciones en México es que han sido una práctica “formulada, diseñada e implementada de manera discrecional y sin los controles que garanticen que este tipo de beneficios no sean otorgados a favor de quienes poseen mayores adeudos o de quienes ya han sido favorecidas en el pasado”, de acuerdo con la investigación “Privilegios Fiscales. Beneficios inexplicables para unos cuantos” (2017) del centro de análisis e investigación Fundar.
La titular del SAT Margarita Ríos-Farjat refirió ayer que el 54 por ciento del monto total de las condonaciones fiscales entre 2007 y 2018 estuvo concentrado en 108 contribuyentes del sector privado. En total, esas 108 personas físicas y/o morales dejaron de pagar 213 mil millones de pesos (en valor actual).
Dicha cantidad es equiparable, por ejemplo, a la creación de 14 millones de trabajos con ingresos de cinco salarios mínimos mensuales (15 mil 402 mil pesos) o a los fondos mínimos para la construcción de 478 hospitales con capacidad de 120 camas, o 231 sanatorios con 250 camas.
De acuerdo con el SAT y el Código Fiscal de la Federación (CFF), un crédito fiscal puede ser cancelado cuando existe una “imposibilidad práctica de cobro” –ya sea porque el deudor es insolvente, porque no puede ser localizado o no tiene bienes embargables o falleció sin bienes objeto de embargo– y cuando el cobro es “incosteable” por el costo de recuperación del adeudo.
La diferencia principal entre condonaciones y cancelaciones radica en que contrario a las primeras, las segundas no son definitivas. Es decir que, si en un determinado momento el Gobierno le cancela un adeudo a un contribuyente por la razón que sea, cuando el deudor tenga la posibilidad de saldar su deuda, el Gobierno podrá exigirle el pago.
Así como los 400 mil millones en condonaciones equivalen al 3.8 por ciento de la deuda pública neta de México (10.5 billones de pesos) al cierre de 2018, los casi 800 mil millones equivalen a 7.6 puntos porcentuales de dicha deuda.
Con esta cantidad no sólo podría pagarse la deuda o dos años de su costo financiero actual (438.5 mil mdp anuales), sino también incrementar 38 veces el presupuesto ejercido por el Gobierno federal (20.9 mil mdp) en materia de inversión física ferroviaria a nivel nacional, entre enero y abril de 2018.
También podría servir para reducir en un 40 por ciento la deuda de Pemex, que junto con el 20 por ciento de las condonaciones, librarían a la empresa productiva del Estado de la mayor parte (60 por ciento) de su deuda actual, que es superior a los dos billones de pesos.
Inclusive, con un colchón de 794.2 mil millones de pesos, la actual administración podría pagar el costo anual de 10.4 millones de estudiantes de educación superior, o de 15.5 millones de alumnos de bachillerato, o quizá mejorar 552 mil 672 escuelas a nivel nacional.
La mayor parte de estas cancelaciones ocurrió durante los sexenios de Calderón Hinojosa (480 mil mdp) y de Peña Nieto (314.3 mil mdp). Sin embargo en lo que va de 2019, el SAT ha registrado al menos 15.5 millones de pesos en cancelaciones.