Cuando la prisión privada ubicada en un pueblito del desierto de Nuevo México se quedó sin reclusos suficientes para justificar su rentabilidad, la empresa que la gestionaba decidió cerrarla. Ahora, la cercanía de la frontera permite su reapertura como centro de detención de inmigrantes, una medida que genera dudas por las condiciones en que se gestionan estas cárceles privadas.
Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes (cifra actualizada del censo). El último boletín del Departamento de Justicia cuantificaba en 6,6 millones las personas bajo supervisión del sistema penitenciario (en la cárcel o en libertad provisional o condicional). Es decir, uno de cada 38 habitantes.
El número de reclusos lleva años bajando por las reformas del sistema penal y la caída de la criminalidad. Pero aún así, en 2016 había 2,2 millones de personas entre rejas (el equivalente a toda la población de Houston, Texas). De ellas, 119.000 estaban recluidas en prisiones operadas por empresas privadas (el 6%).
Ese porcentaje varía entre estados; en Georgia, por ejemplo, el 15% de los reclusos está en prisiones privadas. Una auditoría reveló en enero que es más caro mantener a los presos en cárceles privadas que en cárceles públicas (49 dólares frente a 45), en contra de la defensa política habitual de que las primeras son más eficientes económicamente y por tanto recomendables.
La mayoría de presos en cárceles privadas (94.200) se encuentran bajo supervisión estatal. Pero el Gobierno de Donald Trump dejó claro en cualquier caso desde el principio de su mandato que tenía intención de mantener este sistema, revirtiendo así la decisión de su predecesor, el demócrata Barack Obama, de acabar progresivamente con las prisiones de gestión privada.
La defensa de las cárceles privadas como más económicas, además de posiblemente falsa, está fundada en otros datos preocupantes: sus empleados cobran menos que los funcionarios, y reciben menor formación; y el índice de asaltos violentos en esas instituciones es mayor que en las prisiones públicas.
Su existencia, en cualquier caso, depende no sólo de que la población carcelaria crezca por encima de la capacidad de los penales públicos (lo que no está ocurriendo), sino de que además su gestión produzca beneficios para las empresas que las construyen y administran.
Se trata de un negocio multimillonario: CoreCivic, el mayor operador de prisiones privadas del país, obtuvo 1.770 millones de dólares en 2017, gracias a sus 80.000 camas financiadas con dinero público a un precio de 23.000 dólares por recluso al año.
Para mantener su modelo de negocio, CoreCivic dedicó 1,4 millones de dólares al año entre 1999 y 2010 para convencer a políticos estatales y federales, según la organización sin ánimo de lucro The Sentencing Project.
Aún así, a veces la realidad es infranqueable.
En Estancia, un pueblito en el desierto de Nuevo México, al este de Alburquerque, la prisión privada gestionada por CoreCivic anunció su cierre en julio de 2017 por falta de reclusos, o lo que es lo mismo, de rentabilidad.
Albergaba unos 600 prisioneros, pero según sus responsables llevaba tiempo perdiendo dinero (el mínimo rentable son 700). En Estancia la noticia cayó como una bomba porque suponía perder unos 200 empleos y un millón de dólares en actividad económica al año, según las cuentas oficiales. Esos 200 empleos son la mitad de la población local.
El incremento de solicitantes de asilo en la frontera puede sin embargo suplir la falta de prisioneros, según la agencia de noticias The Associated Press, que este miércoles ha indicado que las autoridades locales preparan un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) para reabrir la cárcel privada.
Las autoridades migratorias interceptaron a 98.977 inmigrantes en abril, un nuevo récord que eleva a 460.294 el total desde el inicio en octubre de este año fiscal. La mayoría son familias (58.474), y de origen centroamericano.
La capacidad de los centros de detención migratorios está al límite, lo que ha llevado a las autoridades a poner en libertad a la mayoría de personas interceptadas, a la espera de que se presentan ante la corte cuando les llegue el turno.
Las cárceles privadas pueden ser una solución a la falta de centros de detención (en ocasiones se ha enjaulado a migrantes en centros comerciales o incluso debajo de un puente), pero también tienen que ser pagadas.
Y el dinero depende del Congreso, que, bajo control demócrata, se ha negado a incrementar el presupuestos para más camas para migrantes detenidos (en la actualidad, ICE dispone de dinero para entre 40.000 y 50.000).