El presidente Donald Trump anunciará este jueves una reforma legal que, de ser aprobada por el Congreso (y no parece fácil, por las reticencias de los demócratas y el escepticismo de los republicanos hasta la fecha), revolucionaría por completo el sistema migratorio estadounidense.
Su aprobación, en cualquier caso, puede no ser necesaria, puesto que Trump podría estar utilizando su plan para ganar la reelección en 2020, aún a sabiendas de que no resulta políticamente viable.
¿En qué consiste el plan, diseñado por su yerno y asesor principal, Jared Kushner, durante cuatro meses de trabajo?
En la actualidad, Estados Unidos concede 1,1 millones de visas de residencia permanente ("green cards") al año. La mayoría (el 66%) son visas de reunificación familiar, es decir, ciudadanos y residentes que traen al país a hijos, padres, hermanos, etcétera. El 12% son visas por ofertas de trabajo, y el 22% restante son por razones humanitarias (para refugiados, por ejemplo) o repartidas al azar mediante la conocida como "lotería de diversidad".
Con el nuevo plan reformista de la Casa Blanca, el número total de visas de residencia permanente no cambiaría, pero sí habría una recomposición de quiénes y cuántos entrarían al país en cada categoría.
Las visas de reunificación familiar caerían a la mitad, del 66% al 33%. Es decir, pasarían aproximadamente de 725.000 a 360.000 al año. Eso implicará probablemente reducir los casos en los que se puede conseguir la green card para un familiar, como ya había intentado antes el Gobierno de Trump, que llama a esto “inmigración en cadena”.
Las visas por vínculos laborales aumentarían del 12% al 57%, es decir, de aproximadamente 130.000 a 630.000 al año.
Por último, el resto de visas bajaría del 22% a sólo el 10%, es decir, de 240.000 a 110.000 al año.
Se eliminaría la "lotería de visas", que cada año ofrece 50,000 visas a personas de países con baja representación en EEUU. Esas visas previsiblemente se destinarían a solicitantes con ofertas de trabajo.
Con la meta de atraer " a lo mejor de lo mejor", el plan exige que los solicitantes se sometan a un examen cívico y a una revisión médica y de antecedentes penales, además de que sumarían “puntos” con base a su edad, dominio del inglés, oferta de empleo o inversiones para la creación de empleos en EEUU, y certificaciones educativas y vocacionales.
Respecto a la seguridad fronteriza, el plan prevé la construcción de barreras físicas en 33 puntos estratégicos de la frontera, y permitiría el “despliegue rápido” de seguridad en los puertos de entrada, ahora mismo colapsados por la llegada de solicitantes de asilo.
También establecería un “fondo sostenible” para modernizar toda la infraestructura fronteriza y los puertos de entrada al país.
El plan omite a los soñadores, lo que podría dificultar el apoyo de los demócratas. Los jóvenes llegados al país ilegalmente de la mano de sus padres cuando eran niños se enfrentan a la deportación si la Corte Suprema, como parece previsible, respalda el final del programa de "acción diferida" que les ha protegido hasta ahora (DACA).
“No creo que [el plan] esté diseñado para lograr el apoyo demócrata tanto como para unir a los republicanos en materia de seguridad fronteriza”, ha dicho el senador republicano Lindsey Graham, un aliado del presidente. Trump podría usar así esta reforma como plataforma de campaña de cara a las elecciones de 2020, sin intención clara o viable de sacarla realmente adelante, informa la cadena NBC.
Tampoco aparecen mencionados los beneficiarios del TPS, es decir, del "Estatus de Protección Temporal", que el Gobierno está finiquitando pero que por ahora está en disputa en los tribunales. Y omite soluciones al resto de la población indocumentada.
Los funcionarios explicaron que el plan se centra en la seguridad fronteriza y en las visas de residencia permanente con base a méritos, y deja sin cambios el resto de las visas temporales.
Reacciones mixtas antes del despliegue formal
Si la Casa Blanca pretendía usar el plan como un globo sonda, las reacciones reflejaron la ingente tarea que tendrá por delante para recabar apoyo bipartidista.
Activistas y expertos consultados por Noticias Telemundo dijeron que el plan se queda corto ante la enorme disfunción del maltrecho sistema migratorio.
Sulma Arias, directora para asuntos de Inmigración del Community Change Action, afirmó que grupos pro-inmigrantes como el suyo “luchan por soluciones progresistas que sean inclusivas y humanas para las comunidades inmigrantes”.
Ese plan, a su juicio, tiene que incluir una “hoja de ruta para la plena ciudadanía para los millones de inmigrantes y refugiados que han construido sus vidas en este país”, incluyendo los soñadores, y los beneficiarios del TPS.
“Queremos construir un Estados Unidos que verdaderamente esté a la altura de sus valores, que mantenga a las familias libres y unidas”, enfatizó Arias, al destacar que la Administración no ha hecho más que “atacar a los inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo”.
El abogado de Inmigración, Gunther Sanabria, opinó que Kushner "vive en su propia fantasía", y vaticinó que el plan "no recabará el apoyo bipartidista que necesita".
"Excluir a los cientos de miles de inmigrantes que califican para DACA y TPS no solo muestra ignorancia frente al tema pero también es un punto muerto de negociación. Lo que busca Kushner es la aceptación de Trump, cuando debería enfocarse es en la aprobación de los millones de votantes en el 2020.,” agregó Sanabria.
Alfonso Aguilar, presidente del “Latino Partnership for Conservative Principles”, participó en las consultas de la Casa Blanca, y afirmó que el plan es “constructivo” y responde a las necesidades de la economía.
“No abarca todo pero me parece que puede abrir la puerta a una negociación con los demócratas que produzca un consenso más amplio para atender efectivamente este complicado asunto”, dijo.
Por ahora, el nuevo plan tampoco tiene un costo, ni fecha para su envío formal ante el Congreso, ni un cronograma para su eventual debate y votación.
Los funcionarios insistieron en que el plan servirá como un punto de partida para un diálogo sobre la reforma migratoria, y que el país seguirá siendo el que más refugiados recibe, además de que aportará a la economía más de medio billón de dólares en una década.
Sin embargo, no está claro que el plan contente a todos los bandos del espinoso debate migratorio, o que el Congreso aborde el asunto de cara a los comicios generales de 2020.
Mientras tanto, los grupos pro-inmigrantes, entre éstos el liderado por Arias, han prometido llevar su batalla por ellos a las urnas el próximo año.