En el trayecto de 15 millas entre sus dos clínicas en Central Valley, el Dr. J. Luis Bautista pasa a menudo ante ejércitos de trabajadores agrícolas encorvados en los campos, recogiendo cebollas, melones y tomates.
La mayoría de las 30.000 visitas anuales a sus pequeños consultorios en el centro de Fresno y en la cercana ciudad rural de Sanger son realizadas por estos trabajadores agrícolas. Muchos de ellos son indocumentados.
Este médico de 64 años posee una visión personal de las luchas de estos obreros: él fue uno de ellos.
Cuando era niño, Bautista recogía frutas junto a sus padres y nueve hermanos en el condado de Ventura. Entonces la familia ganaba cuatro mil dólares al año, el equivalente a 30.000 dólares de hoy, lo que rara vez era suficiente para pagar las consultas médicas.
Ahora Bautista ve que muchos trabajadores agrícolas aún carecen de transporte, dinero o tiempo libre para tratarse sus lesiones, y mucho menos para buscar atención médica preventiva. Además, existe el temor creciente de que al solicitar tratamiento médico podrían estar expuestos a las autoridades federales de inmigración.
“En la escuela de medicina me comprometí con ayudar a estas personas en los campos agrícolas -afirma-. Sabía cómo se sentía uno al no tener nada, no tener dinero para ir a un médico”.
Por eso ahora los atiende, tengan o no tengan dinero o documentos legales.
“Nunca les decimos que no a los pacientes”, enfatiza.
El Dr. J. Luis Bautista, en una de sus clinicas en Central Valley, California. Foto: John. M. Glionna
El presidente Donald Trump se comprometió durante su campaña a deportar a aproximadamente once millones de inmigrantes que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos, lo que ha fomentado el temor entre los trabajadores agrícolas de todo el país.
Temerosos de ser atrapados en una redada de inmigración, los trabajadores agrícolas de todo el Valle de San Joaquín que no poseen ciudadanía estadounidense o documentos oficiales evitan conducir para ver a un médico o para acudir a Emergencias.
Aunque la ley en California limita estrictamente la cooperación del estado con las autoridades migratorias federales, algunas jurisdicciones fuera de Central Valley han decidido participar en la detención de trabajadores indocumentados. Según Bautista, muchos en su localidad temen que los funcionarios locales pronto se unan a esta campaña.
A los trabajadores agrícolas también les preocupa que la información personal conservada en los consultorios médicos pueda llegar a las autoridades federales. Y algunos temen que, si se inscriben en programas para residentes de bajos ingresos, más tarde se les niegue la residencia permanente, conocida como green card, o incluso la ciudadanía estadounidense.
La administración Trump ha propuesto un cambio en las regulaciones federales que dificultaría que los inmigrantes legales obtengan certificados de residencia si antes recibieron ciertos beneficios de asistencia pública, incluidos bonos de alimentos, subsidios para la vivienda y Medicaid, el programa de atención médica financiado por el gobierno para personas con bajos ingresos.
“Muchos no saben lo que hará el gobierno -estima Bautista-. Y me dicen que una de las razones por las que no acuden al médico es por temor a ser reportados a las autoridades”.
Por eso las dos clínicas de Bautista les ofrecen un refugio a los inmigrantes agobiados por estas preocupaciones. A los pacientes nunca se les pregunta sobre su estatus migratorio, y el personal ha establecido protocolos en caso de que oficiales de Inmigración allanen sus oficinas.
“Me siento segura con él -admite Julia Rojas, una madre indocumentada de 45 años que ha recogido naranjas en el condado de Fresno durante dos décadas-. Él es uno de los nuestros”.
Como pago, Bautista acepta lo que sus pacientes puedan ofrecerle: cebollas, llaveros hechos a mano, huevos e incluso pollos vivos.
Dan Baradat, un abogado de Fresno especializado en lesiones personales que ha manejado casos que involucran a trabajadores migrantes, asegura que las clínicas de Bautista son indispensables para los residentes más pobres de Central Valley. “Son personas valientes que les brindan atención a personas que de otra manera no podrían costearlo”, dice.
Las clínicas de Bautista forman parte de una red de centros comunitarios con apoyo federal que brindan atención a casi un millón de trabajadores agrícolas migratorios y estacionales y sus familias en Estados Unidos.
Sin embargo, pocos proveedores tienen una mejor conexión con la comunidad a la que sirven que Bautista, quien en 2013 fundó una organización sin fines de lucro que recauda fondos para ayudar con alimentos y ropa a familias de bajos ingresos, y proporciona becas para enviar a sus hijos a la universidad.
Nacido en Fresno, Bautista fue deportado con sus padres cuando tenía solo tres meses. Entonces vivió en Mazatlán, México, hasta que regresó a Estados Unidos a los 12 años.
En 1979, con 24 años, estaba recogiendo limones cuando su madre llegó corriendo con la carta que le anunciaba que había sido admitido en la escuela de medicina. Ella siempre había priorizado la educación de sus diez hijos.
Bautista asistió a la Facultad de Medicina de Wisconsin, en Milwaukee, e hizo su residencia en medicina interna en la Universidad de Nevada-Reno.
Hoy sus dos hijos también son médicos, al igual que su yerno, que era trabajador agrícola antes de asistir a la escuela de medicina y que se ha unido a la clínica. Todos saben que el temor a la deportación está afectando la salud de los trabajadores agrícolas.
El Dr. Ed Zuroweste, director médico fundador de la Red Nacional de Clínicos Migrantes, recuerda que una encuesta reciente de proveedores dentro de la organización subrayó estos temores.
“Lo que estamos viendo es que los trabajadores agrícolas y sus familias no asisten a sus citas regulares con la frecuencia que antes lo hacían”, dice.
Bautista lamenta que muchos trabajadores agrícolas indocumentados dependan de remedios caseros para tratar enfermedades como la diabetes y la presión arterial alta, y a menudo es demasiado tarde para un tratamiento médico efectivo.
“Cuando recibo a muchos pacientes diabéticos, sus pies ya están necróticos y tenemos que amputarlos -dice-. Es terrible ver eso”.
José Jiménez, un extrabajador del campo, señala que su padre, quien no se encuentra legalmente en el país, tenía demasiado miedo a manejar hasta la oficina de Bautista, incluso después de desarrollar signos de melanoma en la cara.
Los temores de su padre aumentaron el año pasado luego de la muerte de una pareja indocumentada, padres de seis hijos, cuya camioneta volcó mientras huían de los oficiales de inmigración federales en las cercanías de Delano.
“Incluso tenía miedo de conducir hasta el supermercado -acota Jiménez, de 30 años-. Sabía que si lo detenían, lo deportarían. Para una familia unida como la nuestra, eso significaría perderlo todo”.
Pero Jiménez finalmente convenció a su padre para que visitara al Dr. Bautista, cuyas clínicas están en guardia contra los funcionarios de la oficina de Inmigración de Estados Unidos (ICE), conocidos en esta comunidad como “la migra”.
A los oficiales de la ley que soliciten registros se les exige una orden judicial, y los miembros del personal están atentos a la presencia de intrusos. “En caso de que oficiales de ICE entren en la oficina -recuerda Bautista-, ya tendremos a gente escondida en los baños”.
Julia Rojas reconoce que sus temores a la deportación casi la matan. Hace años, antes de que empezara a ver al Dr. Bautista, decidió ignorar un dolor penetrante que tenía en la parte inferior de su abdomen. En Estados Unidos, sin papeles y con miedo a conducir, esta mujer pasó casi un día bebiendo hojas de menta en agua caliente, un remedio que su madre usaba para el dolor de estómago en México.
Incapaz de soportar los espasmos, finalmente Rojas se dirigió a la sala de Emergencias más cercana, donde le extirparon la vesícula biliar.
“Entre los trabajadores indocumentados de estos campos tenemos un chiste pesado -admite esta mujer-. Uno puede sobrevivir aquí. Solo hace falta no enfermarse”.