Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional sopesaron arrestar a miles de familias migrantes con órdenes de deportación definitivas en su contra y expulsarlas de Estados Unidos con una llamativa demostración de fuerza, pero la idea fue descartada mientras el gobierno presidente Donald Trump pasa apuros para gestionar la creciente llegada de centroamericanos.
La idea era arrestar a miles de padres e hijos en 10 ciudades con grandes poblaciones de migrantes en situación irregular, en concreto en Nueva York, Los Ángeles y Chicago, agregaron sin ofrecer más nombres.
Dos funcionarios de Seguridad Nacional y otras dos personas familiarizadas con la propuesta describieron la medida a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no están autorizados a hacer declaraciones públicas.
La propuesta, reportada en primer lugar por The Washington Post, buscaba enviar un mensaje y posiblemente disuadir a otros de cruzar la frontera, agregaron estas fuentes.
Pero el entonces director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, Ron Vitiello, y Kirstjen Nielsen, que se desempeñaba como secretaria de Seguridad Nacional, detuvieron el plan preocupados porque podría desviar recursos necesarios en la frontera, porque no hubiera suficiente espacio en los centros de detención y que se desatara una nueva ola de indignación por el trato a las familias.
El pasado verano, el gobierno de Trump separó a migrantes menores de sus padres en la frontera sur, una decisión que generó indignación y críticas hacia Washington por abandonar su papel humanitario y causar daño a niños. Expertos en migración dijeron que las separaciones, que se suspendieron el pasado junio, frenaron la entrada de migrantes sino que tuvieron el efecto contrario.
El número de cruces fronterizos se incrementó drásticamente en los últimos meses a más de 100.000 al mes. Más de la mitad son familias que pueden ser deportadas fácilmente a sus países de origen. Las autoridades fronterizas dicen no tener recursos ni personal para controlar la situación.
Trump criticó el aumento del flujo migratorio y está furioso por no haber podido controlar las llegadas pese a que una de sus promesas de campaña era reducir la inmigración.
La Casa Blanca pidió recientemente al Congreso 4.500 millones de dólares en financiamiento extra, en su mayoría para ayuda humanitaria y espacio para albergar a menores migrantes. En los últimos días se han utilizado aviones del ICE para trasladar a migrantes a lugares menos concurridos a lo largo de la frontera para su procesamiento.
El plan, que sigue bajo estudio, incluía procesos migratorios acelerados para permitir que los jueces ordenasen la deportación de quienes no se presentasen a las vistas. Además, priorizaba los casos más recientes para acelerar las deportaciones.
La ejecución de órdenes judiciales para sacar a casi un millón de migrantes que están en Estados Unidos de forma irregular sigue siendo una de las principales prioridades, explicó un alto cargo del gobierno, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar en público sobre el caso.
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