WASHINGTON.— La escasez de mano de obra en el sector agrícola de EEUU es tan grave que la importación de alimentos ha incrementado y algunos productores sopesan el uso de robots para sus cosechas. El plan migratorio de la Casa Blanca no responde a esta crisis, según activistas.
Las labores del campo han dependido de la mano de obra indocumentada durante décadas -los estadounidenses no aspiran a trabajar la tierra- pero el descenso paulatino en la emigración ilegal desde México desde 2007 y las medidas anti-inmigrantes, tanto a nivel federal como en varios estados, no han hecho más que agravar la crisis.
El plan migratorio que develó el jueves pasado el presidente Donald Trump deja sin cambios el tope anual de 1,1 millón de visas de residencia permanente, pero da prioridad a trabajadores con altos niveles de educación y destrezas laborales, y reduce por la mitad las visas por vínculos familiares.
La propuesta, que debe ser aprobada por el Congreso para convertirse en ley, es impulsada por el yerno y principal asesor político de Trump, Jared Kushner. El plan no hace cambios en ninguna de las visas temporales, como las visas “H-2A”, para las que el Departamento del Trabajo certificó 242.762 puestos en 2018.
Expertos consultados hoy por Noticias Telemundo coincidieron en que el plan migratorio de la Casa Blanca se queda corto y cualquier reforma migratoria ante el Congreso debe atender las necesidades del sector.
Bruce Goldstein, presidente del grupo “Farmworker Justice”, consideró que el plan migratorio “es completamente irrelevante y poco realista”, y “no se puede tomar en serio” cuando no ofrece la legalización para los trabajadores agrícolas indocumentados y sus familias.
“La mayoría de los 2,4 millones de estos trabajadores son inmigrantes indocumentados que viven bajo amenaza de ser arrestados y deportados, y el quebranto de sus familias. Los rancheros y agricultores los necesitan”, afirmó Goldstein, al considerar que el plan de Trump refleja “la falta de conocimiento de lo que hace fuerte a la economía de EEUU”.
Por su parte, Allison Crittenden, directora de Relaciones con el Congreso, de la “American Farm Bureau Federation” (AFBF, en inglés), destacó la importancia de que el sector agrícola estadounidense “continúe de forma sostenible durante muchos años”, y para eso requiere una fuerza laboral estable.
“A mí desde luego no me gustaría vivir en un país que no pueda producir sus propios alimentos, y para ello es necesario que cuente con suficiente mano de obra”, añadió.
Crittenden señaló que la importación de alimentos ha aumentado en EEUU -en un 60% entre 2004 y 2014- debido a que el costo de producción es menor en otros países y no están sujetos a las leyes y regulaciones que afrontan los productores en este país.
Su organización calcula que el sector agrícola necesita como mínimo entre 1,5 y 2 millones de trabajadores, que representan el 48% de los costos de producción variables para frutas y el 35% de los relacionados con las verduras.
La escasez actual golpea en particular la cosecha de fresas, moras y cerezos, productos que requieren de humanos para determinar su tiempo de madurez.
La situación es aún más alarmante en las granjas de productos lácteos y “va a empeorar antes de que mejore”, advirtió Jaime Castañeda, un vicepresidente de la Federación Nacional de Productores Lácteos (NMPF, por su sigla en inglés).
“La gente se queja de que el programa de visas H-2A tiene problemas, que es como tener un techo con goteras, pero en nuestro sector ni siquiera tenemos ese techo. El sector paga bien, pero los estadounidenses no quieren hacer este trabajo”, explicó Castañeda.
Citando un estudio de la Universidad de Texas A&M de 2017, Castañeda precisó que casi el 80% de la producción láctea en EEUU está en manos inmigrantes.
Otro estudio de esa universidad, encargado por la NMPF en 2014, advirtió de que, sin la mano de obra inmigrante en la industria láctea, habría una baja del 23% en la producción, la desaparición de al menos 7.000 granjas, y un aumento del 90% en el precio de la leche.
“Nos decepciona que el plan migratorio no haya incluido esta vez al sector agropecuario, y se centre en la mano de obra altamente cualificada. Pero queremos trabajar con la Administración, y esperamos que ésta aborde el asunto más adelante; nuestro sector necesita esta mano de obra”, puntualizó.
Para aliviar la crisis, los agricultores han venido adoptando estrategias a través de los años, como un aumento de salarios, el uso de robots y maquinarias de alta tecnología, y el uso de “trabajadores huéspedes” con visas “H-2A”.
Pero incluso la mecanización y automatización de las cosechas no serían suficiente ante una escasez de mano de obra que, según expertos, requerirá de una reforma migratoria significativa.
El año pasado, por ejemplo, algunos productores de fresas “no pudieron contratar suficientes trabajadores y no piensan hacer nuevos plantíos este año”, dijo a la página web “agri-pulse.com” Paul Bissett, fundador de Harvest CROO, una empresa establecida en 2013 para “revolucionar” la agricultura con la ayuda de maquinarias.
En una entrevista con Fox News, difundida ayer domingo, Trump afirmó que su plan migratorio podría incluir el uso del “E-Verify”, un programa que obliga a las empresas con contratos federales a verificar el estatus legal de sus empleados.
Pero Trump reconoció que el uso de “E-Verify” podría perjudicar a ciertos empleadores, como los agricultores, porque, según el mandatario, no tienen los recursos para utilizarlo. En su propia empresa, costaba encontrar gente cualificada, dijo.
“Es algo muy difícil pedirle a un agricultor que atraviese eso... tienes que tener un mundo con alguna funcionalidad”, observó Trump.
Por ahora, el uso del programa “E-Verify” es obligatorio para contratistas federales y voluntario para el resto de las empresas. El Congreso no ha logrado consenso para institucionalizarlo en todo el país.
Mientras, la senadora Dianne Feinstein y la congresista Zoe Lofgren, ambas demócratas de California, siguen promoviendo un proyecto de ley (H.R.641) que presentaron en enero pasado para proteger a los campesinos hispanos de la deportación y proveerles una vía hacia la legalización y eventual ciudadanía.
Esa iniciativa crearía una “tarjeta azul” para quienes hayan trabajado en el sector agrícola durante al menos 100 días en los dos últimos años, y en un plazo de entre 3 y 5 años -dependiendo del tiempo trabajado en el campo- podrían solicitar la residencia permanente. La medida aún no tiene fecha de voto en el Congreso.